Disfrazada de concesiones, la compañía española Aguas de Barcelona (Agbar), posee desde 2001, el 49 por ciento de las acciones de la compañía local de aguas de Saltillo (Agsal), capital del norteño estado de Coahuila, lo que acarrea serios problemas a la población y, en particular a las mujeres, denunció la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC).
Norma Alicia Castañeda Bustamante, integrante de la Red expuso ante las y los participantes del Foro Internacional en Defensa del Agua este lamentable caso de privatización disfrazada de concesión que dijo, «lamentablemente se está poniendo como un ejemplo exitoso en el marco del IV Foro Mundial del Agua».
Explicó que Agbar, uno de los gigantes del movimiento global hacia la privatización de los servicios de suministro de agua, se convirtió en el socio operativo propietario de la compañía local de aguas de Saltillo, ubicada en el municipio coahuilense del mismo nombre, con una población de poco más de medio millón de habitantes.
Al participar en el foro con el tema Privatización del Agua en Europa y México, Castañeda Bustamante explicó que Agbar, controla numerosas compañías de aguas en América Latina, incluyendo Cartagena (Colombia), La Habana, Varadero (Cuba) y varias ciudades en Chile. Asimismo, tiene planes para extender su implantación en otras ciudades de México.
Lamentó que la Comisión Nacional de Agua (Conagua) minimice este caso de privatización de los sistemas de agua en México, bajo el argumento dictado por el Banco Mundial sobre «la incapacidad de las compañías locales para administrar sus sistemas eficientemente» y la falta de capital para modernizar la infraestructura actual.
Ese hecho ha ocasionado un aumento del costo del suministro de agua, el corte del mismo a quien no pueden pagar la factura, es decir, «las consideraciones meramente económicas prevalecen sobre los factores ambientales y de sostenibilidad».
LOS ANTECEDENTES
Agsal se formó en octubre de 2001, siguiendo un proceso poco transparente, con evidentes carencias de información y de participación ciudadana, bajo la batuta de la compañía consultora Arthur Andersen.
Desde la creación de Agsal, actualmente con la mitad de acciones en manos de Agbar, se han movilizado grupos locales de ciudadanos contra lo que rápidamente llegó a ser un ejemplo de condescendencia política e impunidad internacional, anotó la activista.
Al dueño de la empresa, el español Jesús García García, se le acusa de actuar con maneras arbitrarias, de violar leyes locales y mentir al Consejo de Dirección de la empresa y al alcalde de la ciudad, mientras que la población local se queja ante las alzas ilegales de precio y la imposición de nuevas cargas impositivas.
En respuesta a las quejas, en el año 2002 el Congreso de Estado ordenó una auditoría entre 2001 y 2002 en la que se confirman las graves violaciones de las leyes estatales y de las obligaciones contractuales, corroboradas el 28 de junio del 2005, la Comisión de Contaduría Mayor de Hacienda, que destacó las irregularidades en el cobro de tarifas.
En vista de todos estos hechos, explicó Norma Alicia Castañeda, las mujeres y hombres de la comunidad han decidido dar un paso más en defensa del interés público en el servicio de agua, al solicitar la disolución de la fusión entre empresas públicas y empresas privadas y la expulsión de Aguas de Barcelona de México.
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