México se está convirtiendo en uno de los primeros destinos para el turismo sexual infantil a nivel mundial y las playas de Cancún, en el Caribe, están ocupadas por las redes internacionales de trata de personas que debieron abandonar el sureste asiático después del tsunami del año pasado.
La pornografía y la explotación sexual de menores ocupa el tercer lugar en la entrada de dinero negro, detrás del narcotráfico y el tráfico de armas, según se puso de manifiesto en el foro sobre trata de personas y explotación sexual infantil, que organizó la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias en la Cámara de Diputados en días recientes.
A pesar de las iniciativas de las diputadas en esta legislatura que está por concluir, las y los menores mexicanos gozan de poca protección y, por ello, Angélica de la Peña, presidenta de esa Comisión, consideró «necesario pugnar para que las personas de menos de 18 años sean reconocidas como objetos de derecho».
La legisladora reclamó la participación de todos los niveles de gobierno para la eliminación de este tipo de prácticas. Desgraciadamente, muchas de las reformas que las legisladoras intentaron sacar adelante han sido bloqueadas en el Senado.
Para la periodista Lydia Cacho, conocida por haber denunciado en su libro «Los demonios del edén» una trama de explotación sexual infantil en la que estarían implicados poderosos empresarios y políticos mexicanos, «el bloqueo (de las leyes) demuestra que hay gente muy poderosa implicada en este negocio».
Cacho dijo que la pornografía infantil se convirtió en un negocio multimillonario en Europa en la década de los setenta, sin embargo, a partir de 1990 su producción bajó como consecuencia de la legislación que al respecto comenzó a aplicarse en los países de la Unión Europea.
Paraíso para el crimen organizado, México, como otros países de Latinoamérica, tomó el relevo y se ha convertido en un paraíso para los productores de pornografía infantil y los tratantes de menores y mujeres, por sus altísimos niveles de corrupción e impunidad.
Estas redes son parte del fenómeno de la globalización. Los proxenetas están organizados y conectados en los diferentes países.
Las víctimas suelen ser captadas a los 13 años, una edad que influye en la conformación de la personalidad de los adultos del futuro pues se convierten en personas hipersexuadas, que no conciben otra forma de lograr las cosas si no es a través de su cuerpo. Si bien resulta difícil retornar a las víctimas a la vida normal, con mucho trabajo y atención profesional ello es posible.
Aunque se desconocen las cifras, por la naturaleza delictiva del fenómeno, para Norma Negrete Aguayo, presidenta de la ONG Espacios de Desarrollo, que trabaja con menores víctimas de abuso sexual, es un hecho que existe en todo el país y que ha ido aumentando en los últimos años.
Por ello, ha insistido en la urgencia de tomar las medidas pertinentes para garantizar el adecuado acceso a la justicia a niños, niñas y adolescentes víctimas, así como sensibilizar al Ministerio Público y a los jueces en materia de derechos humanos de la infancia, a fin de garantizar la protección y adecuadas condiciones en los procesos jurídicos penales.
Negrete Aguayo abogó por impulsar reformas procesales que garanticen el absoluto respeto de las necesidades de la niñez, en las que, además de utilizar un lenguaje accesible a ellos, no se les obligue a carearse con sus agresores.
Asimismo, convocó a senadores y diputados a comprometerse en la urgente e impostergable necesidad de legislar para proteger a este sector poblacional contra todas las formas de explotación sexual, comercial y en materia de trata de personas para cualquier fin.
No obstante, dijo que las graves violaciones a los derechos humanos y de la niñez que atentan contra su desarrollo sano e integral, no deben ser tratadas como punto de negociación entre intereses, porque es un problema de urgente resolución.
06/SJ/LR/CV
