En la capital española, casi 59 mil personas son desempleadas de larga duración -es decir que llevan más de dos años en el desempleo- y, de ellas, 70 por ciento son mujeres. De hecho, la mayoría de los participantes en iniciativas de inserción también son mujeres.
Este es el reporte de la Asociación Madrileña de Entidades y Empresas de Inserción (AMEI), la cual acaba de presentar una investigación sobre las iniciativas sociales de inclusión social y laboral en la Comunidad de Madrid.
«El estudio no sólo analiza, sino que critica y propone con especial mención de la administración pública como responsable del bienestar de los ciudadanos», destaca Miguel Ángel Martínez, presidente de AMEI, de acuerdo con información de Canal Solidario.
El estudio se centra en la actividad, la evolución y las dificultades de las empresas de inserción laboral, sector a través del cual han encontrado empleo en el último año más de 5 mil personas, aunque se trata de trabajos inestables y temporales en los que las mujeres, principalmente, son las más vulneradas.
Gran parte de las empresas e iniciativas analizadas en el estudio se dedica a la producción y comercialización textil (recuperación de ropa para su posterior venta), pero la mayor parte de las empresas de inserción laboral se dedican principalmente a la hostelería, servicios generales, mantenimiento de locales y edificios, servicio doméstico, la construcción y el cuidado de personas. En varios de estos ámbitos se ocupa mano de obra de mujeres.
El estudio de AMEI también indaga los nuevos yacimientos de empleo y los huecos de mercado para que sirvan de referencia a las empresas de inserción. Los sectores que se encuentran en mejor momento son la hostelería, la industria de la alimentación y el comercio.
Sin embargo, la investigación también señala que los servicios sociales de ayuda a domicilio y la atención a personas dependientes y más vulnerables: mujeres, niñas, niños y ancianos, experimentará un crecimiento importante en los próximos años.
DESVENTAJAS DEL MERCADO COMPETITIVO
Las empresas de inserción llevan años pidiendo un marco normativo que regule su actividad y reconozca las desventajas con las que trabajan en el mercado. De momento, sólo han sido las comunidades autónomas -y no todas- las que han aprobado normas en este sentido.
Por ello, para Miguel Ángel Martínez, presidente de AMEI, las prioridades son el reconocimiento normativo y la potenciación del trabajo en red, así como el intercambio de buenas prácticas laborales con el fin de poder trabajar en un mercado en el que las empresas de inserción tienen importantes desventajas. Martínez señala las siguientes:
El acompañamiento que hay que hacer de cada trabajador supone un costo añadido de 1.400 euros al año por trabajador; asimismo, cada trabajador tiene que recibir una formación cuyo costo asciende a 425 euros anuales.
A estos datos cuantitativos, se añaden factores más difíciles de calcular, como el hecho de que estas personas tienen, lógicamente, una productividad más baja, pero cuando logran una productividad alta, se van a la empresa ordinaria.
Para la administración pública, en cambio, las ventajas son grandes. Una persona que pasa de la exclusión a la incorporación al mercado laboral supone un ahorro para la administración de 15 mil 500 euros al año, pues ya no requiere algunos de los servicios sociales que ésta ofrece.
05/YT
