Maquinaria judicial mantiene en la cárcel a Clara Tapia

La semana pasada parecía decisiva para la libertad de Clara Tapia Herrera, presa injustamente por corrupción de menores, pero un fallo del TSJDF la mantendrá en prisión.
 
Desde hace dos años, Clara Tapia Herrera es acusada de violencia intrafamiliar y corrupción de menores contra sus dos hijas e hijo, y de ser cómplice de Jorge Antonio Iniestra Salas, conocido como el “Monstruo de Iztapalapa”.
 
El 6 de septiembre de 2011 la PGJDF detuvo a Iniestra Salas tras la denuncia de Clara, en la que lo acusó de violar y secuestrar a sus dos hijas, y de golpear y obligar a trabajar a su hijo.
 
Ese mismo día las autoridades llamaron a Clara para pedirle que fuera a reconocer a los detenidos. Cuando ella se presentó fue arrestada como cómplice de Iniestra Salas. Desde entonces está recluida acusada de corrupción de menores, primero en el penal de Santa Martha Acatitla y actualmente en el Centro de Readaptación Femenil de Tepepan, al sur del DF.
 
Durante la detención no se informó de qué se le acusaba y los funcionarios judiciales la expusieron ante los medios de comunicación afirmando que “Clara vendía a sus hijas a su secuestrador a cambio de que él no la dejara”.
 
Ante estas irregularidades, los abogados Karla Micheel Salas y David Peña, integrantes de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) tomaron el caso.
 
Durante el proceso, los abogados encontraron que las únicas pruebas para inculpar a Clara eran las primeras declaraciones de sus dos hijos (su hija menor fue asesinada por Iniestra Salas en 2009), y un peritaje psicológico en el que se decía que ella era “mala madre” porque conocía los hechos, y no hizo nada para evitarlos.
 
Sin embargo más tarde, y después de terapia psicológica, los hijos de Clara ampliaron su declaración y señalaron que su madre siempre los cuidó y que no estaba enterada de los abusos. Incluso relataron que ella debía aportar todo su dinero porque Iniestra amenazó con matarlos.
 
El agresor hizo creer a las niñas que la relación era “normal” y las obligó a no decir nada a su madre; además –según declaraciones de todas las víctimas, contenidas en el expediente– las niñas y su madre vivían amenazadas, ya que el agresor les tenía prohibido cualquier tipo de comunicación.
 
Con estos indicios, en febrero de 2013 los abogados de la ANAD presentaron un “incidente de desvanecimiento de datos” ante el Juzgado 64 Penal. A través de este recurso, la defensa de Clara argumentó que durante el proceso se encontró que las pruebas que sirvieron para acusarla ya no existían.
 
A finales de febrero pasado, el juez Casiano Carlos Morales García notificó que era improcedente la libertad por desvanecimiento de datos, porque las consideraciones presentadas por la defensa serían analizadas cuando se emitiera la sentencia.
 
Ante la negativa, los abogados se inconformaron ante la Sala Octava del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), instancia que se mostró interesada en resolver el caso porque era de “trascendencia y alto impacto social”.
 
Sin embargo, el pasado 7 de agosto las magistradas Irma Guadalupe García Mendoza y Rosalinda Sánchez Campos, y el magistrado José Guadalupe Carrera Domínguez, confirmaron la decisión del Juzgado 64 Penal, por lo que Clara deberá continuar el proceso en prisión hasta que se le dicte sentencia.
 
No obstante, Karla Micheel Salas y David Peña recordaron que la naturaleza del incidente por desvanecimiento de datos es evitar que una persona acusada de un delito permanezca en la cárcel de manera injusta. El Código de Procedimientos Penales del DF explica que es una figura para obtener la libertad sin llegar a la sentencia.
 
Con la resolución de la Sala Octava del TSJDF, Clara deberá continuar el proceso en prisión y esperar hasta que el juez haya recogido todas las pruebas para que analice su fallo, y decidir si queda en libertad o es condenada a prisión.
 
El fallo del TSJDF se dio pese a que un grupo de feministas pidió en una misiva a los magistrados que emitieran una decisión con enfoque de género, y consideraran que Clara es una mujer que ha sido víctima de violencia extrema junto a sus hijas e hijo.
 
Entre las firmantes de la carta están la española y experta en violencia de género Soledad Murillo; la consultora de Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuencia, Roxana Arroyo, y la jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, María Eugenia Solís García.
 
Según las feministas, era importante valorar la situación de Clara como víctima sobreviviente y no como cómplice de su agresor, pues en el proceso se demostró su inocencia, toda vez que “se desvanecieron las pruebas” que justificaron su encierro.
 
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