Activistas denunciaron que en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que hoy se conmemora, se debe recordar que en México existen serios pendientes en la protección de las y los periodistas y en el acceso a la justicia para integrantes del gremio asesinados.
En opinión de especialistas en libertad de expresión, el balance es negativo porque el gremio periodístico aún da cuenta de periodistas agredidos, amenazados o asesinados sin que el Estado investigue y esclarezca los hechos.
En entrevista con Cimacnoticias, la directora del Centro de Comunicación Social (Cencos), Brisa Maya, explicó que ante la indiferencia de las autoridades la sociedad civil está obligada a buscar sus propias respuestas.
Fue así como organizaciones civiles lograron que el Congreso aprobara la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aunque aún falta que el Ejecutivo la publique para que entre en vigor.
De acuerdo con Maya, este fue un pequeño avance en comparación con todo lo que falta para hacer una realidad la libertad de expresión en todo el país, no obstante las organizaciones siguen exigiendo que se fortalezcan las instituciones y las leyes.
Una demanda por ejemplo es fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra Periodistas, que de acuerdo con un informe de la organización internacional Artículo 19 sólo ha logrado una sentencia condenatoria en sus seis años de existencia.
Artículo 19 ha denunciado que esta Fiscalía no cuenta con recursos financieros y humanos propios, es discrecional al atraer casos y tiene limitaciones para investigar delitos.
Otra demanda pendiente es la federalización de los delitos contra la libertad de expresión, luego de que el Congreso de la Unión aprobó la reforma al artículo 73 constitucional a fin de que agresiones a periodistas o medios de comunicación sean investigados por autoridades federales.
Si bien esta reforma fue aprobada por el Congreso aún falta que los legisladores locales armonicen sus constituciones estatales, lo que a decir de Brisa Maya muestra que el trabajo a favor del gremio se tiene que hacer desde distintas instancias.
«El Estado no está a la altura de las circunstancias de responder y proteger el ejercicio de la libertad de expresión», apuntó.
Aseguró que la agenda en la materia es amplia pues aún falta una reforma a la Ley de Imprenta y a la Ley Federal de Radio y Televisión, a fin de asegurar la pluralidad en los medios.
Dijo que también es necesario revisar el nulo trabajo de la Comisión especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados y el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Al respecto, Rogelio Hernández, integrante de la organización civil Casa de los Derechos de Periodistas, señaló que aunque hay muchas cosas que se han conquistado durante muchos años eso no significa aceptar las cosas negativas que hoy persisten.
Indicó que el balance será negativo cada vez que caiga un periodista asesinado en un Estado que sólo simula que hace algo para defender verdaderamente el ejercicio del periodismo y a los trabajadores de los medios de comunicación.
El también periodista consideró que una de las tareas inmediatas es terminar con el ciclo de agravios que no cesan, y que el gremio obligue al gobierno a que cumpla con su obligación de proteger a las personas dedicadas a informar.
De acuerdo con datos de Artículo 19, de los 172 ataques a la libertad de expresión registrados en 2011, cuatro fueron asesinatos contra mujeres periodistas y 30 agresiones contra comunicadoras o trabajadoras de los medios informativos.
Hernández destacó los asesinatos de Ana María Marcela Yarce Víveros y Rocío González Trápaga, ambas periodistas de Contralínea, ultimadas el 31 de agosto de 2011 en la capital del país; y la muerte de Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso, asesinada el pasado 28 de abril en Veracruz.
Jesús Peña, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), afirmó que la muerte de Martínez confirma la situación precaria que enfrenta el gremio.
Destacó que algunos de los elementos básicos que podría considerar la legislación secundaria para la protección de periodistas son la gravedad de la conducta delictiva, si el presunto autor es una autoridad y las características de la persona agredida.
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