Más de mil mujeres denuncian cada año haber sido violadas en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal de Argentina, según un informe de la Dirección Nacional de Política Criminal difundido por la prensa local.
María Elena Barbagelata, ex directora de la Dirección de la Mujer de la ciudad de Buenos Aires, dijo que la situación es todavía más grave si se tiene en cuenta que «sólo se denuncia el 10 por ciento de los casos».
Uno de los últimos y más dramáticos es el de una chica de 17 años que fue atacada al salir de la escuela en Coghlan, un barrio del norte de la capital federal, y que se encuentra internada grave en un hospital local.
El lunes pasado, un joven de 25 años fue condenado a 28 años de prisión por haber violado a 12 mujeres entre 1999 y 2001 en la zona norte de la provincia.
Para la ley argentina, la violación es un delito de instancia privada, es decir que es la víctima la que tiene que impulsar su investigación. Si no lo hace, el Estado no tiene la obligación de actuar por su cuenta.
«La violación es un ataque al cuerpo, a la sexualidad, a la persona en su integridad, dignidad y libertad», declaró la socióloga Silvia Chejter, directora del CECYM, al diario argentino Clarín.
El documento Violaciones y Abusos sexuales ¿Qué expectativas pueden tener las mujeres frente a la ley y la justicia? de CECYM, explica que los delitos sexuales son los que mayor grado de impunidad revisten, debido al bajo índice de denuncias.
El informe destaca el temor de la víctima a que se dude de su honestidad y la mayoría de las mujeres no quieren revivir la tragedia ante médicos, policías, fiscales y jueces.
En la escasez de denuncias influye la falta de información sobre los lugares de atención, el temor a las represalias, la convicción de que la mejor protección es el silencio, y la creencia de que es mejor olvidar el trauma.
Para dar una respuesta a este problema, desde noviembre de 2002, funciona el Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Delitos de Identidad Sexual.
En este plan trabajan la Dirección General de la Mujer, la Secretaría de Salud, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Procuraduría General de la Nación, encargada de instruir a las fiscalías sobre los casos de violaciones.
El programa cuenta con una línea telefónica en la que «se atienden 300 llamados al día, de los cuales 95 son por violencia familiar y sexual», contó Carmen Storani, de la Dirección de la Mujer.
«Lo que vemos es que muchas de las mujeres que llaman en realidad fueron violadas hace mucho tiempo y ni siquiera hicieron la denuncia. Lo que buscan es contención», concluyó Storani. El Centro de Encuentros Cultura y Mujer (CECYM) aseguró por su parte que en todo el país más de ocho mil mujeres son agredidas sexualmente cada año.
2003/MH/MEL
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