Inicio Maternidad voluntaria y autonomía reproductiva deben ser ley

Maternidad voluntaria y autonomía reproductiva deben ser ley

Por Lourdes Godínez Leal

Integrantes de organizaciones civiles en derechos humanos y de la academia consideraron urgente hacer reformas constitucionales en esta materia, de forma integral, destacando el derecho humano de las mujeres a la autonomía reproductiva y a la maternidad libre.

En conferencia de prensa, los representantes de las ONG hicieron un llamado al Congreso de la Unión para que considere la propuesta que la sociedad civil ha trabajado para estas reformas, que contemplan una visión más amplia e integral de los derechos humanos y no solamente un “parche”, como la que formuló y presentó ayer el senador panista Santiago Creel Miranda.

Fernanda Díaz de León, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) señaló que “urge” una reforma integral en derechos humanos y destacó que la iniciativa presentada por las ONG propone incluir explícitamente una serie de derechos humanos que hasta ahora no han sido reconocidos.

Esta propuesta se suma a la presentada ante el pleno de la Cámara de Senadores el pasado 11 de octubre por la senadora Rosario Ibarra de Piedra, quien propone suprimir el fuero de guerra, modificaciones a la suspensión de garantías y protección a extranjeros a través de modificaciones al Artículo 33.

La abogada de GIRE dijo que del análisis de las recomendaciones que se han emitido a nuestro país por los comités encargados del seguimiento a convenciones que México ha signado, como el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), lo obligan a tomar medidas para terminar con la brecha de género, la discriminación, con estereotipos de género y a eliminar toda forma de violencia.

Díaz de León señaló que esta propuesta incluye estos derechos reconocidos en estos instrumentos y el derecho a la autonomía reproductiva y a la maternidad libre y voluntaria, “concibiendo a las mujeres como personas capaces de tomar decisiones en este caso, sin caracterizarlas restringidamente al rol reproductivo”.

En entrevista, Díaz de León sostuvo que ambos conceptos se incluyeron porque son los derechos que con más frecuencia se violentan en los servicios que brinda el Estado.

Puntualizó que tanto la maternidad voluntaria como la autonomía reproductiva, por ser un derecho que se le viola a las mujeres, se está pidiendo que la Constitución los reconozca como específicos para que entonces el Estado tenga la obligación de establecer los mecanismos de garantía y de exigibilidad de estos derechos.

Cuestionada sobre las posibilidades de que esta propuesta sea tomada en cuenta por el Congreso de la Unión, señaló que la no inclusión de los derechos humanos de las mujeres es un tema que tendría que discutirse, entre otros que no se están abordando.

Y aclaró “nosotros no estamos viendo los derechos humanos de las mujeres separados de esta iniciativa, sino estamos contemplando justamente una reforma integral que los ubique junto con muchos otros”.

En tanto, Edgar Cortés, de la Red Todos los Derechos para Todos, dijo que la reforma presentada por Creel y suscrita por los coordinadores del resto de los partidos no refleja el planteamiento de las ONG que elaboraron y presentaron su propuesta ante comisiones unidas del senado a mediados de octubre.

“Nuestra preocupación es que una propuesta que se ha llamado Reforma del Estado en realidad sea una reforma tan mínima, con tan pocos contenidos”, enfatizó Cortés.

LA PROPUESTA DE CREEL

La Iniciativa de Creel propone: reformar el Artículo I Capítulo I constitucional para incorporar el concepto de derechos humanos y no sólo el de garantías individuales y que en éste se incorpore un párrafo que aplique el principio de protección a los derechos humanos.

Adicionar el Artículo Tercero para que en la educación que imparte el Estado se fomente el respeto a los derechos humanos; una reforma al Artículo 21 para que en el caso de que Seguridad Pública preste servicio del Estado, ésta se realice con los principios de legalidad, eficiencia y honradez y con respeto a los derechos humanos.

Así mismo, reformar el Artículo 102 “para hacer que todas las constituciones de las entidades federativas incorporen la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos y se homologuen”. Y una reforma al Artículo 103 para que los tribunales federales puedan conocer de actos de autoridad que violen los derechos humanos.

DH, SÓLO EN EL DISCURSO

Edgar Cortés insistió en que esta propuesta, que ya está en el Senado, no es resultado del diálogo entre las ONG y los legisladores, por lo que subrayó que “pareciera una experiencia donde bajo el discurso de la apertura y de la escucha reciben muchas propuestas y sugerencias, pero a la hora de tomar las decisiones y de construir la propuesta final, ahí no están reflejadas y recogidas”.

Luis Caballero, coordinador de la maestría de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, señaló que la situación de los derechos humanos en el país está “de capa caída” y se constató ayer con la “lamentabilísima” decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el fallo que dio sobre el caso Cacho- Marín.

Por ello, enfatizó que la propuesta de la sociedad civil le apuesta a cambiar el paradigma en la manera en que el orden jurídico mexicano concibe los derechos humanos.

Entre las organizaciones que participaron en la elaboración de la propuesta se encuentran Católicas por el Derecho a Decidir, GIRE, Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Incide Social, entre otras.

También participaron académicos del Colegio de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Universidad Ibero Americana (UIA), entre otros.

07/LGL/GG

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