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Magdy Martínez Solimán, avala demanda de mexicanas ante CIDH

Por Paulina Rivas Ayala

Magdy Martínez Solimán, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México, respaldó la decisión de las 860 mujeres que demandaron al estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por discriminación y violencia institucional ejercida a partir de las reformas de los estados en materia de interrupción legal del embarazo, que violan los acuerdos internacionales que México ha firmado para proteger los derechos de las mujeres.

En conferencia de prensa organizada por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en conjunto con la asociación Litiga OLE, Martínez Solimán opinó que las reformas aprobadas a las constituciones locales para proteger la vida desde el momento de la concepción/fecundación, limitan los derechos de las mujeres y son un riesgo para la salud, sobre todo de las más pobres, pues las orillan a practicarse abortos clandestinos que son la cuarta causa de muerte en el país.

Las peticiones a la CIDH, avaladas por GIRE y Litiga OLE, se sustentaron en la Convención Americana de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a la existencia digna para elegir el proyecto de vida, a la integridad personal, a la vida privada que se relaciona con las libertades de conciencia y pensamiento e igual protección ante la ley sin distinción alguna.

También, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Belém do Pará), firmada y ratificada por México, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, incluida la institucional.

En ese sentido, explicaron, la CIDH deberá decir si acepta las demandas de las mujeres mexicanas

En la conferencia que se celebró hoy en Casa Lamm, María Luisa Sánchez Fuentes, directora de GIRE explicó que las peticiones de las mujeres son esfuerzos ciudadanos ante la fuerza del Estado que ha sido impuesta para que no tengan conocimiento sobre lo que dicen las reformas que les niegan el derecho a decidir sobre su cuerpo.

En las peticiones las mujeres argumentan que no existen medios idóneos para que puedan tener garantías frente a los ataques a sus derechos humanos y que las instancias facultadas para hacerlo, no tienen compromiso para defenderlos. Por ese motivo recurren a la justicia internacional.

En su oportunidad, Diana Ibarra, coopeticionaria del estado de Quintana Roo, habló sobre las reformas de su localidad y externó que los medios de comunicación fueron silenciados cuando se dio a conocer la reforma, y avalaron la impunidad que viola los derechos de las mujeres.

Compartió con el auditorio que una de las consecuencias de la reforma que se aprobó en Quintana Roo se pudo ver en el municipio de Playa del Carmen, ya que en las farmacias, piden receta médica para venderles anticonceptivos de emergencia.

En la conferencia, se informó que de las 860 mujeres demandantes 43 son de Colima, 120 de Morelos, 176 de Sonora, 27 de Quintana Roo, 57 de Guanajuato, 274 de Durango y 163 de Puebla, este último estado estuvo representado por Marco Antonio Moreno, mientras que Sonora por la coopeticionaria Claudia Robles, ambos condenaron las reformas a sus leyes locales que condenan la interrupción del embarazo.

09/PRA/LGL

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