La contradicción entre las leyes de salud y que protegen a las adolescentes en El Salvador, agrava aún más la violencia contra los derechos reproductivos de las mujeres en un país que penaliza todos los tipos de aborto.
«El principal problema es la aplicación de las leyes; chocan unas con otras: si aplicamos la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia tenemos que respetar la identidad de las jóvenes que llegan a los centros de salud, pero según el Código de Salud debemos registrar a quienes se practicaron un aborto y denunciarlas; eso va contra la ética profesional», dijo una médica del sistema de salud salvadoreño que pidió el anonimato durante un foro realizado en la Universidad Nacional.
Organizaciones civiles que demandan la despenalización del aborto convocaron a un debate en esa institución educativa con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el que activistas y jóvenes universitarios opinaron sobre el tema.
«Hay diversas formas de violencia hacia las mujeres; generalmente nos enfocamos en las formas físicas, pero también la violación a nuestros derechos es una forma de violencia a la que nos vemos sometidas constantemente. En el caso del aborto lleva a las mujeres incluso a la cárcel», expuso la estudiante Liseth Hernández.
Desde 1997 los abortos terapéutico, ético y eugenésico están penalizados en El Salvador, luego de la reforma al Código Penal con la que se criminaliza a las mujeres que se provocan un aborto o dan consentimiento a otra persona para que se los practique.
Asimismo la legislación salvadoreña castiga a doctores, proveedores de salud y aquellas personas que induzcan a una mujer o le faciliten los medios económicos para que aborte. También se sanciona a quienes sin intención causen un aborto.
La interrupción del embarazo está prohibida aun en los casos en que sea necesaria para salvar la vida de la mujer.
Las penas para las mujeres van de dos a ocho años de prisión, pero pueden aumentar hasta 30 años si las autoridades judiciales equiparan el aborto con el delito de homicidio agravado. Las y los profesionales de salud pueden alcanzar penas de entre seis y 12 años de cárcel, además de la inhabilitación profesional.
«Muchas veces hay que evitar incluso colocar la palabra aborto dentro del control del sistema de salud; los clasificados como espontáneos están sujetos a revisión por parte del Ministerio (de Salud). Qué mayor violencia para las mujeres que ser condenadas a la cárcel por un aborto espontáneo», acusó la doctora que por su seguridad prefirió no identificarse.
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