La situación de las mujeres indígenas migrantes en la Ciudad de México es marginal y no se conocen datos precisos sobre su condición laboral o de salud, por lo cual se necesitan más que buenas intenciones del gobierno para enfrentar sus carencias, señaló Celerina Sánchez Santiago, poeta ñuu savi e integrante de la organización Yoko Savi (Aliento de lluvia).
Así lo afirmó durante la presentación del Informe Especial sobre los Derechos de las Comunidades Indígenas residente en la Ciudad de México 2006-2007, publicado por la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), llevada a cabo hoy en el ex Templo de Corpus Christi de esta ciudad.
Y en ello coincidió el doctor Rodolfo Stavenhagen, ex Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de las Naciones Unidas, quien afirmó que en las comunidades indígenas las niñas, las adolescentes y las mujeres son las más vulnerables, al no reconocer la situación de exclusión en la que se encuentran, al tiempo que llamó a las autoridades a producir información estadística para impulsar política pública.
Al respecto, el presidente de la CDHDF, Emilio Álvarez Icaza Longoria, detalló el caso de la discriminación a la que son sometidas las mujeres indígenas residentes, que padecen estereotipos fomentados por los medios de comunicación y de las cuales 57 de cada 100 son trabajadoras del hogar.
En esa ocupación, dijo, no tienen ninguna garantía, pues no está regulado y son sometidas a largas jornadas, con sueldos escasos y prestaciones nulas, malos tratos y en muchas ocasiones padeciendo violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos.
Las cifras son preocupantes ya que de cada 100 mujeres, 18 están consideradas en pobreza, el 7 por ciento se dedican al comercio en vía pública y las oportunidades para tener un mejor empleo son muy difíciles, lo lamentable es que en la Ciudad de México como el resto de nuestro país, los hijos e hijas de estas mujeres no disponen de la información suficiente, para tener acceso a la educación dentro de un margen de igualdad lingüística y multicultural, señaló Álvarez Icaza.
Por ello, el Informe presentado, aseguró, busca visibilizar al sujeto en su derecho para que, a partir de un particular, llegue a ser colectivo, que permita el buen desarrollo de los programas existentes o se creen nuevos que refuercen la inclusión de las mujeres indígenas y su familia de forma permanente y decisiva.
Según un Estudio de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 2005 se estima que 749 mil 639 indígenas viven en la zona metropolitana de la Ciudad de México, de los cuales medio millón habitan en el DF.
En la capital se hablan 57 de las 62 lenguas reconocidas oficialmente; la lengua que más se habla es el náhuatl: dos de cada tres indígenas en el Distrito Federal son nahuahablantes.
EL INFORME
Al presentar el Informe, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) planteó la necesidad de priorizar y reconocer los derechos individuales y colectivos de las comunidades indígenas, que viven inequidad y discriminación.
Álvarez Icaza explicó que el Informe da cuenta sólo de la presencia de las comunidades de indígenas radicados en el Distrito Federal, no de los pueblos originarios. Analiza algunos derechos humanos recurrentemente violados a estas comunidades, ya sea en la implementación de políticas públicas o por la falta de legislación que los ignora.
Detalló que para elaborar el Informe se tomaron en cuenta las quejas recibidas y Recomendaciones emitidas por la CDHDF hasta 2006, además de los resultados de la primera Audiencia Pública Los derechos humanos de la población indígena migrante de la Ciudad de México, llevada a cabo en noviembre de ese año, la cual hizo efectivo el derecho a la consulta de las comunidades y sus integrantes.
Aseguró que el Informe concluye que hay un vacío legislativo en materia indígena y destaca la pertinencia de revisar y adecuar las políticas públicas llevadas a cabo por el Gobierno del Distrito Federal (GDF) a los estándares internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Por ello, dijo, es impostergable el proceso legislativo que ha iniciado la Comisión de Asuntos Indígenas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), para que se promulgue una ley integral, comprensiva y de avanzada en la materia.
Reconoció que aún con un marco legislativo restringido, la actual administración ha desarrollado acciones afirmativas como la Agencia Especializada en Atención a las Personas Indígenas de la Procuraduría capitalina, creada en marzo de 2007, integrada por ocho abogados indígenas, y que hasta octubre de ese año había atendido a 63 víctimas del delito y a 40 personas indiciadas.
