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¿Más víctimas, y cuántos agresores?

Por Lucero Saldaña

Después de la serie de homicidios de mujeres en todo el país a lo largo de una década, particularmente en Cd. Juárez, Chihuahua; el Distrito Federal; el Estado de México; Sonora y Sinaloa, no podemos saber oficialmente cuántas víctimas se tienen en cada entidad federativa ya que se carece de un registro nacional sobre la violencia feminicida en México.

Varias instituciones han recopilado información, pero a la fecha no se tiene un registro único central que lleve el control de víctimas, de los maltratadores y asesinos. Este registro debería tener los datos más relevantes de las víctimas, el móvil del crimen y los datos que se obtengan del agresor.

Si bien existe una Norma Oficial de Salud en materia de violencia contra las mujeres que se aprobó hace cerca de 10 años, no se aplica por falta de capacitación y sensibilidad para que, desde las áreas relacionadas con la salud, se dé el primer respaldo a la prevención, atención y erradicación de la violencia feminicida.

Es necesaria una mayor y mejor información institucional que sustente investigaciones que nos permitan avanzar en el conocimiento de las causas y la manifestación de esta violencia, así como de las mejores vías para garantizar la seguridad y la libertad de las mujeres.

La reacción inicial ante el fenómeno del feminicidio, especialmente en los estados, fue la negación, lo que ocasionó que estos crímenes no fueran debidamente investigados y castigados, y que no se establecieran las causas fundamentales de la violencia en contra de las mujeres, lo cual generó un clima de impunidad.

En los últimos meses hemos conocido que la Procuraduría Estatal de Chihuahua ha llevado a cabo arrestos en algunos casos, incluidos aquellos “abiertos” desde hace años; hay que reconocer los esfuerzos que tanto el gobierno federal como el local han hecho para reorientar las políticas y prioridades de las instituciones que dirigen. Sin embargo, preocupa que en la Procuraduría General de la República, la fiscalía especial está acéfala después de tan solo tres meses y medio que la Dra. Roccatti ocupo el cargo.

Queda la esperanza de que al crear la unidad especializada que hemos propuesto para coordinar en el ámbito nacional la procuración de justicia sobre los delitos violentos en contra de las mujeres -como lo anunció el Procurador Cabeza de Vaca- ésta pueda tener la autonomía técnica y administrativa para atender el fenómeno y apuntalar la ansiada erradicación de la impunidad.

Nos damos cuenta de que muchas veces hay voluntad política para responder eficazmente a los problemas, pero que también se requiere de métodos y personal especializado. Se necesitan recursos para atender tanto los casos sin resolver como las víctimas sin identificar. Lo peor es que al mes hay tres asesinatos en promedio en Juárez, y 14 muertes violentas por día en todo el país, según datos de la Secretaría de Salud que, a su vez, incluyen suicidios, accidentes, delitos dolosos y culposos.

En México, la mayoría de las mujeres viven alguna forma de violencia de género, además de la violencia de clase, de raza, la religiosa, la judicial y la política. Su exclusión permanente o momentánea requiere redes de seguridad social que apoyen su derecho a una vida sin violencia; derecho que es expropiado no sólo cuando no se resuelve cada crimen en que las mujeres son asesinadas o desaparecidas por centenares.

Por eso tenemos que garantizar que se realicen las investigaciones en lo individual, pero también en el marco de un contexto colectivo. Debemos empezar por acabar con el clima de impunidad y asumir las responsabilidades de cada nivel de gobierno de un modo eficaz, rápido y transparente, desde una coordinación nacional, y preparar un amplio estudio de diagnóstico sobre la la violencia basada en el género y el feminicidio.

Recientemente reunidas en Madrid, España, para celebrar el Diálogo Internacional Interparlamentario sobre la Violencia Feminicida, las mujeres manifestamos respaldar lo dicho por la relatora especial de Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “cuando una violación de derechos humanos es el resultado de un acto clasificado como criminal, la víctima tiene derecho a que el Estado lleve a cabo una investigación judicial, realizada seriamente con los medios a su alcance, a fin de procesar y castigar a los responsables”.

Por eso, nos comprometimos a fortalecer alianzas para lograr estos objetivos y dar seguimiento a los resultados, como también a promover medidas de prevención, atención y sanción de manera que las violaciones específicas de los derechos humanos de las mujeres tengan acciones positivas y efectivas que lleven a la erradicación de la violencia feminicida en nuestras naciones.

Porque no debe haber más asesinatos sin castigo, se habló de apoyar las medidas que no concurran de manera criminal, como el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir e impedir estos crímenes. Ya que, si el Estado falla, la delincuencia prolifera y el feminicidio no llega a su fin, se convierte entonces en crimen de Estado.

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*Senadora por el Partido Revolucionario Institucional

05/LS/YT

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