En Nicaragua, la mitad de los involucrados en los 47 crímenes contra las mujeres, ocurridos en lo que va del año, permanecen en la impunidad, denunciaron las activistas de la Red de Mujeres contra la violencia.
Tan sólo en el primer semestre del año, se han registrado 12 muertes más que el año pasado para esta fecha, lo cual es muy preocupante y «nos obliga a exigir castigo para los responsables», dijo Fátima Millón, de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV).
Solo hay 22 personas detenidas en relación a los asesinatos de las 47 mujeres, el resto sigue prófugo, por lo que muchas mujeres corren peligro en cualquier lugar de Nicaragua, mientras estén en libertad estos sujetos, denunció Millón.
La negligencia de la policía es evidente, recientemente el presunto asesino de su compañera en Bluefields, se fugó de la cárcel de la ciudad y la policía no ha sido ágil para su captura, dijo Fátima Millón.
En los juzgados de Managua, la información oficial indica que los trámites de mediación en relación a violencia contra las mujeres son exitosos. La realidad es que esto es un atentado contra las mujeres porque la violencia hacia ellas, no puede resolverse mediante la mediación, denunció la activista de la RMCV.
En general hay negligencia de la policía, y de las autoridades judiciales por resolver estos casos de violencia, la mitad de los señalados de asesinatos de mujeres siguen prófugos, hay tácticas dilatorias en los juzgados para que los familiares de las víctimas desistan, el retraso para resolver los casos permite que los señalados de los crímenes salgan en libertad después de tres meses que señala la ley, denunció la activista de la Red.
El caso más reciente que recibió la Red de Mujeres Contra la Violencia, fue el de Dina Alexandra Mercedes Carrión, quien murió el 3 de abril de 2010, pero la fiscalía cerró el caso el 26 de julio de 2010, aduciendo que se trató de un suicido, sin hacer la valoración con los especialistas al respecto.
Sobre este caso hay muchas inconsistencias, la primera fue que el ex cónyuge estaba en casa el día de los hechos y declaró que no escuchó los disparos del revólver con el que su esposa supuestamente se quitó la vida.
Dio aviso a la policía, y se llevaron el cadáver sin hacer el estudio técnico en el lugar. La familia de la víctima fue notificada hasta que ya tenían la versión policíaca.
La policía tomó únicamente la versión del ex cónyuge Carlos Siles Saravia y la fiscalía hizo lo mismo, tomó la versión de la policía, sin hacer un diagnóstico especializado al respecto, tanto la policía como la fiscalía, se conformaron con la versión del suicidio, a pesar de todas las inconsistencias, dijo el abogado de la familia, José Manuel Urbina.
La abuela y las hermanas de la víctima, denunciaron ante la Red de Mujeres Contra la Violencia, todas estas inconsistencias y exigieron a la fiscalía reabrir el caso.
Pidieron a la policía, a los judiciales y al Instituto de Medicina Legal, hacer su trabajo para esclarecer esta muerte, y denunciaron que al único hijo de la víctima lo mantienen alejado y no le permiten contacto con su familia materna.
La Red de Mujeres Contra la Violencia exigió la creación de una comisión especial para que se investigue el caso con especialistas en balística, pruebas de sonido, nueva autopsia del cadáver.
Asimismo, exigen que se tome declaración a todos los testigos, y que los especialistas valoren el caso, porque el principal sospechoso es el ex cónyuge, quien debe ser investigado y procesado.
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