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Medidas cautelares para Eufrosina Cruz, pide CNDH

Por la Redacción

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a los gobiernos de Oaxaca y municipal de Santa María Quiegolani medidas cautelares para Eufrosina Cruz Mendoza, quien fuera amenazada, mientras el Congreso federal exhortó a los Congresos estatales a promover reformas en sus leyes electorales que garanticen a las mujeres indígenas sus derechos dispuestos en los Artículos segundo, cuarto y 35 constitucionales.

En un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pide al gobernador Ulises Ruiz Ortiz y al presidente Municipal de Santa María Quiegolani, Eloy Mendoza Martínez, medidas cautelares para Eufrosina Cruz Mendoza, quien previamente interpuso una denuncia ante este organismo luego de que le negaran su derecho a participar en las elecciones por usos y costumbre en noviembre pasado.

Mendoza Cruz evidenció la violación a sus derechos humanos y ciudadanos, lo que provocó que fuera amenazada «presuntamente» por el ex alcalde de Santa María Quiegolani, Saúl Cruz Vásquez, como denunció a los medios la semana pasada. El mismo ex alcalde fue quien determinó –en noviembre pasado- que no tenía derecho a votar ni a ser votada en la asamblea comunitaria y retiró su candidatura por ser mujer.

Ante ello, CNDH considera necesario brindar medidas cautelares y evitar la consumación de hechos de difícil o imposible reparación en los que se atente contra la vida o la integridad física o psicológica de la contadora Eufrosina Cruz Mendoza.

Laura Yanzín Ceballos González, representante legal de la agraviada, compareció ante la CNDH y señaló que, tras la visita del gobernador Ulises Ruiz a su comunidad el 18 de febrero, se incrementaron las amenazas contra la integridad física de Eufrosina por parte del presidente municipal, hecho por el cual la CNDH demandó medidas cautelares de protección, señala el comunicado.

PUNTO DE ACUERDO

Por otra parte, la diputada oaxaqueña Irma Piñeyro presentó en el Congreso Federal un punto de acuerdo que busca resolver la negativa a las mujeres para participar en procesos electorales por el sistema de usos y costumbres como ocurrió a Eufrosina Cruz Mendoza, «hechos que no pueden seguir ocurriendo en ningún lugar del país».

El punto de acuerdo suscrito por los ocho coordinadores parlamentarios exhorta a los Congresos estatales, con población étnica regida por el sistema de usos y costumbres, a promover reformas en sus leyes electorales que garanticen a la mujer indígena sus derechos dispuestos en los artículos Segundo, Cuarto y 35 constitucionales.

Piñeyro Arias destacó que es necesario garantizar la participación de las mujeres en los comicios municipales en los ayuntamientos que se rigen por el sistema de usos y costumbres, donde –sostiene– pese a las garantías consagradas en la Carta Magna, todavía «una cuarta parte de los pueblos indígenas no permite el voto a las mujeres a quienes se les excluye».

Señaló en entrevista que «previo a las próximas elecciones» y para evitar que se repitan casos lamentables y penosos como el de Eufrosina Cruz Mendoza, a quien por ser mujer se le negó su derecho a ser alcaldesa en el municipio de Santa María Quiegolani.

La diputada oaxaqueña, integrante el grupo parlamentario Nueva Alianza, explica que en un importante número de comunidades indígenas persisten tradiciones ancestrales que privilegian la participación de los hombres en la elección de sus autoridades, «lo que justifican en el marco de los usos y costumbres, generando una discriminación hacia las mujeres «que no es privativa de los pueblos y comunidades indígenas».

Quien fuera secretaria de Desarrollo Agropecuario y Forestal y Contralora, y que decidió hace poco más de un año renunciar al Partido Revolucionario Institucional, destacó el trabajo de las mujeres del campo y su contribución en la subsistencia de sus familias, no sólo atendiendo las tareas que impone la condición social sino también en las labores del campo.

«Y no obstante que desempeñan un papel vital en los procesos sociales, no logran ocupar espacios en la vida política de sus comunidades», por lo que señala como necesario impulsar la participación activa de las mujeres.

«Que no se les limite al ámbito doméstico sino que se les integre como actoras importantes en la toma de decisiones de su comunidad, dice mientras recuerda que así lo consagra la Carta Magna en sus artículos Segundo, Cuarto y 35 constitucionales.

Los datos son elocuentes, ya que en una cuarta parte de los pueblos indígenas no permite el voto a las mujeres a quienes se les excluye de los procesos comiciales y advierte que la práctica de este sistema no debe vulnerar los derechos humanos de la mujer y contravenir la norma Constitucional.

«La participación política de las mujeres indígenas es un derecho tutelado, no sólo en la Constitución Política Mexicana, en leyes secundarias vigentes, como la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, sino también en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas».

Piñeyro Arias recuerda en el punto de acuerdo que el mundo no se ha construido sólo por los hombres, «la aportación de las mujeres ha sido fundamental, decisiva. A lo largo de los años su presencia fue invisible, poco valorada, a pesar de su lucha por defender los recursos naturales, el territorio, los conocimientos tradicionales, su cultura».

Una participación que consideró «invisible» y donde no se les permite votar y ser votadas en las elecciones que se realizan en comunidades regidas por los usos y costumbres.

En estos pueblos a las mujeres les está vetado participar en las asambleas municipales, postularse a un cargo público, por considerar que por su condición femenina, no es ciudadano del pueblo, un ejemplo claro de esta aberración ocurrió en las pasadas elecciones locales de Santa María Quiegolani, Yautepec.

Por último señaló que no se trata de abolir la práctica de los usos y costumbres, consignados en el Artículo 2º de nuestra Constitución Política, sin embargo, «la mujer indígena reclama también el derecho a gobernar, el derecho a tomar decisiones, a desempeñar un papel distinto al que los usos y costumbres le ha asignado», puntualiza la legisladora de Nueva Alianza.

08/SJ/GG/CV

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