Mayores injusticias se cometen contra mujeres pobres e indígenas

La justicia debe ir más allá de buscar un castigo penal para agresores y tiene que modificar las estructuras sociales y culturales que permiten que las mujeres sean violentadas, y se bloquee su exigencia de justicia y reparación del daño cuando denuncian delitos.
 
Así lo dijeron especialistas en Derecho durante el Foro Nacional “Litigio Estratégico con Perspectiva de Género”, que se realiza en un hotel de esta capital y que tiene como objetivo presentar herramientas a las y los profesionales del Derecho que les permitan litigar desde la perspectiva de género y los Derechos Humanos (DH).
 
Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), dijo que “el grado de acceso a la justicia es indicador de la democracia y de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres”, y al mismo tiempo reconoció que aún no se logran los cambios estructurales que permitan que las mujeres accedan a la justicia.
 
Precisó que aunque se han dado avances en el terreno institucional y legislativo, aún no se logra transitar a un sistema judicial que emita sentencias con enfoque de género y DH.
 
Puso como ejemplo que las y los agentes del Ministerio Público “dicen que a las mujeres les gusta vivir en la violencia cuando desisten de una denuncia”, cuando lo que se debe entender es que se desisten porque viven el “círculo interminable de violencia, y ese círculo es el que debemos ayudarles a romper”.
 
El funcionario reconoció que existen muchos retos en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia, de manera particular para las más pobres y las indígenas, quienes no logran un acceso expedito, oportuno y efectivo a la justicia cuando denuncian.
 
“Invitarlas a denunciar debe necesariamente estar acompañado de un respuesta eficaz por parte de las instituciones del Estado”, aclaró.
 
Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, ex titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, sostuvo que el trabajo de las y los abogados debe ir acompañado del empoderamiento de las víctimas, pues son ellas las que deben decir la forma de reparación del daño.
 
Sostuvo que actualmente existe una desconfianza absoluta hacia las instituciones de justicia, y ejemplificó con el hecho de que las madres de víctimas de feminicidio exigen la participación de especialistas internacionales para la identificación de los restos de sus hijas, ya que dudan de la forma de operar de las autoridades mexicanas.
 
Por lo que –dijo– el litigio estratégico en estos casos debe apuntar a modificar los patrones sistemáticos y estructurales de agresiones y omisiones que se dan en contra de las mujeres.
 
Karla Micheel Salas, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), sostuvo que pese a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el caso Campo Algodonero –referente a la desaparición y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua–, dentro del sistema de justicia aún siguen pesando los prejuicios de género que derivan en que las autoridades estigmaticen y culpabilicen a las víctimas de feminicidio.
 
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