Logran jornaleras indígenas licencias por maternidad en BC

Tras un paro de labores que lleva más de 80 horas, miles de jornaleras de San Quintín, en el estado de Baja California (BC), consiguieron que el gobierno local obligue a las empresas de la región a garantizarles licencia por maternidad y paternidad, pago de horas extras, y otras prestaciones de ley que durante años les fueron negadas.
 
Además, las trabajadoras del campo confiaban en que hoy mismo las autoridades estatales aceptaran implementar medidas para castigar el acoso sexual en su contra, además de otorgar un eventual aumento salarial y un mayor pago por las cajas de fresa y frambuesa que ahí se cosechan.  
 
La madrugada de este martes 17 de marzo, más de 60 mil personas jornaleras –encabezadas por la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social de San Quintín– realizaron un paro laboral en demanda de mejores condiciones de trabajo, en esa región costera perteneciente al municipio de Ensenada.
 
Su pliego petitorio de más de 10 puntos contempla la necesidad de que se revoquen los contratos colectivos establecidos hasta ahora, el derecho de las mujeres a gozar de una licencia por maternidad, y el del padre de contar con cinco días para disfrutar el nacimiento de sus hijas e hijos y contribuir a las tareas de cuidado.
 
Además, el personal del campo exige el pago del séptimo día y días festivos, pago doble por trabajar horas extras después de una jornada de ocho horas, la abolición del trabajo infantil y cero tolerancia al acoso sexual. 
 
Desde el primer día del paro, el movimiento jornalero enfrentó represalias violentas por parte de la policía, narró a Cimacnoticias Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza.
 
La primera de las agresiones fue contra tres de los líderes, quienes la tarde del pasado martes fueron recibidos a balazos en la casa de gobierno de San Quintín; la segunda fue este miércoles 18 de marzo cuando decenas de policías municipales reprimieron a las y los jornaleros mientras protestaban sobre la carretera Transpeninsular, lo que derivó en la detención de 200 personas.
 
De acuerdo con Sánchez Gabriel, las y los jornaleros se manifestaron de forma pacífica contra las múltiples violaciones a los derechos laborales que padecen a diario por parte de empresas estadounidenses como “Berry Next” y “Ladriscal”, que venden el agua y el territorio mexicano a pequeños agricultores, a quienes obligan a poner sus marcas en todos los productos, además de que permiten que los más de 80 mil personas que trabajan para ellas sean explotadas.
 
Margarita Cruz, presidenta de la Casa de la Mujer Indígena Ve’e Naxihi, dijo en entrevista vía telefónica que pudo observar el momento en que varias mujeres, algunas de ellas que sólo se acercaron a preguntar qué pasaba, fueron subidas a los vehículos de los uniformados sin que se les permitiera identificarse o se les comprobara que estaban iniciando “disturbios”.
 
La activista –que alberga en su organización a mujeres mixtecas, mazahuas, triquis, otomíes, purépechas y nahuas migrantes de diferentes estados del país– declaró que estas indígenas llevan mucho tiempo informándose sobre sus derechos laborales, por lo que ya no están dispuestas a que ellas y sus familias sigan padeciendo los abusos a los que son sometidas en los campos agrícolas.
 
Tras la represión, representantes de la Secretaría de Gobierno de BC, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Procuraduría de Derechos Humanos de Ensenada, y diversos sindicatos acordaron ayer una mesa de negociación con los líderes del movimiento.
 
Como resultado, 40 por ciento de las demandas de las y los jornaleros fueron resueltas, entre ellas que la STyPS se comprometiera a proponer un mecanismo –como la inspección laboral– que permita a los empleados conocer los términos del contrato colectivo de trabajo, se garantice la licencia de maternidad para todas las mujeres embarazadas y el permiso de cinco días para los padres, el pago del séptimo día y días festivos, y el pago de horas extras.
 
También se acordó que cuando se contraten a nuevas empleadas y empleados se les dé a conocer el Reglamento Interior de Trabajo; y que el gobierno municipal gestione una reunión en fechas próximas con diputados federales del municipio de Ensenada, para que conozcan la postura de las y los jornaleros sobre la Ley Federal de Trabajo y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
 
Asimismo, la Procuraduría de los Derechos Humanos se comprometió a atender a las personas detenidas durante el enfrentamiento con policías municipales el pasado 18 de marzo, a fin de vigilar que se respeten sus derechos fundamentales; la CDI también se comprometió a brindar los apoyos y gestiones necesarias para estas personas.
 
Por otra parte, la Procuraduría General de Justicia del estado se comprometió a fortalecer los operativos de seguridad, para proteger a las personas que residen en el Valle de San Quintín.
 
La tarde de hoy se prevé que continúe la mesa de negociaciones para definir mecanismos contra el acoso sexual hacia las trabajadoras, y que se incremente el salario diario que las y los jornaleros perciben, que actualmente oscila entre 100 y 120 pesos.  
 
De acuerdo con la investigación “Por una vida libre de violencia para las mujeres de San Quintín”, que elaboró la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Gisela Espinoza Galeano, a diferencia de la media nacional, el porcentaje de trabajadoras mujeres en la zona de San Quintín rebasa al de los hombres.
 
Todas ellas son mujeres indígenas que al emigrar perdieron sus estructuras de apoyo, como las redes familiares y comunitarias de sus lugares de origen, observó la experta.
 
En la región de San Quintín las jornaleras viven en un asentamiento humano que circunda 80 kilómetros de carretera. En los campos agrícolas, las trabajadoras enfrentan pésimos salarios y malas condiciones laborales –por ejemplo, que las embarazadas sean obligadas a trabajar a pesar de estar expuestas a agroquímicos–, sin que por ello rija una autoridad que sancione y sin que las autoridades estatales intervengan.
 
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