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Logra defensora reinstalación en Procuraduría de Oaxaca

Seis meses después de que fue despedida injustificadamente, la abogada Rosalva Garnica Martínez logró este martes su reinstalación como defensora de oficio de la Procuraduría para la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables, lo que en el sexenio del ex gobernador Ulises Ruiz era exclusivamente la Procuraduría para la Defensa de los Indígenas (Prodi).

Por supuestas faltas injustificadas, el pasado 13 de julio Rosalva Garnica fue despedida del Juzgado Primero Familiar en la ciudad de Oaxaca, en donde estaba adscrita como defensora de oficio. Un día después, al recibir por escrito la revocación de su nombramiento, ella denunció en una conferencia de prensa en la casa de campaña del actual gobernador Gabino Cué que esa medida fue una represalia.

“A diferencia de otras compañeras y compañeros, yo no acepte unirme a la campaña electoral de ex candidato perdedor del PRI a gobernador (y actual senador) Eviel Pérez. Además de que vieron mi camioneta con propaganda del actual gobernador (electo el 4 de julio pasado)”.

La primera instancia a la que Garnica recurrió fue a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, pero debió esperar un mes porque el personal estaba de vacaciones y el 11 de agosto pasado presentó su demanda en contra de tres servidores públicos.

La nueva presidenta de dicha Junta, Frida Jiménez, acortó los tiempos de un proceso que podía llevarse años. “Me llamó para indicarme que iban a agilizar la fecha de mi audiencia para que me reinstalaran cuanto antes” y lo cumplió: el lunes pasado Rosalva se presentó a la audiencia, aceptó que le pagaran casi la totalidad de los salarios caídos y que la reinstalaran desde el pasado martes.

Sin embargo seguirá con los procesos que están abiertos en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca (CDDHO). En ésta última inicialmente no le querían recibir su queja, pero una vez admitida requirieron a todos los funcionarios públicos involucrados.

“Todos ratifican en su primer informe que habían ido al Juzgado a levantarme las actas administrativas y yo no estaba, pero yo con las diligencias he podido demostrar lo contrario. La CDDHO ya realizó intervención en 17 expedientes en las fechas que dicen que no fui a trabajar, podrían determinar que los funcionarios tienen responsabilidad y remitan copias certificadas del expediente de la Secretaría de la Contraloría, instancia que puede inhabilitarlos por un tiempo determinado”.

Rosalva planea seguir pendiente de la denuncia en la PGJE porque las actas administrativas que justificaron su despido “me las levantaron en una hora”.

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