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Llaman a Senado a aprobar ya candado a presupuesto de género

Por Guadalupe Cruz Jaimes

Diputadas federales y organizaciones integrantes de la Coalición por la Salud de las Mujeres llamaron al Senado a que apruebe la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual garantiza que los recursos destinados a la igualdad entre mujeres y hombres sean permanentes e irreductibles.

En conferencia de prensa, Diva Hadamira Gastélum del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló la necesidad de que la iniciativa de reforma, que en días recientes avaló la Cámara de Diputados, sea aprobada en el Senado en este periodo de sesiones para que haya certeza jurídica respecto a la irreductibilidad de los recursos etiquetados para mujeres, como parte del presupuesto de 2012.

El pasado 31 de marzo se aprobó en San Lázaro la inclusión del Anexo 10 “Erogaciones para la igualdad entre Mujeres y Hombres” al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), junto con seis anexos más, para etiquetar montos irreductibles y permanentes a los programas destinados a las mexicanas, cuyo ejercicio debe ser transparente.

La legisladora priista señaló que junto con otras diputadas cabildearán en la Cámara alta para que esta iniciativa de reforma se discuta y apruebe con prontitud, para que en septiembre próximo, cuando comience el siguiente periodo de sesiones, “se avance para que la disminución de la desigualdad sea un derecho que regule la negociación del presupuesto”.

Además de Diva Gastélum, la diputada federal Teresa Incháustegui del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se comprometió a cabildear esta iniciativa con la finalidad de que al cierre de este periodo legislativo “sea derecho positivo vigente que regule la implementación del presupuesto” a favor de la igualdad entre las mujeres y los hombres.

El Anexo 10 se integró al PEF en 2008, pero carecía de un candado que protegiera los montos para mujeres y los dejaba a la voluntad de las y los legisladores.

En ese año, el anexo recibió 7 mil 24.8 millones de pesos; en 2009, 8 mil 981.6 millones, y en 2010, 10 mil 920.7 millones de pesos. Para este año se etiquetaron 14 mil 917 millones de pesos.

Estos recursos se destinaron a la aplicación de vacunas que previenen la infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niñas de los 125 municipios del país con el menor Índice de Desarrollo Humano. Los montos también se utilizaron para la creación de refugios para mujeres víctimas de violencia.

Hasta ahora, el uso de los recursos para mujeres es discrecional, debido a que las autoridades no están obligadas a rendir cuentas públicamente sobre el ejercicio de este presupuesto, pero con la reforma a la Ley las instituciones deberán rendir cuentas acerca de cómo ejercieron el dinero destinado al Anexo 10.

De igual modo, el gobierno federal tendrá que informar acerca de los avances en el cumplimiento de las metas, señalaron por su parte las representantes de las organizaciones civiles.

Daniela Díaz Echeverría, integrante de Fundar Centro de Análisis e Investigación, refirió que si bien este es un avance importante, aún falta modificar la estructura financiera del sistema de salud y de otras instituciones que tienen por objetivo disminuir problemáticas como la muerte materna, embarazo en adolescentes y la violencia contra las mujeres.

Ejemplo de ello, expuso, es la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos asignados al Sistema de Protección Social en Salud o Seguro Popular, cuyo presupuesto para 2001 fue de 105 millones de pesos, con los cuales debió atender el Programa Arranque Parejo en la Vida y Embarazo Saludable, entre otros.

Sin embargo, pese a las “grandes bolsas de dinero lo único que sabemos es que las mujeres sin seguridad social, afiliadas al Seguro Popular, siguen muriendo por razones vinculadas al embarazo, parto o postparto”.

La especialista mencionó que los programas deben etiquetarse en el PEF, tener un monto irreductible y mecanismos de transparencia para tener un impacto favorable en dichas problemáticas.

Un avance, dijo, sería el acceso público a los Acuerdos para el Fortalecimiento de las Acciones de Salud Pública en los Estados (AFASPE), con el fin de visibilizar los rezagos y mejorar la calidad de los servicios.

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