El 10 de junio de 1997, Donaciana Antonio Almaraz, llegó a la ciudad de Oaxaca junto con 20 mujeres: madres, esposas, viudas, hermanas e hijas de los asesinados, presos y desaparecidos indígenas zapotecas de Loxicha, acusados de pertenecer al grupo armado Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Iniciaba uno de los plantones más largos de la historia reciente: cuatro años y meses «viviendo» en el zócalo y «durmiendo» en el portal del entonces Palacio de Gobierno.
Donaciana tenía entonces 29 años, era viuda y mantenía a sus dos hijos lavando y planchando ropa ajena en San Agustín Loxicha, un pueblo de la Sierra Sur que vive a diario marginación, pobreza, explotación e injusticias por causa de los caciques. Pero para las autoridades era la comandante «Sonia», del EPR, lo que aún hoy le causa risa.
Meses antes, la noche del 25 de septiembre, llegaron a San Agustín Loxicha, la cabecera municipal y luego al resto de las comunidades y rancherías, elementos de la Policía Judicial, de la Policía Preventiva y del Ejército Mexicano, quienes guiados por «entregadores» detuvieron al cabildo que encabezaba Agustín Luna Valencia.
En el cielo sobrevolaban los helicópteros. Entre los detenidos iba Hedilberto Antonio Almaraz, su hermano. Al año siguiente, Pedro, otro de sus hermanos, desapareció y fue torturado durante 10 días.
Donaciana estaba enojada y sintió que tenía que salir de Loxicha para denunciar lo que pasaba. Formó entonces, junto con otras mujeres, la Unión de Pueblos contra la Represión y la Militarización de la Región Loxicha.
CACIQUES Y MILITARES
Los Martínez y los Vásquez fueron los caciques, dueños y señores de tierras y de la gente. Eran los únicos que vendían en sus tiendas grandes, los que compraban el maíz o el café, nombraban a las autoridades y mantenían la escuela primaria con un sólo grado, aunque el alumnado tuviera que cursarlo seis veces.
«Mataban a la gente, robaban los cafetales, violaban a las mujeres, hacían lo que querían», pero en 1980 el pueblo se organizó y nombró a su primera autoridad: Eduardo Martínez. «Él metió por primera vez un carro (autobús) a Loxicha, la gente estaba feliz».
Pero eso duró sólo 16 años. Después vino el enfrentamiento del EPR con el Ejército en La Crucecita, Huatulco, la madrugada del 29 de agosto de 1996.
Ese día, un supuesto comando del EPR atacó la Partida de Infantería de Marina, de la Policía Judicial Federal, la Policía Judicial de Oaxaca, la Policía Preventiva y la municipal, así como de Fonatur, causando la muerte de cuatro infantes de marina, tres policías preventivos, un policía municipal, un civil y cuatro personas no identificadas. Entre los muertos estaba Fidel Martínez, ex regidor del Ayuntamiento de San Agustín.
La versión de habitantes de Loxicha ahora «exiliados» es que se trató de una venganza de caciques contra el pueblo, que unos años atrás intentaban liberarse de ellos, de sus imposiciones, de sus asesinatos, de las violaciones a mujeres, del robo de sus cafetales…
Inició así la represión, cuyo «responsable de la persecución fue Diódoro Carrasco Altamirano», entonces gobernador priista, hoy diputado federal del Partido Acción Nacional, dice Donaciana.
Y sostiene que las violaciones sexuales a mujeres ocurrieron sobre todo el 25 de septiembre de 1996, «el día más cruel de todos» cuando entraron todas las fuerzas de seguridad pública y los militares a las comunidades.
«Las mujeres se te acercan, lloran contigo, te piden ayuda… pero tienen miedo, por eso les digo que nos vayamos a Oaxaca a denunciar lo que estaba pasando».
EN BUSCA DE JUSTICIA
Quince días después las recibió Diódoro, el gobernador. «No, ustedes son del EPR», les dijo y dio la media vuelta. Las mandó con el subsecretario Felipe Zardaín Borbolla, quien nunca dio respuesta.
A Hedilberto, el hermano de Donaciana, lo acusaron de rebelión, homicidio calificado, portación de armas y de pertenecer al EPR. Casi todos los presos fueron sentenciados por eso, aunque algunos tenían hasta 15 acusaciones.
Pasaron los días y más mujeres llegaban al plantón, porque seguían deteniendo a los hombres, maltratando a las mujeres. Llegaron a estar ahí hasta 250 mujeres, sin contar a las y los niños.
A veces no tenían que darles de comer y uno de esos días la Sección 22 del SNTE les ayudó. Incluso 35 niñas y niños fueron llevados a bautizar, porque nacieron en pleno zócalo.
José Murat, el nuevo gobernador, les dijo que su caso era federal, así que partieron al Distrito Federal. Y ahí volvieron a enfrentar a Diódoro, quien era ya secretario de Gobernación. Les pidió que regresaran a Oaxaca, pues la situación de Loxicha era difícil. Entregaron un pliego petitorio para Ernesto Zedillo, entonces presidente, y «hasta la fecha nada».
Lucio Vásquez, quien fue agente judicial y luego presidente municipal, fue uno de los que más atrocidades cometió, responsable de muchas y crueles ejecuciones extrajudiciales.
«Al señor Agustín, de la comunidad La Sirena, lo sacaron de su casa unos 100 policías, al esposo de Domitila lo torturaron delante de su familia y les advirtieron que si ella o sus hijas hablaban las iban a matar».
Estela Ramírez, denunció el asesinato de su marido Celerino Jiménez Almaraz, ocurrido el 24 de abril de 1997 por una partida de policías judiciales. Antes el hombre fue torturado también delante de su familia. Su cuerpo sin vida le fue entregado en el penal de Pochutla.
Ella emprendió una feroz lucha en busca de justicia, por lo que su caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace unos tres años, Lucio Vásquez fue declarado culpable del asesinato y condenado a 40 años de prisión.
Donaciana dice que la guerra sucia no termina. Mientras no haya paz en Loxicha nos seguirá doliendo el alma. Fueron las mujeres las que más lucharon, «todas nos enfrentamos al gobierno, porque nos cansamos de ver morir a nuestros familiares, que nuestros hermanos fueran encarcelados, que los torturaran o desaparecieran, por eso luchamos».
07/SJE/GG
