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Llegan las viudas de Pasta de Conchos al DF buscando justicia

Por Sara Lovera

Las 65 viudas de los mineros caídos en la explosión de Pasta de Conchos quieren justicia. Llegaron al Distrito Federal para exigirla.

Al cumplir 570 días de lucha, piden se reanude de la búsqueda de los restos y se encarcele a los culpables, se retire la concesión a la empresa y se reconozca el encubrimiento que ahora está bajo la responsabilidad de la administración de Felipe Calderón.

El expediente civil, penal y de derechos humanos tiene nombres y apellidos, manipulaciones y encubrimientos de un grupo de neoliberales que desde las secretarías de Energía, Economía, Comunicaciones y Los Pinos, han permitido lo que se llama “crimen industrial”. Todo ha salido a la luz.

La investigación civil de los sucesos de la mina 8 de Pasta de Conchos, donde perdieron la vida 65 trabajadores, demostró que hubo complicidad al más alto nivel, funcionarios del gobierno federal que otorgaron 437 títulos de concesión a la empresa, Industrial Minera México (IMMSA), después de la explosión, que tenían y tienen intereses económicos y familiares; que han orquestado la persecución de los trabajadores y no responden ante la desgracia de los pueblos del carbón en Coahuila, México.

El gobernador, Humberto Moreira, optó por el silencio, cuando acordó con Felipe Calderón los recursos para su gobierno y ahora también es cómplice, según esa investigación que se dio a conocer, con detalle, anoche en un conocido centro cultural.

Esta situación deja en claro por qué, a 570 días de la explosión, cuya responsabilidad fue de la empresa, no hay ningún culpable y todo se hace, inclusive la intimidación de defensores y apoyadores de las 65 viudas, sus hijos y familiares, para que se eche tierra a la tragedia que constituye claramente un crimen industrial.

CONFABULADOS

Ha quedado plenamente establecido que Luis Escudero Chávez era, en 2006, director de minas del Gobierno federal, hermano de Rubén Escudero Chávez, gerente de IMMSA.

En la complicidad, que explica la protección del Gobierno federal a la empresa IMMSA, están personajes como Luis Téllez Kuenzler, secretario de Energía durante el gobierno deErnesto Zedilloy actual Secretario de Comunicaciones y Transportes; Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de Comunicaciones, Juan Rebolledo, vocero de Carlos Salinas de Gortari, personajes que han contribuido sistemáticamente al desmantelamiento de la industria paraestatal.

Ellos confabulados por uno de los principales accionista de Minera México, Germán Larrea, quien solamente en 2006 tuvo como utilidades por sus empresas mineras 900 millones de dólares y es integrante del Consejo de Administración de Televisa, el mismo que ha operado una campaña sistemática en contra de los sindicatos mineros y que ha usado sus “influencias” para otorgar registros sindicales en tiempos record, de hasta una semana.

Estos personajes, según la investigación de la Pastoral Laboral y del abogado Manuel Fuentes Muñiz, se confabularon para desplegar una cortina de humo sobre la tragedia que ha dejado familias enlutadas, pueblos abandonados y más de cien huérfanos.

Si eso no fuera suficiente, el sábado pasado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó que no se hará el peritaje al que urgen las viudas para rescatar los restos de los 65 mineros, que nuevas investigaciones de la teóloga Cristina Aurebach han dejado claro que no murieron por la explosión, sino por asfixia ante la caída de la mina en su primer tiro donde se habían sustituido los arcos de sostenimiento de acero por arcos débiles de madera.

Por eso, dijo Cristina, no se quiere hacer el rescate, se han dado toda clase de mentiras y dilaciones contra la única y principal demanda de las viudas: recuperar lo que es suyo, los cuerpos de hijos y maridos que simplemente los dejaron morir y no hicieron, como se demostró en UTA, barrenos (hoyos profundos) para dar aire a los atrapados, abrir nuevas entradas a la mina, que los hubieran salvado.

CRIMEN INDUSTRIAL

En un foro realizado anoche, estos nuevos hallazgos, de lo que el defensor de derechos humanos Enrique González Ruiz llamó crimen industrial, crimen de la globalización, encubrimiento de Estado, donde el poder del dinero es más importante que la vida humana.

Un grupo de 28 viudas y familiares también exigen la intervención de la Cámara de Diputados, cuyo informe no ha pasado a la discusión del Pleno, donde están contenidas muchas de las pruebas que inculpan a los funcionarios públicos y a los personeros empresariales, dijo Fuente Muñiz.

Cabe señalar de Cristina y Fuentes han sido intimidados. La primera fue asaltada hace dos meses, al llegar a su casa, golpeada y amenazada; en las oficinas del abogado hubo un aparente robo, que se llevó documentos y una computadora, tanto de Pasta de Conchos, como de otros litigios, en un claro mensaje de intimidación y amenaza, para que se olviden de la denuncia.

Mañana miércoles, a las puertas de la empresa, se presentarán viudas y familiares, así como otras personas que son testigos directos de la confabulación que a la luz pública, deja en claro que IMMSA dejó morir a los mineros; tiene negocios millonarios y goza de la complicidad y encubrimiento de funcionarios públicos, de la Fundación Vamos México que presidió Martha Sahagún y que consintió el ex presidente Vicente Fox.

07/SL/GG

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