Tlaxcala está en el ojo del huracán porque lo que ahí sucede ha confrontado legalidad con ética y democracia, ha puesto contra la pared al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ha prendido focos rojos para las próximas elecciones a celebrarse en esa entidad. Y es que la esposa del actual gobernador quiere ser la próxima en gobernar Tlaxcala.
Tlaxcala es junto con Morelos, excepto el Distrito Federal, el estado más pequeño del país. Apenas representa el 0.2 por ciento de la superficie total . No obstante, duplica la población de Baja California Sur que tiene seis veces más superficie.
Según el censo poblacional del 2000, Tlaxcala tiene 957 mil 705 habitantes, de los cuales el 51 por ciento son mujeres. En este pequeño y pobladísimo lugar se libra una batalla preelectoral insólita y cuyos resultados son tan desconocidos como definitorios en muchos sentidos.
Que una mujer quiera gobernar, no es ninguna novedad en la historia política de México. Que esposas de gobernantes quieran suceder en el cargo a sus maridos, sí lo es. El caso más sonado fue el de la esposa del presidente Vicente Fox. Pero no fue la única. Las esposas de los gobernadores de Quintana Roo, Nayarit y Tlaxcala también manifestaron en diversos momentos sus intenciones de suceder a sus esposos o contender por otro cargo de representación popular.
De las cuatro quedan dos. María Rubio, esposa del gobernador Joaquín Hendricks, que ha manifestado su intención de contender en 2005 por el municipio Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, y Maricarmen Ramírez, por la gubernatura que ocupa su esposo.
Ciertamente fue inesperado que primeras damas aspiraran a cargos políticos; pero de algún modo era previsible. Tradicionalmente sonreían, posaban para la foto de la familia feliz, y, cuando mucho, realizaban un trabajo más o menos importante en materia de asistencia social.
Con el tiempo, algunas comenzaron a participar, queriendo o no, en política. Empezó a ser común verlas en las campañas políticas de sus maridos, o en campañas alternas ganado votos para ellos. Era, pues, previsible que algunas quisieran ser las protagonistas de la fiesta.
El caso de Maricarmen Ramírez y de Martha Sahagún es emblemático en este sentido. Ambas, con su trabajo en los medios de comunicación, con sus conexiones y asesoría política contribuyeron de manera definitiva para que sus parejas llegaran al poder. ¿Por qué no buscarlo ahora para ellas mismas?, supongo que se preguntaron.
Y tomaron a las legislaciones electorales por sorpresa, porque al parecer no hay impedimento jurídico alguno que se los impida. Los argumentos son otros. Y es que su participación da al traste con la equidad que debe privar en todas las elecciones. Justamente, la equidad ha sido una de las piedras angulares en que se sustenta la lucha por institutos electorales ciudadanizados y no controlados desde el gobierno.
En un país como México, con una democracia que no acaba de ser tal, los gobernadores y sus familias tienen un poder real y simbólico. Basta que alguien sea, hermano o hijo, por ejemplo, del gobernador en turno, para ser, automáticamente, intocable y privilegiado, lo mismo para realizar un negocio –legal o no- que para entrar a una discoteca. Cuantimás tratándose de la esposa.
Sin importar lo que acoten las leyes de cada estado, la primera dama tiene privilegios que ninguna otra persona tiene. Puede ser que la aspiración de Maricarmen Ramírez sea legal y legítima; pero, sin duda, no podría competir en las mismas condiciones que sus adversarios. Aunque ella así lo jure.
En Tlaxcala la última palabra no se ha escrito. El PRD le retiró el apoyo, dado que una de las condiciones era que su esposo pidiera licencia a la gubernatura, cosa que no hizo.
El Comité Estatal de Convergencia por la Democracia la hizo su candidata, pero la directiva nacional no apoya esta decisión. Muchas feministas no le dan su respaldo porque la consideran una arribista política que, al más puro estilo autoritario, se aprovecha del poder para acceder a él.
Maricarmen decidió pelear legalmente su postulación, aunque no se ve claro con qué partido político ni con cuáles apoyos, salvo, claro, los de su esposo. Por eso, lo que resulte marcará rumbos.
Yo me sumo a las voces que piden legislar al respecto. Mientras nuestro Estado de derecho no alcance para evitar privilegios, tráfico de influencias e impunidad para cualquiera que detente el poder vía legal, familiar o conyugal, no debemos permitir que ningún pariente consanguíneo o civil, hombre o mujer, se postule para ningún cargo de elección popular en el periodo inmediato siguiente al mandato federal, estatal o municipal que se ostente.
Cuando el respeto a la legalidad llegue al punto, como en Canadá, de sancionar a un primer ministro porque su hijo, menor de edad, conducía en estado de ebriedad, entonces quitamos los candados ¿les parece?
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*Articulista y periodista de Quintana Roo
2004/CL/LR/SM
