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Más agredidas que nunca las defensoras de DH en Mesoamérica

Por Anaiz Zamora Márquez

La incapacidad de los gobiernos en América Latina (AL) para proteger a sus habitantes en momentos críticos o de exacerbada violencia ha derivado en que muchas mujeres se conviertan en defensoras de Derechos Humanos (DH), sin contar con las garantías mínimas para realizar su labor en un contexto de agresiones, hostigamientos, criminalización y asesinatos en su contra, delitos que quedan impunes.
 
Muestra de ello son México y Honduras, países marcados por elevados índices de violencia que se manifiestan en desapariciones, asesinatos, feminicidio, redes de trata y severas violaciones a DH.
 
Sin embargo, lejos de asumirse como víctimas o simples espectadoras, las mujeres generan resistencias y crean redes, organizaciones o movimientos sociales de defensa de los DH.
 
Y es que aunque a nivel global se percibe al golpe de Estado de 2009 contra el gobierno de Manuel Zelaya –quien llegó al poder en 2006– como un hecho que desató la más profunda crisis económica y social en Honduras, y lo colocó como la nación más pobre de AL y la más violenta del mundo, defensoras y activistas de ese país lo perciben como el motor que las llevó a demostrar su capacidad de lucha y para fortalecer sus redes de apoyo. 
 
Melissa Cardoza, Carmen Castro, Berta Cáceres, Margot Navarro, Verónica Cerón, Ana Silvina Murillo y Reyna López, integrantes del movimiento feminista hondureño y representantes de diversas organizaciones de defensa y promoción de los DH, contaron a esta agencia que lejos de percibirse como víctimas del golpe se asumen como mujeres empoderadas activas en la lucha contra la violencia de género.
 
Cardoza, representante de la Red de Feministas en Resistencia, criticó el papel que han jugado los medios de comunicación para dibujar a las hondureñas como víctimas del golpe de Estado, aunque ellas se hayan movilizado fuerte y activamente en contra de la imposición desde el momento en que se impuso el gobierno de facto, y se hayan mantenido fuertes defendiendo “aún a costa de su vida e integridad” lo que les pertenece.
 
Carmen Castro, integrante de la Red Mesoamericana contra la Violencia, puntualizó en que si bien el golpe de Estado colocó al país en una situación de emergencia en materia de DH –pues actualmente se registra la muerte de una hondureña cada 15 horas–, las defensoras han buscado nuevas formas de organización y han difundido entre sus compañeras mecanismos y herramientas que les pueden asegurar una vida más digna.
 
Ana Silvina Murillo relató que antes del golpe las mujeres indígenas y campesinas no conocían todas las medidas necesarias para defender su territorio, pero el “golpe les abrió los ojos para defender sus recursos naturales y reclamar que se respeten sus derechos”.
 
En ello coincidió Reyna López al destacar que las hondureñas, especialmente las de sectores más desprotegidos, se dieron a la tarea de crear redes de apoyo para toda la ciudadanía, como la gestión de recursos, y que incluso la llevó a enseñar con más énfasis a las mujeres a defender su cuerpo ante posibles agresiones.
 
No obstante, como lo demuestra el caso de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), a estos contextos de violencia se suma la criminalización y hostigamiento contra las defensoras de DH en un intento por “callar a las mujeres que se atreven a alzar la voz”.
 
Actualmente la dirigente del Copinh enfrenta un proceso legal por defender el derecho a la tierra y al agua de la etnia Lenca, lo que a decir de López es un intento más de detener la labor de defensa.
 
Abundó que en el caso de Cáceres el hostigamiento tiene componentes de género, pues se ha endurecido el desprestigio contra su persona.
 
Cáceres también ha sufrido amenazas de muerte y aunque sabe que su vida corre peligro, se niega a abandonar la región norteña de Río Blanco, pues es el territorio que le pertenece y es la voz de sus compañeras y compañeros indígenas.
 
VIOLENCIA EN MÉXICO
 
Paralelamente, en nuestro país las agresiones contra las defensoras han ido en incremento, lo que se refleja en el informe “Situación de las mujeres defensoras de Derechos Humanos en México”, presentado en julio pasado por la organización Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés), y la agrupación civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, que documenta que de 2009 a 2012 perdieron la vida a causa de su labor 19 mujeres activistas por los DH. A nivel regional los asesinatos de defensoras suman 26.
 
El reporte también da cuenta de que las mujeres dedicadas a la defensa y promoción de los DH suelen ser agredidas en más de una ocasión. Es así que en 2012 se contabilizaron 109 actos de violencia contra 62 defensoras y sus familias.
 
Si bien es una problemática que afecta a todo el país, los estados con más casos son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y la región de la Huasteca en Veracruz e Hidalgo.
 
La Red Nacional de Defensoras destaca que el 55 por ciento de las activistas con las que tienen contacto señalan que el Estado es el responsable directo de los ataques y amenazas en su contra, además otros agresores son las empresas mineras y eólicas, junto con las autoridades locales y los caciques de la región.
 
Se agrega que todos los casos de agresiones y hostigamiento permanecen impunes, lo que abonó a que la violencia se haya recrudecido.
 
A decir de Marisela Ortiz, fundadora en 2001 de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa –quien desde hace dos años está exiliada en EU ante las amenazas en su contra–, dijo a esta agencia que desde 2010 se pasó del hostigamiento a las lesiones y asesinatos de activistas en Chihuahua.
 
Ortiz recordó que si bien las defensoras siempre fueron víctimas de acoso, ahora son blanco de homicidios. Entre 2010 y 2011 fueron asesinadas Marisela Escobedo, Susana Chávez, Josefina Reyes, Luisa Ornelas y Malena Reyes.
 
En los últimos tres años del sexenio calderonista fueron amenazadas, atacadas y hostigadas Luz Estela Castro, Alma Gómez, María Luisa (Malú) García, Norma Andrade, Marisela Ortiz, Cipriana Jurado, Sara Salazar y Emilia González. Al menos seis de ellas tuvieron que abandonar Ciudad Juárez para proteger su vida.
 
En el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto la violencia no ha cesado y las defensoras de DH están más vulnerables.
 
Recientemente Malú García Andrade denunció nuevas amenazas y responsabilizó al Estado de eventuales agresiones en su contra o su familia, pues se le han reducido las medidas de protección por parte del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
 
Toda esta violencia regional prevalece a escasas horas de que el pasado 29 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos, efeméride instituida durante la primera Consulta Internacional de Mujeres Defensoras que se realizó en Colombo (Sri Lanka) en 2005.
 
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