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Madres y padres de guardería ABC acudieron hoy a SCJN

Madres y padres de familia afectados por la tragedia en la guardería ABC del pasado 5 de junio acudieron hoy martes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para pedir que ésta ejerza su función de investigación en el caso donde perdieron la vida hasta el momento 48 niñas y niños.

Manifiestan que a la fecha han transcurrido veinticinco días de que sus niñas y niños perdieran la vida, debido entre otras a la corrupción de autoridades de todos los niveles.

Argumentan que esto se debió a la ambición desmedida de los propietarios de la guardería, cuya operación y explotación comercial les subrogó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que al mismo tiempo eran funcionarios del Gobierno del estado de Sonora, o tenían vínculos estrechos y/o de parentesco con el Gobernador o personajes encumbrados del partido oficial, y aún con la señora esposa del Presidente de la República.

También justifican su petición con base en la negligencia y falta de responsabilidad de los encargados de la protección civil del estado de Sonora y del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo.

Al disimulo, complicidad y protección que los gobernantes de Hermosillo, de Sonora y del país, han brindado siempre a los eternos beneficiarios de la riqueza común, es otra de las causas, dicen.

Agregan que en estos veinticinco días han esperado que las autoridades investigadoras, estatales y federales cumplieran con su deber de procurar una justicia pronta, completa e imparcial, tal y como ordena nuestra Carta Magna.

Pero en esos veinticinco días sólo han presenciado los esfuerzos que han hecho una y otra procuraduría, y unos y otros niveles de gobierno por culparse mutuamente y proteger a sus respectivos intereses, funcionarios y allegados.

No sólo han sido víctimas sus niños y niñas –más de doscientos, entre ellos 48 fallecidos, 75 con lesiones de diversos niveles de gravedad y el resto con secuelas de daño psicológico– “ni tampoco nosotros mismos, es la sociedad en su conjunto, quienes hemos resultado profundamente lastimados con los delitos”, verdaderos crímenes, cometidos desde el incendio, y que están siendo encubiertos desde el poder, exponen en la demanda.

LO QUE NO HAN HECHO LAS AUTORIDADES

Por todo eso, consideran que veinticinco días han sido más que suficientes para que los tres niveles de gobierno, los propietarios de la guardería, y específicamente las procuradurías, estatal y la General de la república, hubieran hecho lo siguiente:

Haber arraigado a todos los probables responsables, entre ellos, a los propietarios de la guardería, así como a los funcionarios del Seguro Social y de protección civil, para evitar que evadieran la acción de la justicia o buscaran inmerecidamente el amparo de la Justicia de la Unión, todo ello para evitar el encarcelamiento que se merecen.

Haber ordenado el aseguramiento de bienes de todas las personas directa o indirectamente responsables, para garantizar el pago de la reparación de los daños materiales y morales.

En su solicitud de ejercicio de la facultad de investigación prevista en el artículo 97 constitucional, consideran que la autoridad debió haber separado de sus cargos, así fuese en forma provisional para facilitar las indagatorias, a varios de los implicados.

Entre éstos, al Director del IMSS, a su antecesor inmediato, al Secretario de Hacienda del Gobierno del estado de Sonora, y sus subalternos directos. Y a todos los servidores públicos que por razón de sus funciones pudiesen resultar con algún grado de responsabilidad penal o administrativa.

Las madres y padres de familia afectados, arguyen que se debieron haber tomado las medidas preventivas para que ninguna de las personas responsables continuara realizando actividades de guardería, que ponen en peligro la vida de niñas y niñas.
Pero sobre todo, debieron ya haber consignado y puesto a disposición de un juez a todas las personas responsables directas e indirectas, de estos crímenes, opinan.

ANTE MINISTROS

Por todo lo anterior y por todo lo que debió hacerse, no se hizo, y temen no se hará, acudieron a la SCJN, a solicitarle que uno o más de las o los ministros hagan suyo el contenido de el escrito y proponga al Tribunal Pleno, ejercer la facultad prevista en el Artículo 97 de la Constitución.

Fueron recibidos por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente de la SCJN, y le solicitaron que ejerza su facultad de investigación sobre las posibles violaciones a las garantías individuales, ante la falta de confianza en las autoridades federales y estatales para castigar a los responsables.

Entregaron a Magayoitia documentos donde se explica la probable responsabilidad de funcionarios del Seguro Social, del gobierno estatal, encabezado por Eduardo Bours Castello y de las y los propietarios de la guardería ABC donde perecieron o resultaron lesionadas sus hijas e hijos.

Concretamente, pidieron a Ortiz Mayagoitia y a Genaro Góngora Pimentel que retomen la porpuesta de las madres y padres, que la presenten al pleno, para que se integre una comisión investigadora.

Y en caso de que el Tribunal acepte, designe a una o uno de sus ministros para que a la brevedad se traslade a Hermosillo a fin de que, in situ, ordene la práctica de las diligencias que estime pertinentes, tanto para preservar lo que sea posible de la escena del crimen, como para evitar el ocultamiento o destrucción de evidencias documentales en poder de las autoridades de los distintos niveles.

Y finalmente, que en caso de que se ejerza la facultad investigadora solicitada, se emita la resolución correspondiente definiendo los distintos grados de responsabilidad que devinieron en violación grave de derechos fundamentales en perjuicio de sus hijas e hijos, de ellos mismos y de la sociedad en su conjunto.

09/SNE/GG

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