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Los Institutos de mujeres navegan contra un río conservador

Por Gladis Torres Ruiz

La creación de los Institutos federal y estatales de la Mujer a partir del 2001 es un logro del movimiento feminista y de mujeres de nuestro país, también del gobierno, pues así se pusieron en marcha los acuerdos internacionales y nacionales fraguados durante treinta años de lucha de las mujeres, señala la investigadora María Luisa Tarrés.

En el marco del 8 de marzo,Día Internacional de la Mujer, en su documento “Nuevos nudos y desafíos en las prácticas feministas: Los institutos de las mujeres en México”, Tarrés puntea que durante estas tres décadas, el movimiento feminista estuvo marcada por un contexto cambiante que permitió la integración de la perspectiva de género en la cultura política de una democracia que apenas se construía.

Así la movilización feminista y del movimiento de mujeres enfrentó el año 2000 con un resultado no previsto: un presidente elegido democráticamente, del Partido Acción Nacional (PAN), organismo de origen católico, con escasa experiencia política en el ámbito nacional, cuyos dirigentes, relativamente jóvenes, provienen en su mayoría de escuelas religiosas y realizan actividades en el sector privado, enfatiza la investigadora.

Con esto, dice, disminuyeron las posibilidades para que las mujeres incidan en las decisiones de Estado, a pesar de que durante los noventa realizaron diversos acercamientos con funcionarias, representantes legislativas y militantes de los diversos partidos.

Así, la institucionalización de la perspectiva de género, cuya base son los institutos de las mujeres, se vio inmersa en un contexto que no ofreció oportunidades políticas favorables para plasmar los proyectos productos de un trabajo discursivo intenso y de un activismo en las bases, en las que en ocasiones las mujeres invirtieron su vida completa.

ACCIÓN CONTINENTAL

Las demandas del movimiento se concretan en el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1995-2001), la agenda marco para los gobiernos de la región.

México no fue ajeno a estos acuerdos, de modo que después de algunas iniciativas locales o estatales aisladas para establecer instancias o programas orientados a concretarlos, se logró concertar a escala nacional la creación del Instituto Nacional de las Mujeres y el Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra la Mujer (Proequidad), que se integró al Plan Nacional de Desarrollo (2000-2006) del gobierno que apenas se instalaba.

De esta forma el movimiento feminista y de mujeres se encuentra ante una situación inesperada: “ha logrado concretar una de sus grandes aspiraciones y, sin embargo, no cuenta con los recursos políticos necesarios para controlar la orientación de los institutos creados para llevar a cabo su proyecto”.

El escenario se complica si se considera que sus aliados naturales, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y otros partidos de izquierda, no obtuvieron los cargos esperados y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde militan políticas de amplia trayectoria feminista, se encuentra en crisis interna.

ENTRE LA AUTONOMIA Y LA DEPENDENCIA

El 12 de enero del 2001 por decreto presidencial se formó el Instituto Nacional de las Mujeres, cuya idea es que el ejercicio de los derechos de las mujeres como ciudadanas es un requisito para la democratización del país.

Así, Inmujeres, organización federal, se centra en la tarea de coordinar y concertar acciones con las instancias estatales, en el entendido de que todas ellas comparten la perspectiva de género y la necesidad de institucionalizarla en el ámbito federal.

María Luisa Tarrés destaca que además del Inmujeres, hoy existen institutos estatales y en algunos casos se agregan oficinas municipales para el avance de la mujer.

Desde abril del 2005, cuando se puso en marcha el Instituto de las Mujeres de Tamaulipas, 30 estados de la República cuentan con este organismo, salvo en Querétaro donde tiene la categoría de Consejo y Veracruz cuya instancia se limita a un Programa.

Cabe señalar que la existencia de estos organismos a lo largo y ancho del territorio nacional se constituye en un capital de gran valor para promover temas relacionados con la transversalidad de género y la definición de políticas públicas comunes orientadas a la equidad y la igualdad de oportunidades en el ámbito nacional.

En este sentido, más allá del evidente avance con la fundación de los institutos, estos enfrentan obstáculos derivados de su reciente creación, de la escasez de recursos materiales y profesionales, de su necesidad de buscar legitimidad en la sociedad y en el gobierno y de problemas de coordinación alrededor de un proyecto común, debido a conflictos politico-partidarios que con el tiempo han producido roces y entorpecido las actividades de un proyecto de carácter nacional.

Pese a que formalmente hay acuerdos básicos que se expresan en Proequidad, éstos no siempre funcionan, pues las direcciones de los organismos estatales adaptan sus metas a la correlación de fuerzas locales, a las buenas o malas relaciones con otros institutos, a los vínculos con las organizaciones de mujeres, a su acceso a financiamiento e incluso a las interpretaciones y lecturas particulares sobre las metas de la agenda nacional para las mujeres.

Así, en la práctica, la mayoría de los institutos hacen lo que pueden con los recursos humanos y materiales que consiguen movilizar en contextos regionales donde las prioridades de la elite política no son necesariamente los derechos de las mujeres.

Sin embargo por las exigencias de las agencias de financiamiento internacional y del Plan Nacional de Desarrollo, estas elites se ven obligadas a considerar el género.

Pero también es cierto que este requisito para muchas de ellas es sólo un trámite, más cuando se trata de diseñar o aplicar una política pública orientada por la perspectiva de género.

Otro aspecto que la autora señala, es que la condición administrativa de los organismos estatales de la mujer no es la misma en todo el país.

En algunos estados son organismos públicos descentralizados y en otros desconcentrados, lo que les otorga una cierta jerarquía y mayor autonomía dentro de la burocracia, comparados con aquellos que tiene la categoría de programas, consejo y/o coordinaciones. Sólo en el estado de Guerrero la instancia de la mujer tiene rango de secretaría.

De tal manera que los institutos estatales son la base para generalizar las políticas públicas con perspectiva de género, por lo cual es preciso detenerse en su propio proceso de institucionalización, pues ello facilita y dificulta las posibilidades para obtener recursos humanos y materiales, tanto para la consolidación del mismo como para promover políticas públicas, coordinar acciones comunes con Inmujeres, otros institutos, organizaciones civiles o con la propia administración pública del estado al que pertenecen.

La investigadora Tarrés concluye que la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas enfrenta grandes obstáculos sociopolíticos y culturales, como la resistencia a considerar como natural la equidad de género, como un valor legitimo en la vida democrática contemporánea.

“Lo que hoy está en juego es que la nueva institucionalidad responda con eficiencia a la diversidad de necesidades vinculadas con el género presentes en la sociedad”, dice.

07/GT/GG

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