A cuatro años de que el gobierno mexicano suscribió el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, instrumento internacional que reconoció por primera vez en América Latina (AL) y El Caribe los derechos sexuales como Derechos Humanos, sigue sin garantizarle a mujeres y niñas el acceso a la salud sexual y reproductiva pese a que ha avanzado en la creación de leyes y estrategias enfocadas en este aspecto.
El Consenso, adoptado por 38 países de AL y el Caribe, en Uruguay durante agosto de 2013, es el acuerdo intergubernamental más importante firmado en la región en materia de desarrollo, pues posiciona a los derechos sexuales y reproductivos como prioritarios en el crecimiento de los países, como lo ha reconocido la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés).
Por la importancia de este instrumento más de 70 organizaciones civiles latinoamericanas, ocho redes regionales y dos universidades se dieron a la tarea de evaluar qué tanto han adoptado los compromisos del Consenso de Montevideo 18 de los países suscritos. México resultó calificado como el quinto con más leyes, políticas públicas y estrategias enfocadas en el cumplimiento de los derechos sexuales, pero asociaciones mexicanas denunciaron que éstas “quedan sólo en papel” y las principales afectadas son las mujeres.
Ayer en conferencia de prensa las organizaciones Mexfam, el Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), Católicas por el Derecho a Decidir y Balance Promoción para el Desarrollo y Juventud A. C presentaron los resultados de la evaluación, mismos que fueron publicados en la plataforma digital “Mira que te Miro”.
Entre los rubros evaluados están los “Derechos Humanos y laicidad” y “salud sexual y reproductiva”. Aunque en ambos México obtuvo puntajes del 87 y 74 por ciento respectivamente -en un rango de cero a 100 por ciento donde 100 se da a los países con más instrumentos gubernamentales enfocados en cumplir los compromisos del Consenso y transparentan la información sobre ellos- las mexicanas siguen enfrentándose a estereotipos basados en la religión y exclusión social cuando buscan ejercer sus derechos sexuales.
Esto señaló en entrevista con Cimacnoticias la defensora de los DH de Católicas por el Derecho a Decidir, Fátima Moneta, pues aun cuando la Constitución establece que México es un Estado laico, desde su organización han documentado la frecuencia con la que funcionarios públicos de los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) “violentan el carácter laico del Estado” y buscan “legitimidad a través de las creencias personales religiosas”.
Lo anterior, señaló, se ve reflejado en casos donde, bajo argumentos religiosos, se reformaron los códigos penales “para proteger la vida desde el momento de la concepción” o cuando en los servicios médicos a las mujeres se les niega ejercer sus derechos sexuales y no se les practica un aborto aun en casos de violación sexual, donde la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) protege el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo.
La responsable de la Unidad de Evaluación e Incidencia Política en Mexfam, Esperanza Delgado Herrera, agregó que la vigencia de marcos normativos de las entidades mexicanas que “protegen la vida desde el momento de lo concepción” violan los derechos sexuales de mujeres que arriesgan sus vidas al practicarse abortos inseguros, y ejemplificó el caso de Veracruz, en donde este año organizaciones civiles solicitaron a la Secretaría de Gobernación la emisión de una Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado por las violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres.
Para el ámbito de salud sexual y reproductiva el panorama es similar, dijo la secretaria técnica del OMM, Hilda Eugenia Argüello Avendaño, pues para erradicar la muerte materna en zonas rurales de Oaxaca y Chiapas siguen sin atenderse problemas básicos como la cercanía y disponibilidad de los hospitales públicos ya que en esos lugares las personas profesionales sólo laboran en turnos matutinos y de lunes a viernes.
La educación integral en sexualidad y la rendición de cuentas fueron los ámbitos peor calificados para México. El país obtuvo un puntaje de 42 por ciento en educación sexual, lo que lo posicionó en el lugar 10 de Latinoamérica y con una calificación de 43 por ciento en la rendición de cuentas ocupó el onceavo lugar de la región.
En cuanto a educación sexual las organizaciones concluyeron que los conceptos de salud sexual y reproductiva tienen 43 por ciento de la presencia que deberían tener en el programa de educación oficial para niñas y niños de 9 a 11 años de edad; mientras que los mismos conceptos están en sólo 21 por ciento del total del currículo educativo para los dos primeros años de secundaria (para personas de 12 a 14 años).
México, al igual que los otros países del Consenso de Montevideo, tiene como plazo el 2030 para cumplir con los compromisos suscritos. Para ello en 2015 la Cepal implementó una “Guía operacional” con el fin de que cada nación pudiera monitorear sus avances.
Desde entonces la Cepal y el UNFPA alertaron que el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva deberían ser prioridad para los países, pues calcularon que en AL y el Caribe 8 mil 800 mujeres mueren anualmente por causas relativas al embarazo o el parto y, denunció, la mayoría de muertes son por causas evitables.
17/MMAE/LGL
