Llaman a vetar códigos que vulneran a las chihuahuenses

Organizaciones civiles de Chihuahua pidieron la intervención del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPEASEVM), para frenar la promulgación de los códigos de Procedimientos Civiles y Procedimientos Familiares, recientemente aprobados por el Congreso local, ya que –consideran– estas normas violentan los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.
 
Grupos como los centros de Atención a la Mujer Trabajadora (CAMT) y de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), y el Circulo de Estudios de Género, llamaron al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a que en su papel de presidente del SNPEASEVM inste al gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, a que ejerza su derecho de veto y no promulgue los códigos.
 
También le solicitaron que haga un extrañamiento al Congreso estatal, y en particular al diputado por el PRI Rodrigo de la Rosa Ramírez, para que se retracte de sus comentarios a la prensa en los que además de cuestionar la labor de las organizaciones, dejó entre ver el desconocimiento en DH por parte de los legisladores en materia de violencia de género e intrafamiliar.
 
Y es que, entre otras cosas, De la Rosa Ramírez declaró a fines de junio pasado (cuando se aprobaron los códigos) que “los que estamos casados o en vida de pareja hemos tenido altercados, desacuerdos y podemos llegar al grito, al jaloneo, pero eso no quiere decir que (lleguemos) a la violencia”.
 
En una carta a Osorio Chong y otros integrantes del Sistema, las organizaciones explicaron que el Congreso de Chihuahua se negó a considerar las observaciones de personas expertas en el tema y organizaciones civiles, y aprobó dos nuevos códigos que “carecen de perspectiva de género y son violatorias al debido proceso”, así como a los DH consagrados en la normativa mexicana y en tratados internacionales.
 
Es de recordar que Chihuahua fue la primera entidad mexicana en hacer la transición de un sistema de justicia penal inquisitivo a uno acusatorio (juicios orales). En 2006 se aprobó el Código de Procedimientos Penales del estado y su contenido se elaboró en un proceso democrático.
 
Las organizaciones hicieron del conocimiento del secretario de Gobernación sus preocupaciones, entre ellas que los nuevos códigos priorizan la conciliación sin distinguir los casos de violencia familiar, lo que contraviene incluso el artículo octavo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
También preocupa –explicaron– la temporalidad de los juicios que se proponen duren de 10 a 40 días, lo que no toma en cuenta el ciclo de la violencia que viven las mujeres, a lo que se suma que en los códigos se establece la posibilidad de tener varios peritos (oficial y de las partes), lo que puede revictimizar gravemente a niñas, niños y mujeres.
 
El Código de Procedimientos Familiares en su artículo 168 –a decir de las activistas– no garantiza las órdenes de protección para las chihuahuenses, ya que sólo remite a la Ley Estatal del Derechos a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que no prevé ninguna medida de seguridad.
 
En ese contexto, pidieron a Osorio Chong que llame al gobernador Duarte a vetar ambos códigos en tanto “se hace una revisión profunda de los mismos por el Congreso (local), que garantice la participación real de la sociedad civil, así como la transversalidad de género y de un enfoque de DH”.
 
Señalaron que en caso de ser promulgados, de acuerdo con las facultades que le confiere el artículo 12 del Reglamento de la LGAMVLV, el Sistema Nacional analice “las disposiciones legales en la materia y formule propuestas de reformas o adiciones a las mismas”.
 
El pasado 10 de julio, durante su visita por México, las organizaciones firmantes denunciaron ante Rashida Manjoo, relatora especial sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU, la forma en que estos nuevos códigos discriminan a la niñez y las mujeres.
 
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