Organizaciones feministas de Nicaragua anunciaron una marcha nacional para manifestarse en contra de 4 recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779) y exigirle que los declare inadmisibles.
Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), dijo que la Ley 779 es constitucional y está en el marco de las normas establecidas para garantizar la integridad física y moral de las mujeres y es consecuente con los compromisos internacionales asumidos por el Estado nicaragüense, por lo que la CSJ debe rechazar esos recursos de inconstitucionalidad.
Jiménez indicó que los recursos en contra de dicha Ley se tramitaron en menos de 45 días cuando los que presentaron las organizaciones feministas contra la penalización del aborto terapéutico llevan 7 años en trámite.
El MAM es uno de los 28 espacios de coordinación de 148 organizaciones de mujeres que se coordinaron en Managua para exigir a los Magistrados de la CSJ que rechacen cualquier intención de echar atrás la Ley 779.
La Ley 779 fue aprobada en febrero de 2012 y establece sanciones para los delitos que se cometan en agravio de las mujeres, entre ellos el feminicidio. Incluye la creación de políticas públicas para prevenir y sancionar todas las formas de violencia de género y establece medidas de protección para las mujeres víctimas de algún tipo de violencia.
Luz Marina Torres, de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) dijo que sería una gran contradicción “que los magistrados de la CSJ le den trámite a esos recursos porque muchos de ellos incluso colaboraron con la realización de esta ley”.
Para la RMCV sería grave que los magistrados se pronunciaran a favor de la inconstitucionalidad ya que ello afectaría a las 150 mil mujeres que han presentado denuncia por violencia.
Cabe recordar que desde la aprobación de esta Ley grupos conservadores han intentando revertirla argumentando que “contradice lo contenido en la Constitución y violenta los DH de la población masculina”.
Los últimos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley fueron presentados por dos abogados litigantes y un comerciante al considerar que impide la mediación entre la víctima y el agresor en los casos de violencia familiar.
13/NR/LGL
