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Llaman a Perú a ampliar causales para aborto legal

Por Anaiz Zamora Márquez

El Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas  las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) recomendó a Perú permita el aborto en casos de violación sexual, incesto o severa malformación del feto.
 
Durante su 58 periodo de sesiones, el Comité de la CEDAW examinó al Estado peruano, uno de los países de América Latina con las leyes más restrictivas en materia de aborto, y el pasado 22 de julio publicó su informe final con recomendaciones para ese país.
 
Aunque el Comité celebró el progreso de la nación sudamericana en materia de no discriminación a las mujeres y por la reciente aprobación de la Guía Técnica Nacional para el Procedimiento de Aborto Terapéutico, manifestó su preocupación de que Perú no ha logrado garantizar a las mujeres condiciones de salud y acceso a la justicia.
 
Cabe recordar que a fines de junio pasado –antes de ser evaluado por el Comité–, el gobierno peruano adoptó el protocolo nacional que da claridad a médicos y pacientes sobre el acceso al aborto cuando la vida o la salud de las mujeres esté en peligro, única causal legal permitida en el país.
 
En un comunicado, el internacional Centro de Derechos Reproductivos recordó que ese protocolo derivó del fallo del Comité de la CEDAW de 2011, en el que determinó que el Estado peruano violó los Derechos Humanos de una adolescente de 13 años que presentó un embarazo producto de una violación por parte de su vecino.
 
La niña intentó suicidarse saltando desde el techo de una casa y sufrió una lesión en la médula espinal que requería una cirugía inmediata. Pese a que las leyes peruanas permitían el aborto, los médicos se negaron a operarla, argumentando que podría representar una amenaza para su embarazo.
 
Aunque ella tuvo un aborto espontáneo, la atención médica llegó demasiado tarde y la joven quedó paralizada.
 
En esta ocasión el Comité de la CEDAW recordó al gobierno de Perú que el aborto inseguro es una de las principales causas de muerte materna, por lo que le recomendó que “extienda la legislación del aborto en casos de violación, incesto y severa malformación del feto”.
 
Asimismo, solicitó a Lima, capital del país, que “elimine todas las medidas punitivas contra las mujeres que han pasado por un aborto, incluyendo la armonización de la Ley General de Salud y el Código Penal”.
 
Además de que el gobierno peruano debe asegurar que la objeción de conciencia no impedirá a las mujeres acceder a su derecho a la salud.
 
De acuerdo con el Instituto de Investigación Alan Gutmacher, en Perú al menos una mujer de cada 20 entre 15 y 49 años de edad tiene un aborto inducido en condiciones inseguras cada año.
 
Además de ello, el Comité de la CEDAW también exhortó al Estado peruano a prestar especial atención a las necesidades de las mujeres pobres, de zonas rurales, indígenas, afrodescendientes, amazónicas, trabajadoras del hogar, lesbianas, bisexuales y transexuales, “quienes enfrentan múltiples e interrelacionadas formas de discriminación, no sólo por su condición de género sino étnico-racial, posición económica, clase u orientación sexual”.
 
Y reiteró su preocupación por la situación de impunidad respecto a las esterilizaciones forzadas y la violencia sexual vivida durante el conflicto armado interno –entre los años 80 al 2000– , ya que viene pronunciándose al respecto desde el 2002 cuando recomendó procesar a los responsables de esta violación del derecho a la salud.
 
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