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Manipulado y oscuro el caso de Ernestina Ascencio

Por María de la Luz Tesoro

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ratificó hoy su versión de que la señora Ernestina Ascencio, falleció a causa de una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas pépticas agudas y exoneró a los elementos del Ejército Mexicano involucrados en el hecho, al afirmar que la indígena náhuatl “no fue víctima de una violación ni de un ataque”.

Para la CNDH, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) actuó irregularmente al instalar el campamento militar en la comunidad donde vivía la señora Ascencio Rosario, de manera contraria a la legislación castrense; y diversos militares se negaron a colaborar con las investigaciones del Ministerio Público, sin recibir sanción.

Doña Ernestina Ascencio Rosario murió en febrero pasado como consecuencia de una violación tumultuaria presuntamente a manos de militares, en la Sierra Zongolica, Veracruz, región donde en los meses siguientes fueron asesinadas otras dos mujeres, líderes de la comunidad.

Respecto a este caso, según la CNDH, la Sedena emitió diversos comunicados de prensa que confundieron más a la opinión pública al contener información incierta y no comprobable.

En tanto, en conferencia de prensa dictada en la Cámara de Diputados alrededor del medio día, las diputadas federales Maricela Contreras Julián y Alliet Bautista sostuvieron que el caso de la señora Ernestina Asecensio está “muy manipulado y oscuro”, lo cual tiene que ver con intereses políticos, lo que amerita señalaron “es el esclarecimiento de un delito y fincar la responsabilidad a los presuntos responsables”.

Las intromisiones de las diferentes instancias y las declaraciones a priori marcaron la ruta. Al convertirse en médico legista Felipe Calderón y dar un diagnóstico marcó la ruta que siguió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el gobierno de Veracruz, enfatizaron las diputadas perredistas.

Maricela Contreras y Alliet Bautista calificaron como grave que la CNDH no haya hecho ninguna recomendación acerca de este caso, con todo y que hay un antecedente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) contra Felipe Calderón.

“Toda vez que él puso sobre la mesa el manejo político del caso para exonerar a los responsables, presuntos miembros del Ejército Mexicano que tuvieron que ver, además de que hubo presiones de carácter político para que los funcionarios del estado de Veracruz cambiaran sus versiones”, indicaron.

RECOMENDACIONES

Al dar a conocer esta mañana los puntos de la recomendación 34/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el Caso de la señora Ernestina Ascencio Rosario, el ombusdman nacional, José Luis Soberanes, destacó el papel de Felipe Calderón.

“Hemos comentado que tres días antes de que el Presidente de la República hablara de ello, ya estaba el dictamen de los médicos militares, pero yo no voy a ser quien defienda al Presidente de la República, no me toca justificar su actuación, él ya está lo suficientemente grandecito para justificar sus propias actuaciones, y no necesita ni quiero justificarlo a él”.

Soberanes aclaró que “el Presidente de la República solamente es responsable por traición a la patria y por delitos graves del orden común, nosotros en términos generales no podemos enviarle al Presidente de la República recomendaciones. La única recomendación que se le ha enviado como jefe de la República es la que envié yo con motivo de la guerra sucia, es el único caso que se le ha envidado, dado a la importancia y trascendencia del asunto”.

Las legisladoras Alliet Bautista y Maricela Contreras indicaron que los que tendría que estar encabezando las recomendaciones son Felipe Calderón y el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán; y no descartaron que habrá “chivos expiatorios”.

Asimismo, preguntaron “por qué no recomendar que se abra el caso y que se hagan las investigaciones correspondientes a fondo; no hay ninguna recomendación en torno a un principio fundamental que es la presunción del delito, en el caso de violación.

“Por qué no hay una recomendación a todas las testimoniales que se presentaron, porque no hay una testimonial a fondo. Nosotras planteamos, quién investigará y quién sancionará a la CNDH por la irresponsabilidad de mostrar a los medios de información las imágenes de la necropsia practicada, y por la difusión de las investigaciones efectuadas, a través de su página de internet, antes de que concluyera el caso”.

Para la diputada federal Valentina Batres Guadarrama la recomendación número 34/2007 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre el caso Ernestina Ascencio Rosario, prueba la actitud servil de José Luis Soberanes con Felipe Calderón, además de calificarla de burda y parcial.

Batres Guadarrama manifestó que afirmar que no hubo violación sexual ni que su deceso fue producto de homicidio, es imperdonable.

Soberanes, dijo, utilizó la institución para la contención del problema político que se desencadenó en torno al Ejército Mexicano, principal brazo operativo del señor Calderón.

“El único propósito de Soberanes era encubrir las constantes violaciones de derechos humanos en las comunidades indígenas que el Ejército ha venido realizando impunemente, con esa recomendación se protege a los violadores de los derechos humanos y no a los que la padecen”, concluyó la perredista, Valentina Batres Guadarrama.

RAPETURA DEL CASO, FEMINISTAS

Tras exigir la reapertura del caso de doña Ernestina, “para que se realice una auditoria a las investigaciones de todas las instancias, y peritajes independientes, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio manifiestó que cómo reconoce la propia CNDH, autoridades de los tres órdenes de gobierno entorpecieron la búsqueda de la justicia, “pero eso debe incluir la propia actuación de la presidencia de la Comisión”.

Esto en respuesta a la recomendación 34/2007 emitida hoy por la CNDH, ya que “aún sin contar con los elementos periciales, contribuyó a incertidumbre al hacer declaraciones francamente contradictorias con su mandato de proteger los derechos humanos de las víctimas”, señala en un boletín.

Respecto al papel del Ejercito el Observatorio considera que “la recomendación reduce la responsabilidad del Ejército a la emisión de comunicados de prensa, y no hace mención de la actuación del Ministerio Público Militar, que tomó muestras orgánicas, evidencia y jamás presentó un informe del caso. Ni se recupera la información, difundida por el Ejército, sobre militares en arraigo por este caso”.

Tampoco “hace mención a la ruptura en la cadena de custodia de la evidencia en los primeros días de la investigación, misma que no permitió contar con la materia orgánica que originalmente –según se asentó en el acta del legista– fue tomada del cuerpo y la ropa de Ernestina Ascencio Rosario”.

Destaca que la recomendación abunda que “?sin duda alguna en las investigaciones oficiales se presentaron irregularidades graves en todas las instituciones involucradas ?gobiernos municipal, estatal y federal ?, en algunos casos por descuido o impericia, pero en otros por dolo y mala fe”.

En estas irregularidades están, según el Observatorio, la omisión negligente de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia Contra las Mujeres (Fevim) de la PGR y la indebida intervención de la CNDH en funciones de ministerio público.

Motivo por el que el Observatorio exige la reapertura del caso, “para que se realice una auditoria a las investigaciones de todas las instancias, y peritajes independientes ?probablemente a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense que ya se encuentra trabajando en México”.

Hasta en tanto lo anterior no suceda, subraya, no se sabrá con la certeza que exige el derecho a la verdad y el derecho a la justicia establecidos en la Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la Acción con el Fin de Combatir la Impunidad, incluidos en el informe de 1997 del Relator Especial sobre la Cuestión de la Impunidad de la Organización de las Naciones Unidas.

07/MLT/CV

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