Quizás uno de los lugares que causa mayor aversión a cualquier persona son las Agencias del Ministerio Público (AMP). He visto temblado a más de una o uno de tan solo pensar en la posibilidad de ser detenido, más si han recibido un citatorio de una oficina ministerial.
La llamada justicia penal es un verdadero negocio basado en el miedo de las personas que temen perder su libertad. Lo mismo participan abogados defensores, públicos y privados, policía preventiva, secretarios y agentes del Ministerio Público, quienes usan el adagio para medir sus ingresos y «dependiendo el sapo es la pedrada».
No hay ética y moral en muchos servidores públicos encargados de impartir justicia, que sabiendo del poder discrecional del que están investidos para decidir la libertad de una persona, presionan junto con el abogado «defensor» al «presunto responsable» para conseguir en su beneficio importantes cantidades económicas.
Cuando el acusado es, en el lenguaje de estos servidores públicos y abogados, un pobre diablo (es decir, que no tiene dinero), nadie tiene interés en apoyarlo. Se le asigna un defensor de oficio, quién con la sobrecargas de trabajo es incapaz de dar una adecuada defensa a su defendido. Más del 75 por ciento de los acusados son atendidos por los defensores de oficio que enfrentan una carencia importante de recursos humanos y materiales.
Los agentes del MP tienen bajo su estricta responsabilidad la confidencialidad de las actuaciones que se levanten ante ellos; solo la víctima puede tener copia de las actas en que intervenga, pero nadie más.
Por ello resulta sorprendente cómo en la averiguación previa que se sigue por el secuestro y muerte del joven Fernando Martí diversos medios de comunicación han propalado tener copia del expediente completo en que se integra la investigación.
Ello es inaudito y demuestra una gran irresponsabilidad de la autoridad investigadora. Son hechos que demuestran la discrecionalidad e impunidad con la que se manejan la autoridad ministerial en perjuicio de la investigación.
¿De estas filtraciones está enterado el Procurador General de Justicia del DF? ¿Desde su oficina se promueven esas filtraciones? Cualquiera que fuera la respuesta, estas acciones únicamente beneficia a los responsables que se encuentran prófugos.
Sería muy importante que el Procurador Justicia del DF hiciera visitas sorpresa en las Agencias del MP para darse cuenta de sus deficiencias. Que haga trabajar a sus subprocuradores para que se desempolven de sus oficinas. Para que se percate de las horas que tiene que invertir una persona para presentar una denuncia por algún delito cometido en contra de ella. Muchas veces ni siquiera hay sillas para que las personas esperen a ser atendidas.
Este tipo carencias desalienta a muchos presentar una denuncia por la mala imagen y deficiente servicio que dan las agencias del MP.
El mobiliario que tienen es muy viejo. Un ministerio público se quejaba hace poco conmigo señalando que los archiveros se están cayendo y desde hace varias administraciones no hay apoyo para mejorar el servicio.
Las galeras donde tienen a los detenidos son denigrantes, cunde el mal olor y su falta de mantenimiento es evidente. No todas las personas que llegan a las agencias del MP son responsables de los delitos que se les acusan y aunque lo fueran deben recibir un trato digno en cualquier circunstancia.
La atención a las mujeres, cuando son agredidas por delitos sexuales, ha mejorado pero falta mucho camino por recorrer, se requiere de mayor personal y mejoramiento en su capacitación.
Las mujeres que sufren un delito todavía se enfrentan al burocratismo de esas oficinas que hacen prolongar su pena.
Las agencias del MP son el talón de Aquiles de la justicia penal.
Terminar con la corrupción, falta de capacitación, escasez de personal y discrecionalidad es uno de los grandes pendientes de la administración del Distrito Federal, que ahora su falta de atención no es justificable.
*Abogado, especialista en temas de justicia, profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana.
08/MF/GG
