La Procuradora Especial de la Niñez, Norma Moreno Silva, hizo un llamado a los diputados y al gobierno para mantener la figura del aborto terapéutico en la legislación penal nicaragüense, en medio de las presiones de grupos religiosos que piden se elimine.
«El aborto terapéutico también es un derecho de las niñas y adolescentes, aunque únicamente se ha vinculado a las personas adultas, porque permite que ellas no sean sometidas a un embarazo forzoso, considerado por la comunidad internacional como un crimen de lesa humanidad», manifestó Moreno.
Según la funcionaria, la figura del aborto terapéutico puede garantizar que una niña discapacitada que fue violada no sea sometida a un embarazo forzoso y recordó el caso de la niña «Rosa» que fue violada en Costa Rica en 2003 y que marcó un hito en la historia del país, ya que los médicos manifestaron que su vida estaba en riesgo si se le sometía a un embarazo forzoso.
«Aunque reconocemos que las Iglesias son un poder, es importante que se legisle conforme al principio constitucional del Estado laico, respetando el interés superior del niño y la niña que ha sido violentada sexualmente», dijo.
Esto implica que en las actuaciones que tomen todas las instituciones públicas, empresa privada y el parlamento nicaragüense que ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, tiene que privar este principio.
La funcionaria dijo que el Estado debe garantizar protección especial a las niñas y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar y sexual a través del Ministerio de la Familia.
Consideró que la Iglesia Católica desarrolla una campaña de manipulación y desinformación. «Es absurdo que manifiesten que 100 niños son abortados diariamente».
«Hay una traba en el Derecho canónico en la Iglesia, para proteger a quienes ejercen ese poder abusivo. Ellos hacen su propia investigación y no remiten a los sacerdotes abusadores sexuales a las autoridades competentes como la Policía Nacional y el Ministerio Público para que se encarguen del proceso de investigación judicial.
Moreno Silva subrayó que «la Iglesia es cómplice de los delitos sexuales» y recordó que en Matagalpa el Movimiento de Mujeres ha denunciado a pastores y sacerdotes abusadores sexuales, pero lo que han hecho es trasladarlos de parroquia o iglesia, pero no los han sancionado con privación de libertad.
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