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Más de 1 millón de niñas y adolescentes explotadas en México

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Más de un millón de niñas y adolescentes mexicanas son explotadas laboralmente en los campos, los comercios y los hogares, informaron especialistas en los derechos de la infancia.
 
Al iniciar la mesa de análisis “Contra la explotación de niñas, niños y adolescentes”, organizaciones civiles denunciaron que un millón 163 mil niñas y adolescentes de cinco a 17 años de edad realizan alguna actividad económica, y en la mayoría de los casos sin remuneración.
 
La cifra real incluso podría ser mayor, ya que este número –que aportó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)– no contabiliza las ocupaciones ilegales y el trabajo no remunerado que se realiza en los hogares, lo que deja en duda la supuesta reducción del 2.1 por ciento (medio millón de niñas y niños) del trabajo infantil que recién anunció el gobierno federal.
 
Nashieli Ramírez Hernández, coordinadora general de la organización civil Ririki Intervención Social, observó que ninguna política pública en México atiende en específico las problemáticas de las niñas y adolescentes, quienes se ocupan principalmente como trabajadoras del hogar, en el comercio y la agricultura.
 
A esto se suma –detalló– que las políticas enfocadas a la infancia son insuficientes para atender a toda esta población, además de que carecen de presupuesto o no operan efectivamente.
 
A decir de la experta, fue hasta 1990 que el Estado mexicano empezó a asumir compromisos y responsabilidades para generar rutas y mecanismos que hicieran frente al trabajo infantil, un flagelo que tan sólo de 2007 a la fecha cobró la vida de 39 menores de edad, de los que 13 eran niñas, hasta donde las organizaciones civiles han podido documentar.
 
Fue hasta el año 2000 que se empezaron a crear rutas para erradicar el trabajo infantil y las peores formas de explotación laboral, como llama la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
 
Ramírez Hernández dijo que la tercera parte de la infancia ocupada en México se desempeña en la agricultura, sector que requiere jornadas de más de 12 horas de trabajo, y expone a las y los niños a la aspiración de fertilizantes y químicos.
 
Pese a esto, en la actualidad el Programa de Atención de Jornaleros Agrícolas (con el que se destinan recursos para estancias infantiles) cuenta con tan sólo 75 millones de pesos para la infancia, y el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (que otorgaba apoyos para niñas y adolescentes embarazadas) dejó de existir este 2015, por mencionar sólo unos ejemplos, expuso la activista.
 
A la par, este año México no contará con asistencia técnica internacional que se desprende del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC/OIT), que otorga recursos a los países a fin de prevenir y combatir esta situación.
 
La especialista también señaló que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes –que establece la igualdad sustantiva y acciones específicas contra el trabajo infantil– aún no cuenta con presupuesto asignado, por lo que a marzo de este año la norma no se ha aplicado, aseguró.
 
Además de recurso etiquetado, urge que esta norma se armonice en todas las entidades del país y se inicie la construcción de los Sistemas Integrales de Protección que plantea; “mientras estos procesos no concluyan, la ley será sólo un primer preámbulo”, comentó la coordinadora de Ririki.
 
La defensora de los derechos de la infancia también criticó que si bien la Ley Federal del Trabajo se modificó en 2014, para elevar la edad mínima para trabajar de 14 a 15 años, y establece sanciones y multas para quien ofrezca o contrate la fuerza laboral de menores de edad, no ha derivado en sentencias contra quienes cometen este delito.
 
Ante este panorama, la activista urgió a reforzar políticas públicas para erradicar el trabajo infantil que realizan niñas y adolescentes en condiciones de riesgo, elaborar una política enfocada al trabajo que desempeña la población femenina infantil, y a mejorar las condiciones laborales de quienes son madres y padres.
 
También llamó a garantizar estándares mínimos de subsistencia en los albergues para familias jornaleras migrantes, y restringir los subsidios sólo a los productores que garanticen los Derechos Humanos de sus trabajadores.
 
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