Como una medida para elevar la calidad de la atención a víctimas de violencia sexual, el Ministerio de Salud capacitará a profesionales públicos y privados, quienes además de practicar exámenes médicos conducentes a acreditar el hecho y la identificación de los agresores, también ofrecerán mejores servicios.
Esta medida busca reducir el tiempo de espera para peritajes psicológicos (que se prolongaba hasta ocho meses) y la escasez de especialistas que retrasa la atención de mujeres, niñas y niños víctimas de abusos sexuales.
Esa situación podría cambiar al aprobarse la reforma penal que busca erradicar la violencia sexual y atenuar los daños y secuelas que produce este delito en las personas más vulnerables.
Para ello se podría aplicar un modelo de atención similar al utilizado en Sudáfrica, el cual enfatiza los servicios de urgencias y de maternidad, con la intención de detectar, tratar y rehabilitar a las víctimas de abusos sexuales.
«La idea es que la atención de urgencia sea una instancia de la red de servicios y de apoyo social, que interactúe con el resto, ya que es la puerta de entrada frecuente para las personas abusadas y, a menudo, la única capaz de detectar la situación de violencia», explicó la jefa del Programa de Salud del Adolescente del Ministerio de Salud (Minsal), Carmen López.
La especialista, encargada de elaborar la guía clínica y protocolos para la recepción de víctimas en este tipo de centros asistenciales, resaltó que en muchos casos la calidad de la atención de urgencia puede determinar el futuro de la persona abusada.
«Una atención de urgencia no apropiada, ya sea por no reconocer el estado emocional de la persona dañada, por discriminación, por culpabilización involuntaria de la víctima o por desconocimiento, puede provocar que se pierda la posibilidad de acceder a intervenciones que podrían disminuir las consecuencias físicas o psicológicas y prevenir que la violencia continúe», agregó.
De adoptarse la medida, el fiscal a cargo del caso tomaría la primera entrevista en el servicio de urgencia, pero además tendría que garantizar la atención a las víctimas y darle seguimiento.
Desde el año pasado se ha implementado este proyecto con muy buenos resultados en las ciudades de Iquique (al norte del país) y Temuco (en la zona sur).
«En estos lugares aumentaron las denuncias de delitos sexuales y la cantidad de personas que buscaron ser atendidas en estos servicios antes de acudir al servicio médico legal», concluyó López.
Al mismo tiempo, la nueva guía de atención exigirá a los servicios de urgencia la entrega de información sobre los diversos métodos para prevenir un embarazo no deseado, como la anticoncepción de emergencia (AE).
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