El Centro de Derechos Reproductivos (CDR) y la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local demandaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado salvadoreño por trato cruel y detención arbitraria en el caso «Manuela», referente a una mujer que sufrió un aborto espontáneo.
En un comunicado, las organizaciones explicaron que el caso corresponde al de una salvadoreña de 33 años de edad y madre de dos hijos, que fue acusada de homicidio y sentenciada a 30 años de prisión tras sufrir una grave emergencia obstétrica, lo que demuestra las consecuencias de la prohibición absoluta del aborto en El Salvador.
Nancy Northup, presidenta del CDR, denunció que debido a la prohibición absoluta del aborto en el país centroamericano las mujeres están pagando un precio muy alto, incluso con sus vidas.
«Las leyes salvadoreñas han convertido a las salas de emergencia en escenas de un crimen, obligando a las mujeres embarazadas a vivir bajo un manto de sospecha. La comunidad internacional debe unir fuerzas para exigir el fin de este trato cruel y comprometerse a salvaguardar los derechos reproductivos fundamentales», expresó.
EL CASO «MANUELA»
En 1998 la Asamblea Legislativa de El Salvador penalizó totalmente la interrupción del embarazo al eliminar las cuatro causales permitidas: inducido, por razones eugenésicas, por violación y por enfermedad de la madre.
De acuerdo con el CDR y la Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local, en 2009 «Manuela» estaba embarazada cuando acudió a un hospital para atenderse por una fuerte hemorragia. El personal médico la trató mal y la denunció de inmediato a las autoridades. Fue esposada a su cama y acusada de homicidio.
La mujer fue condenada a 30 años de prisión sin haber contado con un abogado y sin derecho a una apelación.
Tras varios meses en prisión se descubrió que los tumores que «Manuela» tenía desde años atrás en el cuello de la matriz eran producto de un cáncer en el tejido linfático, conocido como linfoma de Hodgkin, enfermedad que probablemente provocó el aborto espontáneo.
Antes de sufrir la emergencia obstétrica, «Manuela» pidió ayuda médica muchas veces sin ser diagnosticada. Ella nunca recibió un tratamiento para su enfermedad y murió en prisión en abril de 2010.
EXIGEN JUSTICIA
Mónica Arango, directora regional para América Latina y el Caribe del CDR, señaló que «la presentación del caso Manuela ante un organismo internacional de Derechos Humanos es para que ya no haya más mujeres con un destino trágico, y El Salvador sea finalmente responsabilizado».
Actualmente El Salvador es uno de los cinco países de América Latina y el Caribe ?además de Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile? que prohíbe el aborto en todas sus formas, incluso aún cuando peligra la vida o la salud de la mujer embarazada.
La ley salvadoreña impone penas de uno hasta ocho años de prisión sin derecho a fianza contra mujeres y médicos que participen en el procedimiento.
Muchas mujeres que sufren abortos espontáneos o complicaciones obstétricas no sólo son acusadas de haber cometido un delito, sino que son procesadas por homicidio agravado en parentesco, con una pena de hasta 50 años de cárcel.
Las organizaciones civiles denunciaron que la prohibición total del aborto en el país centroamericano viola el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad personal, a un trato humanitario, el derecho a un juicio justo y a la tutela judicial de las mujeres.
Nancy Northup urgió a una reforma legal para salvar las vidas y proteger la salud de millones de salvadoreñas.
El CDR y la Colectiva de Mujeres informaron que próximamente publicarán un informe detallado sobre salvadoreñas afectadas por la prohibición absoluta del aborto.
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