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Llaman a modificar códigos que violentan derechos femeninos

Por Anaiz Zamora Márquez

El Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) pidió al Ejecutivo y Legislativo de Chihuahua que antes del próximo 17 de agosto realice las medidas necesarias, para que los códigos de Procedimientos Civiles y de Procedimientos Familiares del estado incluyan la perspectiva de género, y sean compatibles con los Derechos Humanos (DH) de las mujeres y los estándares internacionales en la materia.  
 
A casi un año de que organizaciones civiles pidieran su intervención, finalmente el SNPASEVM se pronunció contra las reformas a los códigos de Procedimientos Civiles y de Procedimientos Familiares del estado de Chihuahua, que lejos de responder a los tratados en materia de DH ratificados por México, resultan violatorias de los derechos de las mujeres.
 
El Sistema Nacional –integrado por dependencias federales, incluida la Secretaría de Gobernación (Segob) y los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas– emitió un pronunciamiento para instar a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Chihuahua a revisar las reformas promulgadas el 23 de julio de 2014.
 
Llamó a adoptar las medidas necesarias para que, antes de entrar en vigor el próximo 17 de agosto, los códigos incluyan “una perspectiva de género adecuada y sean compatibles con los Derechos Humanos de las mujeres y los estándares internacionales en la materia”.
 
Y es que esas legislaciones –como han denunciado activistas del estado– permiten la práctica de la conciliación sin diferenciar los casos de violencia familiar, lo cual contraviene la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los estándares internacionales en la materia, “que establecen que en relaciones de sometimiento entre la persona agresora y la víctima de violencia, los procedimientos conciliatorios son inviables”.
 
Al mismo tiempo, carecen de perspectiva de género y de DH al definir la duración de los juicios familiares sin tomar en cuenta el ciclo de violencia que viven las mujeres víctimas, y hacer uso de términos peyorativos como la referencia a “menores” o “incapaces”, en lugar de niñas, niños y personas con discapacidad.
 
Además no disponen de medidas especiales de protección para las mujeres víctimas de violencia o en situación de vulnerabilidad durante el desarrollo de los procedimientos y, en particular, durante el desahogo de pruebas.
 
Tampoco homologan las órdenes de protección con la Ley General de Acceso y eliminan la disposición que facilitaba la realización de la prueba de paternidad, situación que dificulta que las mujeres puedan obtener una resolución judicial que obligue al padre de sus hijas e hijos a cumplir con sus obligaciones familiares.
 
INCONFORMIDAD CIUDADANA
 
Chihuahua fue la primera entidad mexicana en hacer la transición de un sistema de justicia penal inquisitivo a uno acusatorio (mejor conocido como de juicios orales). En 2006 se aprobó el nuevo Código de Procedimientos Penales del estado.
 
En julio de 2014 el Movimiento de Mujeres de Chihuahua –integrado por grupos civiles como los centros de Atención a la Mujer Trabajadora (CAMT) y de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm)– envió una carta al titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, instándolo a que en su papel de presidente del SNPASEVM instara a no promulgar los códigos de Procedimientos Civiles y de Procedimientos Familiares.
 
Como parte del llamado al secretario de Gobernación, las activistas denunciaron que durante la elaboración de esos códigos la voz de especialistas y de la sociedad civil no fue considerada por el Congreso local.
 
A casi un año de esa solicitud, finalmente el  Sistema Nacional manifestó su preocupación respecto a las reformas y consideró (tal y como lo habían asegurado las organizaciones civiles) que las mismas carecen de una perspectiva de género y de DH.
 
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