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Llaman a Peña Nieto a rectificar actitud “intolerante” en DH

Por la Redacción

La política exterior mexicana dio un severo retroceso en materia de Derechos Humanos (DH) al descalificar los informes del relator especial de la ONU sobre Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Juan Méndez, y del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (Comité CED), que dan cuenta de la lacerante realidad que enfrentan muchas mexicanas.  
 
Organizaciones civiles mexicanas e internacionales, como Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), enviaron una carta a Enrique Peña Nieto para expresarle su rechazo y preocupación ante las recientes declaraciones de funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en torno a los informes recientemente publicados.
 
Lo anterior, luego de que el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, calificó el informe del relator sobre Tortura como “no profesional y poco ético”.
 
Tal postura fue avalada por el canciller, José Antonio Meade, quien –sin sustentar sus afirmaciones– rechazó que la tortura sea generalizada en México, y fijó la postura del Estado mexicano de no querer “trabajar más con el relator de Tortura (de la ONU)”.  
 
El pasado 9 de marzo se publicó el informe del relator especial sobre la Tortura, y en él se confirma que en México las mujeres que son detenidas pueden ser víctimas de “desnudez forzada, insultos, humillaciones verbales, manoseos y violación sexual reiterada y por varias personas”.
 
Situación que se agrava debido a que la mayoría de los casos no son investigados ni sancionados, o bien son calificados como conductas de menor gravedad, además de que las mexicanas son revictimizadas al someterlas a exámenes médicos para comprobar el ilícito.
 
Por otro lado, las observaciones finales del Comité CED (presentadas en febrero pasado) dicen que las mujeres que son sometidas a desaparición forzada son particularmente vulnerables a actos de violencia sexual y otras formas de violencia de género.
 
En su documento, el Comité detalló que las mujeres que son familiares de una persona desaparecida son particularmente vulnerables a sufrir serios efectos sociales y económicos adversos, así como a padecer violencia, persecución y represalias por sus esfuerzos para localizar a sus seres queridos.
 
En este contexto, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm) y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), entre otras organizaciones, evidenciaron que la postura de la SRE no sólo va en contra de los métodos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que México es parte, “sino que evidencian la intolerancia y el desconocimiento ante graves violaciones que se vienen cometiendo en todo nuestro país”.
 
Por lo que reprocharon al titular del Ejecutivo federal que la falta de reconocimiento de la situación real del país y de los desafíos que enfrenta en materia de DH “representa un retroceso para la consolidación democrática de un Estado de Derecho.
 
“Una política exterior que se base en el desconocimiento de las instituciones internacionales a las que el Estado mismo ha contribuido a edificar y fortalecer, resta legitimidad al compromiso de avanzar a favor del respeto, protección y realización de los DH”.
 
Finalmente llamaron a la congruencia en la política exterior mexicana en materia de DH y solicitaron al Ejecutivo rectificar las respuestas del Estado mexicano a las observaciones finales del Comité CED y del relator especial de la ONU, así como atender a la brevedad las recomendaciones presentadas en ambos informes.
 
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