El presupuesto destinado al sector salud en el sureño estado de Chiapas imposibilita ofrecer una cobertura real y atender el embarazo y parto a más de 800 mil mujeres en edad reproductiva, reveló una investigación realizada por la especialista en mortalidad materna Graciela Freyermuth Enciso.
En el documento Imposible Disminuir la Mortalidad Materna e Infantil en el estado de Chiapas, la experta indica que los recursos impiden atender «a más de 800 mil mujeres en edad reproductiva tanto en comunidades rurales como urbanas y a los 100 mil partos que representan».
El estudio hace evidente que el Programa de Ampliación de Cobertura (PAC), implementado por la Secretaría de Salud, no proporciona una cobertura real y oportuna a embarazos normales y de alto riesgo debido al poco recurso que se le canaliza.
Freyermuth Enciso señala que esta situación demuestra que los estados con recursos per capita más bajos son también los que presentan las tasas más altas de mortalidad materna y perinatal como lo son Chiapas, Guerrero, Veracruz, México, Oaxaca e Hidalgo, pero además «estas entidades son las que cuentan con menos infraestructura per capita y, simultáneamente, con la proporción de atención per cápita más deficiente».
Integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Sureste (Ciesas) la experta asegura que «alrededor del 40 por ciento de los partos son atendidos en las instituciones de salud ya sea SSA, IMSS e ISSSTE y médicos particulares» lo cual arroja que al año solamente 40 mil mujeres contarán con atención médica o vigilancia de los Servicios Públicos de Salud».
A esa situación se agrega el hecho de que en las comunidades indígenas 90 por ciento de los partos son atendidos por parteras u otras personas y a que «la población beneficiaria del Programa de Ampliación de Cobertura (que atiende a población marginada), en su mayoría, se atiende en su domicilio».
La investigadora afirma que «si el gasto de la atención al parto normal no está contemplado en los recursos de la SSA, y además se tiene en cuenta el bajo monto que representa la atención materno-infantil en el marco del PAC se encuentra que hay una significativa cantidad de mujeres que carecen de atención médica durante el embarazo, el parto y el puerperio».
Esto además trae otras consecuencias como por ejemplo que el programa dependa «en gran medida del personal voluntario que aportan las comunidades -sean los auxiliares de salud o las parteras-«.
Concluye que el programa no consigue asegurar el cumplimiento de medidas indispensables para evitar la mortalidad materna o la perinatal -como el traslado al segundo nivel de atención en caso de complicaciones y la realización oportuna de transfusiones sanguíneas, impidiendo alcanzar una cobertura real de las mujeres embarazadas y una atención oportuna durante las complicaciones.
2003/VVS/MEL
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