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Más embarazos y violaciones afectan a adolescentes en Guatemala

Por Patricia Galicia, corresponsal

En materia de salud sexual y reproductiva, la realidad de las niñas y adolescentes guatemaltecas es alarmante: 47 mil embarazos entre jóvenes de entre 10 y 19 años de edad tan sólo en el primer semestre del 2010; mientras que el 54 por ciento de las violaciones sexuales reportadas el año pasado se cometieron contra mujeres menores de edad.

Y eso es un botón de muestra de lo que le ocurre a ese grupo etáreo en este país centroamericano, el segundo en América Latina con más altos índices de embarazos en adolescentes.

Jacinta tiene 13 años. Desde hace dos meses no tiene su periodo menstrual. «Mi novio dijo que por hacerlo una vez no pasaba nada y no lo volví a ver. Me expulsaron del instituto por ser un mal ejemplo para las demás. Me echaron de la casa», relata la adolescente.

Dice que su caso es como el de su amiga de la primaria que cuando «engordó» su familia la obligó a casarse con un «señorón», que les ayudaba con la siembra. «Me siento extraña. ¿Qué va ser de mí?», se pregunta envuelta en la incertidumbre.

Lejos de disminuir, los embarazos en adolescentes van en aumento año con año. Lo que va disminuyendo, en todo caso, es la edad de las niñas que quedan embarazadas.

En los primeros siete meses del 2008 se registraron más de 38 mil casos, según el Observatorio de Salud Reproductiva (Osar). De los embarazos en adolescentes registrados en 2010 hubo seis correspondientes a niñas de 10 años de edad, según datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, reportados por la Campaña Nacional por la Educación Sexual.

VIOLENCIA Y MUERTE

El año pasado, y de acuerdo con la misma fuente, de las 235 muertes maternas registradas 48 fueron de adolescentes (de 12 a 19 años).

El VIH-sida es otra pandemia que hace de las suyas entre las menores de edad guatemaltecas. En 2010, cinco de cada 100 casos de esa enfermedad corresponden a adolescentes y seis de cada 100 a niñas y niños. De 1984 a 2010 hay más de 22 mil casos reportados de VIH-sida en la nación centroamericana.

El Ministerio de Gobernación reporta que de enero a noviembre del 2010, de 449 violaciones sexuales reportadas contra mujeres, 74 correspondían a niñas y 169 a adolescentes. Un total de 243 agresiones sexuales contra menores de edad, que representa el 54 por ciento del total.

Según la información oficial, entre los agresores están los padres de familia y otros hombres adultos cercanos a las niñas y adolescentes.

Activistas advierten que a lo anterior se agrega la cifra negra alrededor de esos casos. Se estima que cientos de ellos pasan desapercibidos por la violencia intrafamiliar, escolar y comunitaria, y por el temor de las víctimas «al rechazo, la estigmatización, el abandono y la doble victimización cometida por los servicios de salud, educación y justicia».

SOMETIMIENTO

De acuerdo con especialistas, las y los adolescentes en Guatemala no son considerados como sujetos de derecho. Su papel es obedecer a quienes tienen experiencia y autoridad, y se considera «inmoral» hablar de sexualidad y métodos anticonceptivos a niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades sanitarias de los centros de salud de comunidades rurales piden permiso de las madres o padres para que las menores de edad accedan a métodos de control natal.

En su gran mayoría, las adolescentes desconocen la anticoncepción de emergencia, autorizada en el sistema de salud sólo para casos de violación sexual. Aunque su venta es libre, su precio es poco accesible al igual que el de los condones femeninos, con aún poca demanda al existir prejuicios respecto a tocarse el propio cuerpo.

ACCIONES CIUDADANAS

En cumplimiento a la Ley de Desarrollo Social en Guatemala, en el sistema público de salud existen 174 Centros de Atención para Adolescentes en diferentes regiones del país. Pero al parecer son insuficientes.

Ante esta situación, hay organizaciones civiles que inciden en las políticas de salud sexual y reproductiva a fin de contribuir a la disminución de los embarazos en adolescentes y de la problemática social que conllevan.

