La involución de garantías individuales que sufre México ha quedado constatada una vez más con la persecución gubernamental contra el cantante Manu Chao a raíz de sus declaraciones a favor de los presos políticos de Atenco.
El secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont pretende aplicar el Artículo 33 al cantante francés y ha ordenado investigarlo, simplemente por hacer uso de su derecho a la libertad de expresión y criticar al gobierno de Felipe Calderón acusándolo de utilizar el «terrorismo de Estado».
Para Manu Chao, lo que pasó en Atenco fue nada más y nada menos que «terrorismo de Estado» un crimen de lesa humanidad que no prescribe y que puede comprobarse fácilmente en la cuestionable detención de 12 personas que permanecen en la cárcel después de tres años, con penas estratosféricas (como 600 años de cárcel) que hablan por sí mismas del abuso de Estado.
Los presos de Atenco son presos políticos. En México parecía que esa figura delincuencial había desaparecido, pero con Calderón se ha recuperado una de las violaciones de derechos humanos más recurrentes en regímenes cuyas democracias son débiles y sus presidentes se valen de Ejército para legitimarse.
Tal vez el señor Gómez Mont desconozca que existe desde hace meses una Campaña Nacional e Internacional por la Libertad y Justicia para los presos políticos de Atenco. Grandes personalidades e intelectuales como el cantante Manu Chao se han sumado con su firma para difundir las barbaridades cometidas por el régimen calderonista en materia de derechos humanos.
La voz de Manu Chao abogando por la libertad de los presos políticos de Atenco es una voz colectiva, un sentimiento de estupefacción compartido por miles de personas no solo de México, sino de otros países, que reprueban el ostentoso abuso de poder contra los oponentes del actual gobierno.
El terrorismo de Estado en México es una realidad: existe en los cientos de denuncias ciudadanas contra el Ejército; existe en las mujeres violadas por soldados; existe en la impunidad de los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas; existe en el fuero de justicia militar.
También existe en el acoso cotidiano contra los activistas sociales; existe en las ejecuciones extrajudiciales; existe en la tortura practicada por las fuerzas de seguridad contra sospechosos o presuntos delincuentes; existe en los 557 desaparecidos; existe en los 65 desaparecidos del gobierno foxista; existe en el medio centenar de desaparecidos del calderonismo.
Así como en el Grupo Central de Atención a la Subversión creado por Calderón fuera de la reglamentación de la Ley de Seguridad; existe en el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF) perteneciente al Ejército Mexicano creado por decreto del presidente, cuyo funcionamiento depende directamente de él y técnicamente de la Secretaría de la Defensa Nacional…
Todo uso del poder gubernamental bajo métodos ilegales que afecte a la población civil con el propósito de inducirle medio, es terrorismo de Estado. Toda coacción o persecución ilegítima. Todo cuerpo paramilitar o parapolicial. Todo grupo especial armado para combatir a «la subversión» al margen del escrutinio del Congreso o el Senado.
Todo terror provocado por el Ejército contra la población indefensa. Todas las organizaciones secretas creadas por el presidente y financiadas con el erario público por encima de la vigilancia ciudadana. Todo crimen cometido bajo la justificación de la «razón de Estado». Todos los presos detenidos por ser opositores. Toda guerra sucia contra quienes no piensan igual que los gobernantes en turno…todo lo anterior es terrorismo de Estado y en México existe actualmente.
Por tanto, las razones del señor Gómez Mont para investigar a Manu Chao son injustificadas. Al cantante no se le puede aplicar el Artículo 33 por decir la verdad durante la celebración del Festival de Cine de Guadalajara. Tampoco se le puede investigar por hacer uso de la libertad de expresión, un derecho de las y los mexicanos y las y los extranjeros; un derecho consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos ratificada por México el 3 de febrero de 1981.
Gómez Mont debe respetar los acuerdos internacionales, en este momento particularmente, el Artículo 13 que consagra la Libertad de Pensamiento y de Expresión: «Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección».
Hay que reconocer que la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de información, son tres derechos despreciados por el Ejecutivo. El asesinato y la desaparición de periodistas son cotidianos en México, considerado durante su mandato, como el segundo país más peligroso para ejercer nuestra profesión. Y no es de extrañar que ahora persiga a quienes hacen uso de estos derechos.
El terrorismo de Estado mexicano tiene una larga historia. Y a Calderón en esta tarea, le preceden grandes exponentes como el ex presidente Luis Echeverría, recién exonerado durante su mandato. Otra vez, la razón de Estado por encima de la legalidad.
* Sanjuana Martínez, es periodista de investigación freelance, autora de varios libros, el último «Prueba de fe. La red de cardenales y obispos en la pederastia clerical» (Editorial Planeta).
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