Expuso que este es un gran paso para la garantía de los derechos procesales de indígenas, ya sean víctimas del delito o probables responsables, pero hay una gran brecha en el reconocimiento y respeto de sus derechos colectivos; es decir, las condiciones necesariaspara su vida y reproducción colectiva en las nuevas condiciones capitalinas.
PROPUESTAS
Enumeró las propuestas que se derivan del Informe, dirigidas en su mayoría al Jefe de Gobierno, que involucran también a la ALDF y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).
Tales propuestas, señaló, son garantía de la autonomía (libre determinación) indígena, de No Discriminación, de información, de defensoría, procuración y administración de justicia, de educación, ciencia y tecnología, derecho a la vivienda digna y adecuada, así como espacios públicos, de salud; programas de economía y trabajo y coordinación metropolitana entre el Distrito Federal y el Estado de México.
Recomendó elevar a rango de Fiscalía Especializada la actual Agencia Especializada en Atención a Personas Indígenas, con la finalidad de ampliar sus servicios a la población indígena de la ciudad y a quienes la transitan y visitan.
Además, que se incorpore a la estructura gubernamental un cuerpo de intérpretes en lenguas y cultura indígenas, al menos en las 15 lenguas más habladas en la entidad, para que brinden sus servicios de traducción a todas las dependencias del GDF. Igualmente al TSJDF, en el ámbito de su competencia.
Reconoció asimismo que aún con un marco legislativo restringido, la actual administración ha desarrollado acciones afirmativas como la Agencia Especializada en Atención a las Personas Indígenas de la Procuraduría capitalina, creada en marzo de 2007, integrada por ocho abogados indígenas, y que hasta octubre de ese año había atendido a 63 víctimas del delito y a 40 personas indiciadas.
Expuso que este es un gran paso para la garantía de los derechos procesales de indígenas, ya sean víctimas del delito o probables responsables, pero hay una gran brecha en el reconocimiento y respeto de sus derechos colectivos; es decir, las condiciones necesarias para su vida y reproducción colectiva en las nuevas condiciones capitalinas.
NUEVA RELACIÓN
Rodolfo Stavenhagen alabó este Informe Especial de la CDHDF sobre los Derechos de las Comunidades Indígenas, pues instala a la Institución a la vanguardia en la lucha por los derechos humanos en el país y debe convertirse en lectura obligada, tanto para las autoridades públicas como para la sociedad en general, para entender la situación de este sector poblacional.
Alertó también que las poblaciones indígenas no gozan a plenitud sus derechos humanos, garantizados por ley en la Constitución Mexicana y en tratados firmados por el país, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por lo que exhortó a la población a respetar su diversidad cultural.
En ese sentido, Celerina Sánchez demandó una nueva relación entra las comunidades indígenas y las autoridades en el Distrito Federal: Los pueblos originarios han planteado una nueva relación como sujetos de derechos, tanto individuales como colectivos, donde se respete su cultura, tradiciones, lenguas y su dignidad.
Sostuvo que en la Ciudad de México las comunidades indígenas deben ejercer plenamente su autonomía a fin de impulsar su desarrollo, por lo que las autoridades deben contar con un cuerpo de traductores indígenas profesionales en todos los ámbitos a fin de ejercer plenamente sus derechos.
Por su parte el estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria y miembro de la comunidad indígena wixárica, Totupika Candelario Robles, solicitó a las autoridades dar más oportunidades de desarrollo dentro de la sociedad capitalina. Dijo que a pesar del interés que han mostrado en el desarrollo de las comunidades indígenas, éste queda sólo como una iniciativa que no ha tenido el impacto deseado al imposibilitar la obtención de becas o medios de trabajo para los miembros de comunidades indígenas.
Y el maestro en Ciencias Biológicas por la UNAM, indígena nahua con experiencia en Etnobotánica médica, Victoriano Hernández Martínez pidió a la comunidad médica promover lo que llamó, el diálogo de saberes entre la medicina autóctona y la institucional; en pos de brindar un servicio sensibilizado a la población indígena aunado de políticas públicas que les permitan integrarse completamente a la forma de vida en el Distrito Federal.
08/ST/GG
