En la audiencia estuvieron presentes abogadas de CEJIL, quienes representan a los beneficiarios de las medidas; Leonel Rivero, beneficiario de las mismas; Florentín Meléndez, Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Mario López, abogado de dicho organismo internacional.
Los representantes del Estado mexicano presentes en la audiencia fueron: José Ignacio Martín del Campo y Armando Vivanco Castellanos, ambos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y Fernando Coronado de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Según el comunicado de Cejil, los representantes del Estado mexicano informaron en la audiencia que se habían implementado medidas para proteger la vida de estas personas como: escoltas de seguridad, circuito cerrado de televisión, entrega de teléfonos celulares, rondines y señalaron que se han llevado a cabo las investigaciones de forma exhaustiva para encontrar y sancionar a los responsables de las amenazas e intimidaciones que han sufrido los beneficiarios.
Agrega, por otro lado, que los representantes de los beneficiarios señalaron que las investigaciones por las amenazas e intimidaciones contra los beneficiarios de las medidas provisionales han quedado en la impunidad, «ya que invariablemente el Ministerio Público ha determinado el no ejercicio de la acción penal».
También indicaron que las amenazas y hostigamientos persisten contra algunos de los beneficiarios, entre los que se encuentran seguimientos y toma de fotografías en lugares públicos. Además reportaron que el hecho de que dos de los escoltas de uno de los beneficiarios hayan sido asesinados, debería ser objeto de análisis de la Corte para evaluar la situación de riesgo.
Para CEJIL la seguridad brindada por el Estado ha sido proporcionada de forma irregular y en condiciones que no garantizan la protección de los beneficiarios, por lo que las abogadas reclamaron que «se haya levantado las medidas provisionales de manera unilateral por 7 meses, poniendo en riesgo la vida e integridad personal de los defensores e incumplimiento el mandato del Alto Tribunal Interamericano».
Esta situación fue analizada por la Comisión que además emitió un informe al respecto en el 2006. Dentro de las recomendaciones que hizo la CIDH destaca la adopción urgente de medidas efectivas para proteger la vida y la integridad física de las defensoras y defensores de derechos humanos que se encuentran amenazados, y que estas medidas sean decididas en consulta con estos últimos.
Próximamente la Corte Interamericana emitirá una resolución con base en los argumentos proporcionados por las partes en esta audiencia, en la que decidirá sobre el mantenimiento de las medidas provisionales en cuestión, concluye Cejil.
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