En Argentina hay más de un aborto inseguro por cada dos nacimientos, lo que evidencia la falta de legislación en materia de derechos sexuales y reproductivos, y las dificultades que padecen las mujeres en el acceso a métodos anticonceptivos, alertaron organizaciones civiles.
En el «Informe sobre la situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Argentina», la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) ?junto con otras nueve organizaciones? denunció que al no contar con un sistema de salud federal que garantice el acceso a métodos de control natal y al aborto seguro, la tasa de muerte materna (MM) se mantiene elevada.
De acuerdo con las agrupaciones firmantes del estudio, la alta MM (44 decesos por cada 100 mil niños nacidos vivos) es consecuencia de que en el país sudamericano no se distribuyan de manera eficaz y equitativa métodos anticonceptivos, no haya homologación de leyes de salud, y de que el aborto esté penalizado.
Estimaciones de 2006 indican que en Argentina se practican entre 486 mil y 522 mil abortos inseguros al año, y que éstos causan el 20.5 por ciento de las muertes maternas, lo que implica un promedio de 77 mujeres fallecidas al año por esta práctica.
El sistema de salud argentino recae en dos autoridades responsables: la nacional y la provincial (en algunos casos se incluye un nivel local).
Por tanto no hay una ley que homologue los procedimientos de atención, lo que se traduce ?en la mayoría de los casos? en una falta de coordinación entre autoridades, y en que las mujeres no tengan asegurado el acceso a servicios de salud reproductiva.
Si bien en 2003 se puso en marcha el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (PNSSyPR), en el cual se establece la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva a nivel nacional, éste no ha cumplido con las metas propuestas.
Desde 2010 el PNSSyPR distribuye métodos de anticoncepción, pero condiciona la entrega a que haya una receta médica realizada por el centro de salud, lo que elimina la confidencialidad en el servicio y por tanto disminuye la demanda.
La Anticoncepción Hormonal de Emergencia (AHE) también está incluida en los servicios del programa, sin embargo es un mecanismo poco difundido y utilizado en el sistema de salud, e incluso en provincias como Córdoba se han entablado acciones judiciales para detener su fabricación y distribución.
En tanto, la Anticoncepción Quirúrgica tiene graves problemas de acceso y en numerosos casos se les exige a las mujeres requisitos que las leyes no contemplan, tales como la autorización del cónyuge, informes psicológicos, análisis prequirúrgicos o hasta un número determinado de hijos.
En Argentina el aborto está tipificado por el Código Penal como un delito contra la vida y las personas, y se establece reclusión o prisión para quien lo efectúa, y es permitido sólo bajo dos circunstancias: evitar el peligro para la vida y salud de la madre, y cuando el embarazo provenga de una violación, o «de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente».
La ilegalidad en los casos de aborto deriva en que no disminuya la cifra de interrupciones del embarazo inseguras. La tasa de mortalidad materna, reportada por el Ministerio de Salud para 2010, fue de 44 fallecimientos por cada 100 mil nacidos vivos, es decir, 331 mujeres murieron en ese año.
Según el informe, amplios sectores del país reclaman la despenalización y legalización del aborto, así como la modificación de la legislación para lograr que el Estado garantice sin discriminación alguna el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, en los hospitales públicos.
El estudio será analizado en el Examen Periódico Universal que realizará en octubre próximo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y así evaluar los niveles de cumplimiento de las obligaciones en materia de Derechos Humanos.
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