El Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém Do Pará (MESECVI) insistió en que México debe armonizar su legislación con este instrumento internacional, sobre todo en la prohibición del uso de conciliación y mediación en casos de violencia contra las mujeres, prostitución forzada, violencia sexual conyugal, feminicidio, violencia obstétrica, trata de personas y violencia sexual en conflicto armado.
El Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres, mejor conocida como Convención Belém do Pará, se creó en 2004 con la finalidad vigilar que los 32 países que ratificaron el instrumento cumplan con la obligación de garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia.
En el caso de México, que entregó su informe, destacó los avances legislativos realizados para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. No obstante, las expertas que lo evaluaron consideraron que el gobierno mexicano debe armonizar las legislaciones estatales y diversas normativas federales conforme a la Convención de Belém Do Pará.
En México la falta de armonización y aplicación de la ley en materia de género es una observación constate que han hecho otros organismos internacionales como el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), señalan las expertas del MESECVI, por lo que hicieron hincapié en realizar estas reformas.
Otro indicador que evalúa el MESECVI es el presupuesto que destinan los países para alcanzar la equidad de género, erradicar la violencia y discriminación contra las mujeres. Sobre este rubro el Estado mexicano respondió que en 2016 destinó 25.8 millones de pesos. Dijo que entre 2010 y 2016 autorizó la inversión de 239.7 millones de pesos para la construcción y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres; y que en el sector educativo nacional se cuenta con un presupuesto etiquetado para acciones transversales para la institucionalización de la igualdad de género, que en 2016 ascendió a 3987.12 millones de pesos; y que en 2016 se invirtieron 18 millones de pesos para la difusión de campañas de comunicación para la prevención de la violencia.
En el análisis de estas cifras las expertas llaman la atención que el gobierno mexicano hable de presupuestos generales sin describir o especificar cómo se ejercen estos recursos, por lo que piden al Estado que evalúe las transferencias que se realicen de estos para garantizar que sean dispuestos a beneficiar a las mujeres y su derecho a una vida libre de violencia.
De acuerdo con la evaluación hecha por el grupo de expertas, México es de los países que menos recursos destina a combatir la violencia contra las mujeres ya que sólo invierte 0.030 por ciento del presupuesto público total.
En comparación, países como Ecuador, Costa Rica, Perú, El Salvador y Guatemala asignaron más recursos en la materia.
De la capacidad con la que cuenta el Estado mexicano para atender a las mujeres víctimas de violencia y generar política a favor de la equidad, el gobierno informó a las integrantes del Mecanismo que cuentan con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Centros de Justicia para las Mujeres, sexenalmente elabora el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y contempla en el Plan Nacional de Desarrollo, la igualdad de género como eje transversal.
No obstante, las expertas reiteraron en sus observaciones al Estado mexicano, que debe evidenciar el impacto que tienen estas instituciones, leyes y la aplicación de la Convención Belém Do Pará en la vida de las mexicanas.
Otra de las preocupaciones que manifiestan las expertas en su reporte de México es el acceso que tienen las mujeres a servicios de interrupción del embarazo, aunque el gobierno les aseguró que lo garantiza en todo el país en casos de violación y cuando la salud de las mujeres está en riesgo, organizaciones civiles quienes también tienen la oportunidad de aportar información al Mecanismo de Seguimiento para hacer contrapeso a las versiones oficiales, alertaron del alto número de casos de embarazo infantil en México.
Con base en los aportes de agrupaciones civiles las integrantes del MESECVI exhortaron al gobierno mexicano a no obstaculizar el acceso de las mujeres, sobre todo de las niñas menores de 14 años de edad, al aborto, y para que la objeción de conciencia no obstaculice este derecho toda vez que conocían del debate que terminó en la aprobación de la reforma para integrar el concepto en la Ley General de Salud en México.
CUMPLIMIENTO REGIONAL
Otros de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que participaron en esta tercera evaluación que comenzó en 2015 fueron Argentina, Antigua y Barbuda, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Uruguay, Venezuela, entre otros.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue adoptada en 1994 en Belém do Pará, Brasil, es un mecanismo internacional pionero que formalizó la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de sus Derechos Humanos. México ratificó el Convenio en 1998.
El MESECVI funciona en rondas de evaluación y de seguimiento, el Comité de Expertas elabora cuestionarios sobre las medidas adoptadas por los Estados parte del continente americano para hacer frente a la violencia de género. Cada gobierno llena estos cuestionarios y sirven como base para crear el informe nacional por cada país, donde las expertas exponen su evaluación y una serie de recomendaciones para fortalecer la implementación de la Convención.
Además con estos resultados crean un Informe Hemisférico de los que hasta ahora han emitido tres en 2011, 2014 y el último en 2017.
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