Inicio Más de 60 mil niñas y niños padecen maltrato en Chiapas

Más de 60 mil niñas y niños padecen maltrato en Chiapas

Más de 60 mil niñas y niños sufrieron alguna agresión derivada de la violencia de género en el 2008, señalan estadísticas de la Fiscalía Especializada para la Defensa de los Derechos de las Mujeres de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas (PGJE), estado con el mayor porcentaje de población infantil.

Estos datos a conocer por la propia Fiscalía señalan que en ese periodo se entablaron más de 30 mil denuncias de mujeres maltratadas, situación que llevó a la cárcel a más de 600 hombres por violencia familiar.

Si por cada mujer que denunció violencia de todo tipo en la Fiscalía Especializada para la Protección de los Derechos de las Mujeres en el 2008, hay dos niñas o niños vulnerados en sus derechos de todo tipo, en Chiapas, tendremos entonces 60 mil menores violentados en todos sus derechos en ese mismo periodo.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Chiapas es el estado del país donde hay más población infantil. El porcentaje de niñas y niños en Chiapas es del 34.3 por ciento, en tanto que el Distrito Federal, registró en menor índice con 22.5 por ciento en el 2008.

En el análisis sobrela Situación de la infancia en Chiapas, en el marco de la violencia de género, el panorama es desalentador, pues la situación de la violencia no solo transgrede su seguridad y garantía para una mejor convivencia que le dala Ley para la Protección de los Derechos de las niñas y niños, sino que esa situación va aparejada contra el abuso sexual.

ABUSO SEXUAL, MALTRATO MENOS DOCUMENTADO

En el Informe Alternativo realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en Méxicode Católicas por el Derecho a Decidir y en su ficha técnica para el Comité de los Derechos del niño y la niña de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1999/2004, publicado en el 2005, la investigación destaca la realidad sobre abuso en los infantes en México.

En el subtítulo “Rostros del silencio: la Jerarquía Católica y el abuso sexual infantil en México”, el informe da por menores de la situación de la infancia en México en cuanto al incumplimiento a la Ley que protege los derechos de la infancia, plasmados en los acuerdos internacionales de la ONU.

En los claroscuros legislativos, como llaman los investigadores a la falta de reglamentos reales y contundentes en las legislaciones estatales, se sostiene por ende, que en México, el abuso sexual, es el maltrato infantil, que menos se ha documentado en los ámbitos médicos, sociales y legales, a pesar de que la frecuencia de casos es cada vez mayor.

La información estadística es muy escasa y no se cuenta con un sistema que permita identificar los niveles de violencia que se ejerce en contra de la población infantil, dice el informe, además de que tampoco se documenta la cantidad de niñas y niños que han sido atendidos por las autoridades del país.

Y es que, a pesar de que en México existe la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a nivel federal, hay un creciente marco jurídico con nociones inspiradas desde la Convención de los Derechos del Niño, pese a ello, las deficiencias son aún enormes, señala el informe.

SOMBRÍO PANORAMA LEGISLATIVOEN PRO DE LA NIÑEZ

Un análisis legislativo muestra de manera preocupante, que la mayor parte de las leyes en materia de derechos de la infancia carecen de los mecanismos de justicia y exigibilidad para hacer valer los derechos de la infancia mexicana ya que la mayoría no cuenta con la fuerza jurídica para protegerlos y defenderlos en forma eficiente.

En la mayoría de las legislaciones mexicanas, la violación y abuso sexual están adecuadamente tipificados y contempla como agravantes, la edad del niño y la relación de custodia o filiación del victimario con el mismo.

Sin embargo, la práctica exhibe diversas dificultades para demostrar la existencia de una violación cuando no existen huellas físicas de la misma. Por ejemplo, los abusos cometidos contra la infancia a través de acciones erótico sexuales que no dejan un maltrato evidente (golpes, moretones, desgarres) nos muestra que el abanico de casos sobre abuso sexual cometido a niños y niñas es mucho más elevado.

El informe señala que en la legislación, en el ámbito federal, establece que el adulto que tiene cópula con una persona mayor a los 12 años y menor de 18, obteniendo su consentimiento mediante engaños se le sanciona con prisión de 3 meses hasta 4 años.

Respecto a la edad para la que se prevé la protección de este delito, varía entre un estado y otro. Por ejemplo, en 9 estados: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla Quintana Roo y Yucatán niños y niñas es a los 12 años; en Durango y Estado de México a los 14 años de edad.

