Manto de discriminación sobre las indígenas y afrodescendientes

Las mujeres latinoamericanas, indígenas y afrocaribeñas hicieron escuchar su voz en la Primera Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se celebra del 12 al 15 de agosto en esta capital uruguaya, para demandar atención a problemáticas diversas, que van desde la seguridad ciudadana hasta la atención a la salud de las mujeres.
 
En el primer día de actividades, Naciones Unidas hizo un balance sobre los avances y desafíos en la implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), realizada en El Cairo, en 1994, mientras que las mujeres aprovecharon la oportunidad para dar un posicionamiento sobre sus demandas y exigencias.
 
El balance oficial estuvo a cargo de representantes del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), un organismo que parte de la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y de la Oficina Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
 
Por su parte, las agrupaciones no gubernamentales y feministas se aglutinaron en la “Articulación de Organizaciones de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe Cairo+20”, cuya representante, la nicaragüense Dorotea Wilson, leyó un pronunciamiento para demandar que se trabaje en una agenda regional de igualdad de género.
 
En su discurso ante las delegaciones oficiales, las y los activistas y líderes de 30 países de la región, Wilson señaló que siguen demandando a los Estados la despenalización del aborto, fortalecer el principio de laicidad, garantizar el goce de los derechos sexuales y reproductivos, y afirmó también que las mujeres continuarán con su lucha contra el racismo y la violencia de género.
 
En entrevista con Cimacnoticias, Wilson –quien también es representante de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas– dijo que es un momento ideal para señalar que todavía falta visibilizar a las mujeres, en especial a las indígenas, rurales y afrodescendientes, porque –aseguró– hay países que no consideran que su población es multiétnica y pluricultural.
 
“No hay estadísticas, y si no hay estadísticas desagregadas por sexo, etnia y raza, no existimos y no se implementa política pública para favorecer a esta parte de la población”, advirtió.
 
A decir de la activista, ex monja, ex guerrillera y feminista, en Nicaragua hay una ley de autonomía y una de marcación territorial, lo que indica que en cada país hay avances. Sin embargo señaló que se deben mencionar los retrocesos o los casos donde los Estados no han implementado los compromisos adquiridos a nivel internacional.
 
Otras mujeres por su parte hicieron ver que en sus países hay diversos temas que demandan atención. Por ejemplo, Norma Karina Santos, activista de Guatemala, señaló a esta agencia que poco a poco se han bajado los índices de discriminación, pero aún hoy persisten obstáculos para que las mujeres consigan un empleo remunerado, por decir algo.
 
Pero aseguró que la particularidad de Guatemala es que las mujeres quedan atrapadas en medio de las políticas de seguridad que buscan atacar la criminalidad, y los grupos de narcotraficantes que se esfuerzan por expandir sus mercados de consumo, lo que ha derivado en un mayor número de mujeres víctimas de violencia y drogadicción.
 
Por su parte, la activista de Panamá Urenna Bes dijo a Cimacnoticias que en su país hubo conquistas en normas legislativas para combatir la violencia intrafamiliar, pero la ley no basta para erradicar este problema. Agregó que lo que marca a las panameñas es la pobreza de su país.
 
En aquella región las mujeres no tienen recursos económicos para sobrevivir, y además las afrodescendientes e indígenas son las más afectadas. Por ejemplo –explicó– aunque hay una norma para asegurar que en los ministerios y el Congreso haya un mínimo de 30 por ciento de mujeres, la cuota no se cumple y ni siquiera se toma en cuenta a las afropanameñas.
 
En tanto, Dirk Jaspers, director del Celade, mencionó que son numerosos los asuntos pendientes relativos al capítulo de Igualdad de Género del Programa de Acción de 1994. Entre estos, dijo, están la persistencia de la desigualdad de género, que sigue expresándose en múltiples facetas como la violencia contra las mujeres y su expresión máxima: el feminicidio.
 
Jaspers agregó que además hay una inacción frente al aumento de la sobrecarga femenina de trabajo por la doble jornada laboral (remunerada y no remunerada), y la pasividad frente a la ausencia masculina en el trabajo no remunerado, además de los sesgos de género de muchas políticas públicas, que tienden a reproducir la división sexual del trabajo.
 
13/AGM/RMB