La tragedia de las mujeres de Ciudad Juárez –ya van 248 asesinadas–, muchísimas de ellas muertas a mansalva, al amparo de la oscuridad de la noche, al no ser resuelta por las autoridades mexicanas ha llegado ya a través de los integrantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el colectivo de organismos civiles, promotores de la campaña «Alto a la impunidad: ni una muerta más», a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que este organismo se pronuncie al respecto y emita recomendaciones al gobierno de nuestro país.
El expediente es el primero sobre ese caso que llega a la CIDH y se envió luego de que la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Espinosa, decidiera esperar a la instalación de una mesa de trabajo con las autoridades de Chihuahua antes de recurrir a organismos internacionales.
Además, forma parte de la campaña internacional que iniciaron este mes 98 organismos para promover la rendición de cuentas por parte de las autoridades encargadas de esclarecer los homicidios de mujeres en Juárez.
En esa ciudad, además, hace dos años fue hallada una decena de cadáveres enterrados en un rancho, y ligados a homicidios de grupos narcotraficantes.
Especialistas del Buró Federal de Investigaciones (FBI) colaboraron en el pasado con la policía mexicana en la investigación de esos asesinatos, aunque no llegaron a conclusiones definitivas.
Una de las hipótesis que manejan investigadores, es que las víctimas podrían haber sido utilizadas en películas de pornografía dura y posteriormente asesinadas.
La Asociación de Maquiladoras (ensambladoras) de Ciudad Juárez (AMAC), exigió este miércoles «seguridad para las miles de mujeres obreras que ya no pueden salir a caminar en la calle».
Mario Mora, director de AMAC, explicó «que la demanda de seguridad es extensiva para toda la población en una ciudad que cuenta con mas de 200 mil obreras y que trabajan en diversos turnos, incluido el nocturno, las cuales deben ser protegidas».
El 20 de agosto, por mayoría, el Congreso del estado de Chihuahua determinó que el violador de una mujer con pruebas de provocación «recibirá una pena de tres a nueve años de prisión».
En cambio, el Código Penal prevé una pena de seis a 12 años de cárcel para los ladrones de ganado, según los denunciantes.
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