Mujeres indígenas de diversos estados del país anunciaron hoy que ante la falta de respuesta de las instancias de justicia nacionales por violaciones a los derechos humanos de esta parte de la población, recurrirán ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para llevar el caso de las indígenas tlapanecas de la montaña de Guerrero violadas por elementos del Ejército mexicano.
En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, la indígena guerrerense Marta Sánchez, dirigente de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), sostuvo que la demanda de justicia por la violación de Valentina Rosendo e Inés Fernández, ocurrida en febrero del 2002, sigue vigente, y que de ser necesario se acudirá a la OIT, para exigir el respeto a los derechos humanos de las indígenas en México.
Recordó que los casos de las mujeres indígenas agredidas por soldados fue revisado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual ha emitido recomendaciones al gobierno de México, mismas que han sido ignoradas por las autoridades federales y estatales.
Marta Sánchez resaltó que los casos de Valentina e Inés han trascendido las fronteras de México al igual que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
Lamentó que al mismo tiempo que el gobierno ignora las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso, la represión y el hostigamiento contra las comunidades indígenas por parte del Ejército se acentúan.
La indígena guerrerense denunció que el gobierno de Vicente Fox en su discurso de ayer «presume» la defensa de los derechos indígenas con base en acuerdos internacionales firmados por México, pero en los hechos la realidad de esas comunidades es otra.
Marta Sánchez, Nellys Palomo, dirigente de Kinal Antzetik y las indígenas Manuela Pérez de Chiapas y Regina Avendaño de Oaxaca, presentaron un documento en el que enumeran una serie de demandas para que el gobierno vigile y garantice los derechos humanos de las mujeres indígenas, además de exigir que las políticas públicas sean diseñadas con perspectiva de etnia y enfoque de género.
Hicieron énfasis en lo casos de violación ocurridos en contra de «nuestras hermanas indígenas» de Barranca Bejuco, Barranca Tecuani, Barrio Nuevo San José, de las comunidades tlapanecas y mixtecas de la montaña de Guerrero, así como los casos de las tzeltzales violadas y de las mujeres amenazadas en Oaxaca.
Asimismo, exigieron el seguimiento judicial de esos casos y que los militares responsables sean juzgados por un juez civil, como vía creíble de impartición de justicia y para que prevalezca el respeto al Estado de derecho.
A su vez, denunciaron que el derecho al ejercicio libre y seguro de la maternidad de las mujeres indígenas, ha sido manipulado a través del Programa Arranque Parejo en la Vida (APV) de la Secretaría de Salud (SS).
El programa –agregaron-, no considera las necesidades de las mujeres indígenas ni sus usos y costumbres, siendo éste un «paliativo» que trastoca sus derechos y que sin embargo se considera una «práctica triunfalista» del gobierno federal.
Más adelante, protestaron por la reciente conformación del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas – encabezado por Xóchitl Gálvez-, por considerar que la representación de sus organizaciones fue acotada por la funcionaria.
Criticaron el Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas Productoras, celebrado ayer en la residencia oficial de Los Pinos, en el marco del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, donde se ponderaron proyectos productivos. En este contexto, señalaron que con el comercio de huevos de codorniz, no se resolverán los derechos de la población femenina que vive en el campo.
Demandaron que se reconozcan los derechos políticos de las indígenas, y que se les acepte no sólo como transmisoras de cultura sino también como forjadoras del país.
Asimismo, expresaron su desacuerdo con el informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre cuestiones indígenas, Rodolfo Stavennhagen, porque excluyó sus observaciones sobre la salud y las violaciones a mujeres indígenas.
2004/RM/GV/SM
