Logros de la despenalización del aborto en Uruguay

En presencia de la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, y de la directora de Salud Sexual y Reproductiva, Leticia Rieppi, el subsecretario Leonel Briozzo informó que desde diciembre de 2012 a noviembre de 2013, en el marco del Sistema Nacional Integrado  de Salud, se registraron 6 mil 676 abortos voluntarios, un promedio de 556 por mes.
 
En Montevideo se realizó el 64 por ciento de las intervenciones y 36 por ciento en el resto del país. El 41 por ciento del total correspondió al sector público y el 59 por ciento al privado.
 
De las mujeres que consultaron, el 6.3 por ciento decidió continuar con el embarazo; de las que abortaron el 70 por ciento fue  asesorado sobre métodos anticonceptivos, y el 62 por ciento se decidió por uno de ellos.
 
De las mujeres que se practicaron abortos en los términos de la ley, el 18 por ciento eran menores de 19 años (mil 240 casos). Siendo la tasa de natalidad en las adolescentes de 19 por ciento del total, el dato echa por tierra el estigma que pesa sobre ellas: no son quienes interrumpen más frecuentemente el embarazo.
 
De acuerdo con la información estadística, la tasa de interrupción del embarazo en Uruguay es de 9 por cada mil mujeres de 15 a 44 años, por lo que el país sudamericano a nivel mundial se ubica por debajo de Europa occidental, que registra en conjunto 12 abortos por cada mil mujeres del mismo rango de edad.
 
La mortalidad materna fue igual a cero; sólo se registraron dos complicaciones graves: una histerectomía luego de un aborto voluntario legal y un fallecimiento por aborto practicado ilegalmente.
 
Los ingresos hospitalarios por complicaciones leves fueron 50 (0.007 por ciento del total), en su mayoría para completar la evacuación del útero.
 
En la década del 90 Uruguay ocupaba el sexto lugar en
América en muerte materna: uno de cada tres fallecimientos era por  aborto inseguro y en el sistema público una de cada dos. Hoy está en el tercer lugar del continente, sólo precedido por Canadá y Estados Unidos, y no renuncia a la posibilidad de lograr el correspondiente Objetivo de Desarrollo del Milenio en 2015.
 
ESPECULACIONES CON RESPUESTAS
 
Contrarios a la despenalización del aborto alegan que si de los supuestos 33 mil abortos anuales de que se hablaba hace más de una década se pasó a los 6 mil 676 registrados en el último año, una de dos: o los primeros eran falsos o por lo menos “inflados” para presionar al sistema político, o los actuales revelan que siguen vigentes los abortos inseguros que la ley pretendía desarticular.
 
Briozzo salió al paso de los cuestionamientos. Dijo que el aumento verificado entre el primer y el segundo semestre de aplicación de la ley se explica por el mejoramiento de los registros que los prestadores de servicios de salud deben realizar y enviar al MSP: en el primer semestre reportaba el 50 por ciento, ahora lo hace del 95 al 100 por ciento.
 
Además, la difusión de una norma legal es lenta y su acabada comprensión más aún. Cuando se conocen los derechos, se ejercen, a lo que se suma que el conocimiento propicia una mayor confianza en los servicios sanitarios e impulsa acercarse a consultarlos.
 
Sobre la brecha entre los 33 mil estimados y los 6 mil 676 oficialmente registrados, el subsecretario de Salud recordó que los primeros surgen de una encuesta realizada en clínicas ilegales a fines del siglo XX, cuando todos los abortos se practicaban de forma insegura al ser un delito y por tanto no hay cifras oficiales.
 
Lo que sí se conocía en el sistema de salud, por atender sus consecuencias, eran los altos índices de mortalidad materna.
 
En 2003 comenzaron a aplicarse las iniciativas sanitarias contra el aborto inseguro, que, aprobadas en 2004 por la Ordenanza Número 369/004 del MSP, aseguraban la atención pre y postaborto, con asesoramiento sobre las formas más seguras de practicarlo.
 
En 2008 esas normas alcanzaron jerarquía legal al ser incorporadas a la Ley 18,426 de Defensa de los Derechos Sexuales y  Reproductivos, que también determinó que todos los prestadores integrales de servicios de salud tuvieran que instalar servicios de salud sexual y reproductiva.
 
En el curso de estos acontecimientos, se difundió el uso del misoprostol, se avanzó en educación sexual en el sistema educativo, y se universalizó la anticoncepción, involucrando en la obligatoriedad de su prestación también a las instituciones privadas.
 
El próximo informe sobre cifras de abortos legales se espera para febrero de 2015.
 
14/IV/RMB