En 6 estados: Nayarit, Querétaro, Sinaloa, San Luis Potosí y Veracruz es hasta los 16 años. En 1 estado: Tabasco Para los varones es 17 años, para las mujeres es de 18; Guerrero y Jalisco a los18 años; en Tamaulipas se hacen distinciones en virtud de diversas edades menores a los 18 años

Otro elemento relevante es que en 25 estados del país no procede la acción penal por abuso o violación sexual si se da el matrimonio entre el agresor y la víctima, lo que evidencia el alto riesgo para la niña o niño de sufrir estos abusos como parte de la convivencia que se establece en el matrimonio, situación que pone en evidencia que el derecho de la niña o niño queda supeditado a otros intereses.

En el ámbito federal, el abuso sexual se sanciona con prisión de 2 a 5 años al adulto que sin el propósito de llegar a la cópula con una persona menor de 12 años de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo. Si se hace uso de la violencia física o moral, se aumenta la pena.

Cabe señalar que en el caso de que la persona que comete el abuso, desempeñe un cargo, empleo público o ejerza su profesión, y utilice los medios que ello le proporcione para cometer el delito, se impone la destitución de su cargo o empleo, o suspensión por 5 años en el ejercicio de su profesión de la que se valió para cometer tal abuso.

En este tenor, la responsabilidad de responder ante estos delitos, es aplicable para todos los mexicanos, sin distinción alguna.

POR CADA MUJER VIOLENTADA, HAY DOS NIÑAS O NIÑOS MALTRATADOS

Para el caso que ocupa el informe, la Red de Católicas por el Derecho a Decidir, la Jerarquía católica mexicana ha reconocido que hay abusos sexuales dentro del clero, lo que es también un reconocimiento público de la existencia de estos delitos y una violación a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De acuerdo con esa Ley, en su Artículo 13 párrafo C sobre el cumplimiento de los derechos, establece “La obligación de familiares, vecinos, médicos, maestros, trabajadores sociales, servidores públicos, o cualesquiera persona, que tengan conocimiento de casos de niñas, niños o adolescentes que estén sufriendo la violación de los derechos consignados en esta ley, en cualquiera de sus formas, de ponerlo en conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación correspondiente.”

Por lo tanto, todos los miembros de la Jerarquía católica mexicana, al igual que cualquier otra persona, tiene la obligación de responder penalmente ante la autoridad civil por el abuso sexual cometido en contra de niñas y niños.

En Chiapas, donde las denuncias de las mujeres por violencia de todo tipo aumentan y el fenómeno recae en la población infantil, no se conocen estadísticas disponibles que abunden sobre esta situación.

Lo que es real, es que por cada mujer violentada, existen 2 niñas o niños, como promedio por familia, y en donde los niños y niñas no solo viven el trauma diario de gritos y golpes, sino el abuso sexual, que cada vez más se registra en Chiapas.

La iglesia por su puesto, no se salva, ni los sacerdotes, ni los pastores, mucho menos los hermanos, el propio padre, tíos, maestros, abuelos, compadres, amigos, y todas aquellas personas cercanas a las niñas y niños, quienes abusan de su inocencia de y de la confianza de la madre y el padre.

Las cifras por denuncia de violencia de las mujeres en el 2008 rompieron la línea delgada que existía entre la rabia, el enojo, la indefensión, el coraje, y la vergüenza de ver sometidos a toda la familia a la brutal violencia que se ha venido ejerciendo contra grupos tan vulnerables como la infancia, y pasando por los derechos de las mujeres.

Más de 30 mil mujeres denunciaron violencia, y ellas con todo y familia, se fueron a los albergues. Las madres han preferido huir que seguir en el mismo lugar que violenta los derechos de sus hijas e hijos. Ellas han preferido huir a los albergues que seguir soportando la violencia sexual contra sus hijas e hijos.

La Red por los Derechos de la Infancia en México de Católicas por el Derecho a Decidir, enmarcó su informe contra el clero, pero la violación de los derechos de las niñas y niños, en Chiapas, es un fenómeno que se extiende en todos los ámbitos, como guarderías, albergues y las casas maternales.

Las cifras son elevadas, mil 333 averiguaciones previas por violencia familiar, mil 104 por delitos sexuales, 600 detenidos por estos delitos, y más de dos mil niñas y niños fueron tratados sicológicamente, en las áreas de terapia de la Fiscalía junto con sus madres que aceptaron el tratamiento para aliviar el trauma de la violencia de todo tipo.

Y el resto de la niñez que vivió violencia junto a su madre, que denunció y ya no se presentó, ¿dónde están? ¿Quién los atiende? ¿Habrá razón para confiar?

Violencia de género, comprende todo acto de violencia física y psicológica -incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad-, que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, con o sin convivencia.

Esta es la expresión más grave de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder que los hombres establecen sobre las mujeres.

09/CR/LAG

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