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Lydia Cacho Plan b*

Por Lydia Cacho

Tal vez lo único que tienen en común Colombia y México, en términos de la narcoviolencia, es la persistente incursión del Departamento de Estado norteamericano para aumentar la crisis en dos países que proveen a la población de América del Norte con cientos de toneladas de drogas cada año.

De allí en fuera comparar los problemas o intentar solucionarlos con el mismo esquema de Colombia y del general Naranjo, es tan absurdo como imposible.

Como “La Violencia” fue bautizado el periodo colombiano (1946-1965) en el que murieron más de 200 mil personas. Durante estos años se enfrentaron las fuerzas del Estado, desde entonces en alianza con milicias paramilitares de derecha, contra la incipiente guerrilla comunista de la que derivaron cientos de grupos de bandoleros.

En gran medida las raíces de este conflicto remiten a la inequidad de oportunidades y, principalmente, a la tenencia de la tierra. Hasta el día de hoy, Colombia es el único país latinoamericano que no ha llevado a cabo una reforma agraria general.

México, sin haberlo resuelto, ya había dejado atrás desde el fin de la Revolución la situación de tenencia de tierras, esa bomba que a los colombianos les explotó tarde.

Para 1946 la Revolución Mexicana ya se había institucionalizado y el monopolio de la violencia le pertenecía por completo al Estado. Toda insurgencia guerrillera o de grupos armados fue aplastada por el PRI.

A partir de 1965 comienza el denominado “Conflicto colombiano”, en el que se articulan y consolidan las guerrillas de inspiración comunista (las FARC y el ELN); nace y se expande el negocio del narcotráfico y proliferan los grupos paramilitares, mezclándose unos con otros.

En el caso de Colombia, fueron las FARC quienes monopolizaron el secuestro. Lo mismo raptaban y asesinaban a periodistas que a políticos y empresarios, a campesinos que se negaban a obedecerles y a militares y policías. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se convirtieron poco a poco en un gran cártel de narcotráfico.

El periodista Stephen Ferry, autor del libro “Violentología”, asegura que a fines de los años 80 Pablo Escobar le declaró la guerra a Colombia.

Con tantos actores ejerciendo violencia se fue creando lo que Gonzalo Sánchez denomina “La solemnización de la muerte”, que implicaba un aprendizaje de las artes de hacer sufrir. Había, dice el autor colombiano, “un despliegue ceremonial del suplicio expresado a veces en actos de estudiada perversión”.

Cuando el Departamento de Estado norteamericano decide incursionar en Colombia con su mal llamada “guerra contra las drogas”, potenció la violencia preexistente.

Los “violentólogos” en Colombia tienen claro que los grupos paramilitares expresamente dedicados a sembrar el miedo ayudaron a convencer a la sociedad colombiana de que la mano dura y la presencia de la CIA eran indispensables para mantener la paz social.

Tanto en el Plan Colombia como en el Mérida, el Departamento de Estado norteamericano se otorgó a sí mismo miles de millones de dólares para comprarse y enviar a ambos países equipo de guerra y para meter a la CIA en sus aparatos de Inteligencia.

Es un tremendo error y una simplificación peligrosa querer equiparar y buscar soluciones similares para problemas tan distintos, aunque se toquen en ciertas aristas por el narcotráfico.

Para seguir dando dinero y armas a ambos países, el Departamento de Estado norteamericano debe certificar que se respetan los Derechos Humanos, e increíblemente lo hace apoyando la corrupción e impunidad institucional.

Colombia no había reconocido a sus propias víctimas hasta hace muy poco; después de Sudán es el segundo país del mundo con más desplazados por la violencia y la guerra (3.7 millones).

Aún no se juzgan a los militares violadores de miles de mujeres y apenas hace unos días en el caso de la valiente periodista Jineth Bedoya se reconoció judicialmente la violencia sexual ejercida por paramilitares.

A pesar de que Ciudad Juárez, frontera con El Paso (EU), está controlada con 7 mil soldados mexicanos, hoy entran 50 toneladas de cocaína y 6 de heroína hacia el vecino del norte. La utilidad del crimen organizado es equivalente a 4.3 mil millones de dólares anuales.

Los norteamericanos no han controlado su propio territorio y persisten en controlar el sur. Colombia y Bolivia producen toneladas de cocaína que terminan en el mercado internacional.

Los logros que vienen a presumir a México el ex presidente Álvaro Uribe y el general Naranjo no se relacionan con el narcotráfico, sino con un acercamiento a la paz de una guerra civil sostenida por la venta de las esmeraldas, el oro y las drogas.

Las bandas criminales (así rebautizaron a los minicárteles en Colombia) tienen tanto poder y fuerza criminal como los cárteles mexicanos, empequeñecidos pero multiplicados. La mejor lección que nos da Colombia es que la guerra sólo genera más violencia, más pobreza y más odio.

Twitter: @lydiacachosi

*Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.

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