El Estado mexicano debió aplicar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde 1991, sin la necesidad del levantamiento armado en Chiapas, aseveró Jorge Alberto González Galván del Sistema Nacional de Investigadores, quien acusó al gobierno del incumplimiento de este instrumento internacional que protege los derechos humanos de los pueblos indios.
Entrevistado durante el Foro Pueblos Indígenas y Derechos Económicos, Sociales y Culturales en México –convocado por la Federación Internacional de Derechos Humanos–, González Galván dijo que la ley indígena aprobada el 14 de febrero de este año incluye algunos de los contenidos del convenio, sin embargo, consideró necesario corregir errores que permitan retomar la confianza de los pueblos indios y reabrir el diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Estimó que las comunidades indígenas están hoy en condiciones de exigir y no «regatearle» al gobierno la aplicación del convenio, al observar que el Estado mexicano se comprometió a cumplir con ese compromiso e instaurar políticas públicas de integración pluricultural hace más de 10 años.
Después de 1991, el Estado no atendió las obligaciones del convenio y desafortunadamente tuvo que ocurrir el levantamiento armado en Chiapas para que el gobierno empezara a preocuparse por el tema de los derechos de los pueblos indígenas, comentó.
El especialista estimó que cuando se consolide un Estado de derecho, las normas se cumplirán, lo que no ha ocurrido hasta ahora, aunque confió en que con el cambio de gobierno puedan registrarse avances en ese sentido.
En su opinión, el presidente Vicente Fox cumplió con su promesa de campaña de enviar la iniciativa de la Ley Cocopa al Congreso, y «fueron los legisladores los que fallaron», acusó.
Para González Galván la reforma aprobada «no es ni sacrosanta ni el demonio» es perfectible, por ello llamó a no satanizarla y a no desconocer los avances registrados, ya que con voluntad política puede ser corregida, de tal forma que permita a los pueblos indios formar parte del poder político del Estado.
A su vez, sostuvo que el Convenio 169 no debe ser considerado «letra muerta» y retomar su fuerza para que pueda aplicarse en nuestro país, al observar que el actual ambiente político propicia impulsar su cumplimiento en el Congreso, en el Poder Judicial, así como en la administración pública.
«La reforma del 14 de agosto establece para los congresos federal y los estatales la asignación de presupuesto que hagan posible al Estado cumplir con sus obligaciones con las comunidades indígenas en materia de salud, educación y vivienda», añadió.
El especialista en la materia dijo que hay signos claros de que México ha pasado a ser un Estado serio y responsable, por lo que está en condiciones de cumplir con los compromisos que ha adquirido en el ámbito internacional, sobre todo con los cerca de los 10 millones de indígenas del país que todavía enfrentan un fuerte rezago, discriminación, exclusión social, viviendo en situaciones económicas infrahumanas y deplorables.
González Gálvez se refirió a la situación de las mujeres indígenas cuyos derechos humanos aún son más vulnerables, en especial cuando abandonan sus comunidades para continuar su ciclo de pobreza en las grandes ciudades donde no cuentan con un empleo fijo y son víctimas de la discriminación.
Dijo que la reforma constitucional establece también que los llamados «usos y costumbres» deben respetar los derechos humanos, en especial de las mujeres, con lo que por ejemplo podría acabarse la venta de indígenas. En ese contexto dijo que hoy las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indios ya no tienen ninguna justificación.
Por su parte, Claudia Gómez de la Red de Abogados y Abogadas por los Derechos de los Pueblos Indios (Radpi) habló de incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, al referirse a que en la actualidad el 75 por ciento de los indígenas no tienen primaria concluida; el 70 por ciento de las mujeres están desnutridas; la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contienen medidas que hagan posible el ejercicio de los derechos laborales de los indígenas.
Además de que el 33.6 por ciento no reciben ingresos; el 14 por ciento percibe ingresos no monetarios; 32 por ciento gana un salario mínimo y sólo el siete por ciento más de dos.
En materia de vivienda, el 58 por ciento de los hogares indígenas no tienen agua, el 88 por ciento se encuentra sin drenaje, y 35.6 no cuenta con electricidad, lo que, dijo, hace visible las grandes violaciones al convenio 169 de la OIT.
Cabe mencionar que el 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos.
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