Al menos hace 30 años que quienes nos dedicamos a la comunicación hemos trabajado por una reforma integral a las leyes que reglamentan los artículos sexto y séptimo de la Constitución de la República. Quienes además estamos por la democracia genérica, pensamos que los medios de comunicación son vías excelentes para refirmar o promover cambios en la vida de relación de las mujeres y los hombres; los medios hoy tratan a las mujeres como seres inferiores, usables y desechables.
Algunas series y programas de televisión violentan a las mujeres constantemente; los sistemas informativos, sabemos, ocultan sus avances, las hacen invisibles y, cuando las nombran, las humillan o las tratan como víctimas u objetos.
La pelea por crear una Ley integral para los medios de comunicación ha pasado por foros, estudios, análisis y al menos cinco iniciativas en el Congeso de la Unión desde hace 23 años, fecha en que el locutor Luis M. Farías, entonces líder político de la Cámara de Diputados, sentenció «no le hemos encontrado la cuadratura al círculo». Con ello cancelaba la primera iniciativa seria para democratizar las concesiones de radio y televisión.
Entonces también se hizo letra muerta la posibilidad de discutir con la ciudadanía los contenidos de los medios, y ya estaba claro que los dueños del dinero, todavía conformando monopolios en proceso de desarrollo, habían pesado más que la voluntad política de abrir los medios a una ciudadanía en crecimiento.
Ahora quieren imponer una reforma coja, ciega, mutilada, camaleónica y sin la perspectiva de las mujeres. Así como las aprobó la Cámara de Diputados, las modificaciones a la Ley de Radio y Televisión y a la de Telecomunicaciones son inútiles. Lo que parece ser el signo de las transformaciones es el dinero. Sabemos que están asociados los grupos de mayor poder hace tiempo para controlar las nuevas vías de comunicación; no sólo el espacio radioeléctrico, sino todo lo que significa el avance de la tecnología de las comunicaciones, los campos satelital y digital.
Ya en tiempos de Miguel de la Madrid se modificó, en favor de los empresarios, la Ley de Radio y Televisión, atendiendo a los cambios tecnológicos; en este sexenio, el único espacio para la sociedad -el mismo que podríamos utilizar para difundir los derechos de las mujeres- fue entregado sólo a la presidencia de la República. Me refiero al 12.5 por ciento de espacio en los medios electrónicos para mensajes sociales que quedó a discrecionalidad absoluta de la Presidencia, eximiendo de esta obligación a los concesionarios.
Lo más grave es que el gobierno de la República está obligado, por los acuerdos de Pekín de 1995, a generar un cambio democrático en los medios para promover otra imagen de las mujeres y para rescatar sus propuestas y avances; está obligado a promover que las mujeres tengan la oportunidad de participar en el proceso de cambio tecnológico, a facilitar redes de información civiles e independientes para la expresión de las personas y a promover códigos de ética en los medios impresos y electrónicos.
Esto no fue siquiera considerado por el gobierno de la República ni por los legisladores que ahora tratan de aprobar, en dos días, una ley monopólica que favorece a los concesionarios que han negado voz a la mitad de la población: darles nuevamente los espacios digitales sin costo alguno; dejar a la discrecionalidad del dinero los nuevos canales y sin abordar el contenido de los medios.
Es lamentable esta falta de responsabilidad de quienes, pretendiendo legislar, por ignorancia o interés, no escucharon las voces de quienes hace al menos tres décadas estamos por una democratización incluyente, con visión de género y sustentada en los medios de comunicación de masas.
*Periodista y feminista mexicana
05/SL/YT
