El actual proceso electoral en Guerrero se caracteriza por una intensa competencia entre las principales fuerzas políticas de la entidad. Y aunque los distintos sondeos le dan una ventaja favorable al candidato de coalición Guerrero Será Mejor -PRD, PCD y PRS- Zeferino Torreblanca Galindo, se anuncian reclamos y posibles confrontaciones que pueden derivar en conflictos e inestabilidad política.
Las circunstancias que hoy se presentan pueden significar un paso fundamental para consolidar la institucionalidad y la transición democrática en el Estado. Sin embargo, los avances que ha logrado la sociedad mediante la construcción de instituciones cada vez más confiables, pero sobre todo de una ciudadanía más educada e informada, nos obliga a todos –políticos, funcionarios y ciudadanos- a cuidar escrupulosamente este proceso de cambio.
Guerrero está instalado en los últimos lugares del desarrollo nacional, identificado en el país por sus altos índices de marginación, desigualdad, pobreza, violencia, enfermedad e ignorancia, pero tiene la oportunidad de transitar a un nuevo estadio de desarrollo que lo incorpore a los estándares que exige siglo XXI, lo cual dependerá del desenlace de estos comicios electorales.
No se puede permitir de ninguna manera que se engañe a la población, no se pueden utilizar programas sociales para presionar a los guerrerenses de menores recursos y zonas marginadas a favor de algún candidato.
Las mañas tradicionales de los gobiernos priistas se arrecian cuando se ven perdidos y, en Guerrero es el caso, no desde ahora sino desde que la competencia electoral subió de tono en la década de los 80, para ser precisos en 1985 cuando la Unidad Popular Guerrerense le disputo la mayoría de los ayuntamientos.
Hoy es distinto, porque ya los ciudadanos ha aprendido a ejercer su voto con libertad, a pasar de los amagos. Por eso el PRI le apuesta al voto verde, al voto rural e indígena, a través de la amenaza, la mentira y la compra de su voluntad, porque sabe que en las principales ciudades está perdido, inclusive en esta ocasión hasta en Chilpancingo, donde por sondeos propios, sabe que su candidato va a la baja.
Guerrero ya se decidió a cambiar, la mayoría de las personas con derecho a votar desde la elección para renovar los 76 ayuntamientos en el 2002, votó a favor de los partidos de oposición al PRI hoy agrupados en su mayoría en la coalición Guerrero Será Mejor. ¿Por qué tendría que dar reversa el movimiento democrático y ciudadano que ya tomo la decisión de cambiar en Guerrero?
Sería un verdadero contra sentido, sobre todo cuando sabemos que el mejor candidato es aquel que con su obra concluida al frente de la responsabilidad municipal en Acapulco, cumplió y cumplió bien. Ese el caso de Zeferino Torreblanca Galindo, no así de su contendiente que, por decir lo menos, no concluyó su gestión municipal en Chilpancingo.
Esta visto pues, que aún existen prácticas de manejo político de los programas sociales de gobierno en los procesos electorales, tanto de carácter federal como estatales y por ello no solo se ha tenido que crear instituciones como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en la PGR, sino que además, se han promovido convenios de colaboración con la Secretaria de Desarrollo Social para combatir estas prácticas censurables, estableciendo compromisos de acción para el blindaje electoral.
En otras elecciones tanto federales como locales se han emprendido acciones extraordinarias de blindaje electoral de parte de la Sedesol y la PGR y han sido positivas.
Sin embargo las consideramos insuficientes, por lo que debe de exhortarse a todas las secretarías de Estado que ejercen programas sociales para que intensifiquen la difusión sobre la prevención de delitos electorales y garanticen el establecimiento de las mesas de recepción de denuncias en todos las cabeceras municipales, a fin de dar certeza y confianza para hacer denuncias y ejercer su voto con libertad.
En Guerrero recientemente se dio a conocer de las acciones que llevaba a cabo la Sedesol a través de su programa Oportunidades y la Fepade, las cuales consideramos limitadas, toda vez que estamos ante un numeroso conjunto de programas que otras secretarías de Estado ejercen. Tal es el caso del programa del fertilizante, de Alianza para el Campo, de adultos mayores y de vivienda rural, entre otros que deben de ser escrupulosamente vigilados.
Baste recordar las elecciones federales y estatales, de Veracruz y Oaxaca, para darnos cuenta que aún seguimos padeciendo de las formas más arcaicas de defraudar la voluntad ciudadana y de ganar a la mala, por eso se requiere intensificar el marcaje ciudadano al blindaje electoral.
Guerrero requiere que la federación se emplee a fondo, ya que resulta insuficiente el anuncio del establecimiento de mesas de recepción de denuncias en las seis oficinas regionales de la PGR.
Se necesita de toda la colaboración y la voluntad de las demás secretarías de Estado para instalar mesas de denuncia en cada uno de los municipios del estado y facilitarle a los ciudadanos la información que provenga de la comisión de delitos electorales o de cualquier tipo de presión político-electoral a los beneficiarios de los programas sociales.
La SEDESOL y la PGR no deberían empañar su responsabilidad que le es propia, conviniendo con dos de las secretarías (Salud y Desarrollo Social) del Gobierno del Estado que se han observado parciales y donde algunos servidores públicos han sido denunciados por la comisión de delitos electorales.
Es reprobable que la federación y la fiscalía especial de la PGR se vean involucradas en convenios comprometedores y por el bien de Guerrero y la Federación debieran rectificar.
No debe haber pretexto alguno para que los electores se encuentre suficientemente informados sobre las sanciones a que se hace acreedor cualquier servidor público, dirigente o ciudadano común sí comete algún delito por el uso electoral de los programas sociales, cuando deseamos que la contienda electoral se realice con toda transparencia y limpieza electoral.
El 6 de febrero día de la elección en Guerrero están a prueba las instituciones del Estado y, en gran medida, la buena marcha de la jornada electoral depende de la certidumbre y confianza que brinden antes de la elección; es, por tanto, una oportunidad invaluable ofrecerle a los ciudadanos todas las garantías de elegir con libertad y de elegir sin coacción alguna.
*Senadora del PRD y presidenta de la Comisión Especial que dará seguimiento a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