Dalila de la Cruz Álvarez, jefa de Servicios Integrales para Adolescentes y Jóvenes de la Asociación Pro Bienestar de la Familia (Aprofam), informa que su organización cuenta con clínicas de servicios diferenciados y amigables para jóvenes y adolescentes en Ciudad de Guatemala (capital del país), y en el departamento (provincia) de Petén (fronterizo con México).

En esas unidades de salud ciudadanas se ofrecen pruebas de embarazo y de VIH-sida, información sobre la gama de métodos de anticoncepción, atención ginecológica, y consejerías pre y post natal atendidas por personal especializado y sensibilizado, explica De la Cruz. Las adolescentes generalmente acuden solas y pueden expresarse sin temor de ser cuestionadas, destaca.

«La consejería incluye hablar de planes de vida. Si las adolescentes tienen claro qué quieren hacer de su vida, cuáles son sus metas y si tienen información sobre las opciones que existen, pueden decidir cómo vivir su sexualidad y construir su vida con responsabilidad y en mejores condiciones. Lograrlo es una responsabilidad compartida entre familia, escuela, sociedad y Estado», añade.

¿Y EL GOBIERNO?

En Guatemala existe –al menos en el papel– la Estrategia de Educación Integral en Sexualidad, elaborada tras la Declaración Prevenir con Educación firmada en México en 2008 por titulares de Salud y Educación de América Latina y el Caribe.

Además la estrategia se reforzó con un convenio suscrito entre la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) y el Ministerio de Educación (Mineduc), para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres.

«Este no es un tema aislado sino un derecho vinculado a la vivencia de los derechos en salud sexual y reproductiva que se plantea abordar desde enfoques biológicos y psicológicos, socioculturales y los vínculos afectivos… Por eso la estrategia retoma contenidos claves para trabajar en aula a lo largo de todo el ciclo escolar, desde espacios de diálogo y reflexión sobre las emociones y vivencias para tomar decisiones sobre la propia vida», explica al respecto Cecilia Alfaro, coordinadora de la Unidad para la Equidad de Género del Mineduc.

La estrategia contempla conceptos claves como valores, actitudes y habilidades para la toma de decisiones, cultura, sociedad y Derechos Humanos, desarrollo humano, comportamiento sexual, y salud sexual y reproductiva.

Se impulsa desde el nivel preprimario hasta el básico. En una primera fase se aplica en los departamentos de Totonicapán, Escuintla, Izabal, Chimaltenango, Chiquimula y Alta Verapaz, donde prevalecen altos índices de embarazos en niñas y adolescentes, infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH, mortalidad materna y violencia contra las mujeres, niñas y niños. Además se vinculará al trabajo con las familias y a nivel comunitario.

RETROCESO

Mientras el gobierno se esfuerza en abatir esos flagelos, la clase política y la Iglesia católica guatemaltecas parecen ir en sentido contrario.

En un reciente foro organizado por la jerarquía católica de cara a los comicios del próximo domingo 11 de septiembre, la mayoría de candidatos y candidatas a la Presidencia de Guatemala expresaron su rechazo al aborto, y a la prevención de embarazos no deseados e ITS mediante el uso de preservativos.

«Esto significa darle la espalda a un tema fundamental de desarrollo porque está en juego la vida de las mujeres y la juventud, que constituyen el 51 y el 70 por ciento de la población, respectivamente», denuncia Rutilia Jiatz, directora ejecutiva de Incide Joven.

Concluye: «La Iglesia y otros sectores defienden la vida. ¿Pero qué clase de vida hablamos? Tener vida no es sólo existir, sino existir en condiciones dignas. Una niña o adolescente embarazada está condenada a la desnutrición y a la pobreza. Consecuencias extensivas a los seres que ni siquiera han venido al mundo. Por eso seguimos exigiendo Estados laicos, educación sexual y que se consideren las voces y realidades de las y los adolescentes en las políticas públicas».

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